Los informes internacionales nos indican que, más de mil millones de personas en nuestro planeta, viven en estructuras vulnerables, insostenibles y carentes de servicios sanitarios, agua potable y electricidad. Penurias que ayudan a definir las diferencias que existen entre vivir en dignidad y coexistir en desprestigio. Agreguémosle a eso, que además de la falta de servicios básicos, estas supuestas “viviendas”, en su gran mayoría, están construidas con materiales degradables, inapropiados, improvisados y sobre todo, no aptos para proteger a sus inquilinos, de los elementos ambientales.
En las recientes décadas, los organismos internacionales y los gobiernos nacionales, han colocado la vivienda en el mismo plano, que durante épocas solo tenían reservado para la salud, la alimentación y la educación, elementos medulares todos, de una política social responsable.
A pesar de que la mayoría de los esfuerzos originales solo enfocaban el combate contra el déficit per se, los nuevos planteamientos, además de presentar propuestas viables, innovadoras y agiles al combatir la falta, son más responsables, respondiendo a las causas que conducen al problema, más que a las consecuencias. Pero, aun así, las acciones aun no son suficiente.
Por ejemplo, en la nación dominicana, los estudios que se han ejecutado sobre el tema, han arrojado cifras alarmantes. Reportes que en su gran mayoría, reflejan señalamientos serios, responsables y poco sectorizados. Sus conclusiones citan que, más de dos millones de personas, carecen de vivienda. En un país de más de diez millones de criollos y extranjeros mal contados, las evaluaciones publicadas señalan que casi una quinta parte de la población, vive en edificaciones, casas o albergues, en estado crítico, de condiciones subhumanas.
Ahora, ¿cómo es que la diáspora también se ve afectada por el déficit?
Los reportes segmentan esa cifra global de dos millones, en cuantitativa y cualitativa. El déficit que hace referencia a las unidades que no existen de manera física, asciende a más de 900 mil viviendas. Mientras que el déficit que toma la falta de servicios básicos como referencia, indica que más de 1,100,000 de estas viviendas, están privadas de agua, electricidad, saneamiento y no cumplen con los requerimientos primordiales de protección de los efectos climáticos. De ahí la sumatoria que llega a dos millones de viviendas en todo el país.
Como respuesta responsable y correctiva, a favor del derecho de que todo dominicano viva en una vivienda digna, el gobierno dominicano ha aprobado leyes y mecanismos, para poder cumplir con esta preocupación. Incluso, la modificada Constitución en su Artículo 59, logra responder a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fija la necesidad de cubrir esa falta.
Se acepta que las iniciativas parten del interés de dar respuesta a la problemática, pero apenas a unos años de su planteamiento, lo cierto es que no hay suficientes programas, oportunidades e inmuebles siendo construidos, para transformar esta necesidad. El hecho de que tantas iniciativas privadas, junto a ministerios y organizaciones gubernamentales estén ejecutando operaciones de proyectos habitacionales, sin una misma directriz, estándar u orden, tiende a la ineficiencia que solo se ve soportada por el clientelismo que favorece a los directivos de los estamentos oficiales, los suplidores y los desarrolladores mismos.
Ahora, ¿cómo es que la diáspora también se ve afectada por el déficit?
Ante la gran cantidad de inmuebles sin vender, visto que una gran parte de los dominicanos no llenan los requisitos para adquirirlos, como estrategia de mercadeo y ventas, los apartamentos están siendo ofertados a los nacionales que residen en Estados Unidos y Europa. A pesar de también ser dignos de un techo en su nación de origen, los miembros de la diáspora criolla, en realidad no son parte del déficit habitacional numérico que dictamos arriba. Incluso, nunca somos citados como requirentes de viviendas. Lo que quiere decir, que nosotros los de fuera, somos un “outlier”. Una buen fuente a quien proponerle la venta, pero uno ausente de las cifras que justifican la carencia.
Salir a ofrecer la venta de inmuebles a los dominicanos en la diáspora, muestra varias cosas. La primera es que el déficit sobre el cual se están justificando estas iniciativas, debe ser revisado y adaptado, para incluir dentro de sus cifras de viviendas necesarias, a los dominicanos en el exterior. Eso eliminaría el aspecto “outlier”.
Ahora, ¿Por qué debemos ser incluidos entre las cifras y los futuros programas que dan respuesta a esta escasez habitacional? Para responder esa pregunta, debemos ver los resultados del estudio del PEW Institute, que dicta que los dominicanos en los Estados Unidos, comparativamente con el resto de los hispanos, es el subsegmento que menos propiedad adquiere en esa nación.
Los criollos de primera y segunda generación, ese 64% de dominicanos que llegaron después del ’90 al país americano, tienden a no comprar casa o apartamento aquí, sin antes comprar uno en la patria. Para confirmarlo, están los números. PEW concluyó que 46% del total de los hispanos radicados en los Estados Unidos, compran vivienda, mientras que nosotros los dominicanos, solo uno de cada cuatro (26%), lo hemos hecho. Confirmado de nuevo, que vivimos con el cuerpo aquí y la mente allá.Por eso es que los promotores de estos proyectos, están trayendo las ofertas a Nueva York, Nueva Jersey, Boston, Miami y demás ciudades.
Lo otro que refleja la acción de mercadeo y promoción hacia los sectores de alta población dominicana en el exterior, lo es, que las ventas no están lográndose a la velocidad necesaria y que los candidatos para los que se diseñó esta política, no están en capacidad de acceder a ella, económicamente.Otra señal de como los aportes económicos de la diáspora, salen en rescate directo, sobre las políticas y las realidades dominicanas, a pesar de nunca ser tomadas en cuenta al momento de dictarlas.
Comprobado que las iniciativas y las políticas privadas parten de conceptos interesados en capitalizar sobre el acto de reducir el déficit,tomando estas poco interés en respuestas técnicas o sociológicas, vemos necesario que desde lo oficial y lo legislativo, surjan programas complementarios al sistema de fiducia, sobre una solución que tome en cuenta el hecho de que no todo dominicano puede acceder a estas viviendas que el mercado ha propuesto y que surjan otros mecanismos e iniciativas, que a su vez, favorezcan a todos los criollos, sin importar en que esquina del planeta se encuentren.