El tema del Informe sobre el Déficit Fiscal del año 2012 producido por la Comisión Técnica designada por el Consejo Económico y Social (CES) ha sido tratado por 7dias.com.do  y por Acento.com.do,  y como fui el coordinador de la Comisión que produjo el informe, creo necesario presentar mi versión de lo ocurrido, y lo hago exclusivamente para que conste.

Los órganos de Participación Ciudadana (PC)  decidieron que la organización, en su calidad de miembro del CES, presentara en su pleno una solicitud de designación de una comisión que estudiara las causas que habían generado el déficit fiscal del año 2012 y su compatibilidad o no con el ordenamientos jurídico.

Como Coordinador de PC me correspondió hacer la propuesta en la sesión del pleno del CES de fecha 10 de octubre de 2012. La verdad es que tenía pocas esperanzas de que se lograra consenso en la designación de una comisión con tal propósito y grande fue mi sorpresa cuando comenzaron las intervenciones apoyando la moción, que fue aprobada luego a unanimidad. Allí estuvieron los tres sectores que hacen vida en el CES (laboral, social y empresarial).  Luego de la sesión varias personas se me acercaron para felicitar a PC por la iniciativa.

Se decidió que cada sector tuviera dos representantes, que los mismos fueran designados en dos días y que la comisión fuera coordinada por mí, en calidad de representante de PC.

Los sectores social y laboral designaron a sus dos representantes dentro del plazo: el social a Alfonso Abreu Collado (economista) y José Rijo Presbot (especialista en presupuesto público), y el laboral a Joaquín Luciano (abogado) y a Felipe Santos Reyes (economista).

Contacté en varias ocasiones al presidente del CONEP, Manuel Diez, para que realizara las gestiones pertinentes para designar a los representantes del sector empresarial. Sin embargo, la designación no ocurría bajo diferentes excusas y la promesa de que se haría prontamente.

Convoqué a los designados y se comenzó a trabajar reuniendo información, analizándola, discutiéndola y de esa manera se redactó un primer borrador del informe, mientras seguían mis gestiones para que el sector empresarial se incorporara. Como no tengo un pelo de tonto, imaginaba que se me estaba ocultando la verdadera razón de la ausencia de designación, pero seguimos trabajando.

Finalmente, un mes después de vencido el plazo para la designación,  recibí una llamada telefónica de una persona ligada al sector empresarial que me informó que me llegaría una carta designando a la abogada Biviana Riveiro y a la economista Pilar Hache, como representantes del sector empresarial.

De inmediato remití por correo a ambas profesionales, a quienes conozco y respeto, los dos borradores que teníamos y las motivé a integrarse a los trabajos. Ambas informaron no disponer del tiempo para integrarse a la Comisión, lo que entendimos pues no había sido su culpa haberse perdido todo el proceso de discusión que había generado las dos versiones en borrador, aun cuando se estaba en disposición de reabrir las discusiones sobre todo el contenido.

Por cierto, en la carta de designación de Pilar y Biviana, firmada por el Director Ejecutivo del CONEP, Rafael Paz Familia, se cambiaba el objeto de la comisión al señalar que tenía por finalidad “la realización de un análisis de la estructura legal y del sistema de gestión de las finanzas públicas”, cuando de lo que se trataba era de identificar las causas del déficit y determinar su compatibilidad o no con el ordenamiento jurídico, que en buen cristiano significa opinar si se violó o no la ley.

En fecha 21 de noviembre los representantes de los sectores social y laboral y yo, firmamos la carta de remisión del informe a monseñor Agripino Núñez Collado, en su calidad de presidente del CES, en la que explicamos la ausencia del sector empresarial.

En fecha 27 de noviembre el pleno del CES se reunió pero en su agenda no se encontraba el tema del informe, lo que motivó a algunos miembros a preguntar y mí a responder, luego de que monseñor me lo solicitara. Tuve que explicar la ausencia del sector empresarial, lo que disgustó a Rafael Paz, quien me imputó no cumplir con la promesa de otorgar el tiempo que fuera necesario para discutir los borradores con las dos personas designadas por el CONEP, pero finalmente salió a relucir la verdadera razón detrás del retraso en la designación de sus representantes: en palabras de Rafael, la designación de la Comisión había sido un error que había alejado al gobierno de las reuniones en el CES y por lo tanto el sector empresarial le había retirado el apoyo.

Fue una gran pena que el sector empresarial no informara al coordinador de la Comisión lo que opinaba desde el día uno. Evadió la designación de sus  representantes ocultando las razones, sin necesidad alguna. La idea de presentar el informe sin la firma del sector empresarial tenía por finalidad que el consenso se lograra en el pleno del CES, pues obviamente el sector empresarial no conocía el contenido del informe al no haber participado en su elaboración. Sin embargo, el pleno del CES nunca llegó a conocer el informe, y sus miembros nunca recibieron copia del mismo.

Acento.com.do acaba de publicar lo siguiente:

“Iraima Carriles, directora ejecutiva del CES, en carta dirigida a Acento dijo que el informe elaborado por mandato del CES, titulado “Déficit Fiscal en el año 2012: Monto, Causas y Evaluación con respecto al Ordenamiento Jurídico”, fue analizado por la Comisión Ejecutiva del CES, “y pudo ser comprobado que el mismo no cumplió con los requisitos de consenso propios e indispensables para la asunción de decisiones y documentos oficiales del Consejo Económico y Social”.

Para que el pleno del CES conozca cualquier tema no se requiere de consenso, lo que requiere consenso es la decisión que se tome. El informe debió ser sometido al pleno del CES y dejar que fuesen todos los miembros que decidieran si contaba con consenso o no. Quien puede darle el carácter de documento oficial del CES no es la comisión técnica, ni siquiera la Comisión Ejecutiva, sino el pleno del CES.

En fecha 4 de enero de 2013 recibí una correspondencia de Monseñor Agripino Núñez Collado informándome lo siguiente: “En la reunión del pasado 11 de diciembre de 2012, la Comisión Ejecutiva tomó varias decisiones, una de las cuales fue valorar el informe sobre el Déficit Fiscal del año 2012 como un documento interno del Consejo Económico y Social, que sirve y servirá de insumo válido para las labores de monitoreo y seguimiento de los objetivos y las líneas de acción establecidos por la ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030”.

Me parece correcta la decisión de la Comisión Ejecutiva del CES. El informe no pretendía ser  más que un documento de trabajo y mucho se logró si la Comisión Ejecutiva lo calificó de un “insumo válido”.  A la Comisión Ejecutiva del CES solo le faltó remitir un ejemplar a cada miembro del CES, que son los dueños de los documentos internos de este organismo, e inclusive hacerlo público como documento de trabajo. No había necesidad de llegar al extremo de que Acento lo solicitara haciendo uso de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, como si se tratara de un documento secreto, misterioso, que debe ocultarse.

Hasta ahora nadie ha criticado el contenido del informe y sus conclusiones, solo se ha pretendido ocultarlo. Me siento muy orgulloso de haber trabajado con profesionales y ciudadanos de la talla de Joaquín Luciano, Felipe Santos Reyes, José Rijo y Alfonso Abreu. Fue mucha la dedicación para arribar a un documento que trata un tema de extrema relevancia para el futuro del país. Si no aprendemos de los errores del pasado estamos condenados a repetirlos. Y el “error” cometido para generar el déficit es de tal magnitud, que debería hacer estremecer a cualquier persona con conciencia.