Considero que la defensa a la Constitución no debe ser una lucha coyuntural sino de carácter permanente ya que su constante violación por parte de diversos sectores principalmente desde el poder, es un mal sistémico que está presente en la mayoría de las democracias imperfectas latinoamericanas.
Es el objetivo de la Coalición para la Defensa de la Constitución y la Democracia conformada por un grupo de empresarios, religiosos, representantes de la sociedad civil, exjueces de las altas cortes, profesionales y personalidades de la vida pública.
La entidad sin fines de lucro tendrá entre sus objetivos enfrentar cívicamente y en el marco de las amenazas que se ciernen sobre la democracia y el respeto a los límites del poder consignado en la Constitución de la República. No tiene fines políticos partidistas y aunque nazca en un momento coyuntural en el que está en juego y riesgo el espacio democrático –constitucional de la nación, va a tener un carácter permanente.
También será un espacio social, cívico y patriótico donde confluyan todos los dominicanos, las organizaciones, agrupaciones y movimientos. En estos momentos la sociedad civil y la población deben empoderarse para defender la constitucionalidad y soberanía.
Esta labor trasciende todo lo político-partidario y lo ideológico. Tanto el presidente de la República, los congresistas, funcionarios públicos y ciudadanos dominicanos en general, deben respetar la Constitución y las leyes, pues son los mecanismos que permiten mantener una convivencia pacífica y ser parte de un verdadero Estado social y democrático de derecho. Su irrespeto, debilita la institucionalidad que debe primar en nuestra nación.
En los actuales momentos, hemos notado que el liderazgo político de la mayoría de los partidos que tienen representación congresual ha rechazado todo intento de violentar la Constitución para permitir la reelección y alrededor de 105 congresistas, de los 222 que componen la Asamblea Nacional, han reafirmado, en diversos documentos y declaraciones públicas, su oposición radical a prestar su consentimiento o votos para modificarla.
Todas las encuestas que se han publicado hasta la fecha, registran la falta de legitimidad popular para reformar la Constitución con la finalidad de reelegir al gobernante de turno.
La última encuesta publicada ha sido la “Gallup–Hoy”, confirma un rechazo, mayoritario, de más del 68% de la población a cualquier intento de violación de la vigésima disposición transitoria de la Carta Sustantiva.
El rechazo a una nueva modificación constitucional con el fin de reelegir a un gobernante de turno, ha generado un vigoroso respaldo social, manifestándose a través de editoriales, pronunciamientos de instituciones religiosas católicas y evangélicas, entre otros sectores de la sociedad.