Nunca antes había suscitado tanta expectación pública, los inventarios de bienes autenticados por notarios públicos depositados en la Cámara de Cuentas, por los actuales funcionarios y servidores públicos, lo que pone en evidencia, el interés social hacia el nuevo modelo de transparencia en la administración pública, considerado así por el propio Presidente de la República, quien ha expresado la determinación gubernamental de enfrentar la corrupción pasada y la que eventualmente pudiera ocurrir en el actual periodo presidencial.
Es plausible el cumplimiento del deber por parte del Presidente de la República, éste fue enfático al exigir el respeto a la ley de todos los funcionarios públicos, de lo contrario, quien no acataba el llamado presidencial y el plazo establecido en la legislación, sería suspendido inmediatamente del cargo, y si con posterioridad a dicha suspensión, en un lapso de tiempo previsto, no hubiera obtemperado a dicho emplazamiento, sería destituido.
Los actuales acontecimientos históricos, por el volumen de bienes y sobre todo por el valor patrimonial declarado, traen como consecuencia tres hipótesis, las cuales tienen que ser irremediablemente comprobadas no solo por la instaurada política de transparencia del gobierno del cambio, sino, por las exigencias de la propia ley 311-14.
La primera, relativa a si ciertamente el actual gobierno lo dirige una aristocracia o una oligarquía democrática; la segunda, si verdaderamente, en los últimos años, el país ha sufrido una devaluación de la moneda, y los inmuebles han adquirido un extraordinario valor, y se advierte el surgimiento de una clase social, si no aristócrata ni oligárquica, una clase alta que pudo avanzar social y económicamente, rebasar muchos obstáculos, y lograr ese peldaño, en base a sus talentos, profesiones y arduo trabajo; la tercera, o si por el contrario, los actuales funcionarios gubernamentales- o algunos de ellos- le han mentido al país, con propósitos espurios.
Iniciar con la tercera hipótesis, y obtener un resultado al respecto en un tiempo relativamente breve, resolvería no solo las demás, sino, que salvaría al gobierno y al país de un verdadero problema; asumiendo, el peor de los casos, es decir, ante el imaginario de que se comprobase la existencia de algún tipo de anormalidad en algunas declaraciones juradas, en la actualidad quedaría eminentemente en el plano ético y en el comportamiento indebido de los funcionarios que hayan cometido esas faltas.
Es laudable la actitud del gobierno, de operar con eficacia y prontitud, el papel preventivo de la política criminal del Estado habría ganado, y será puesto a prueba, ante el esfuerzo que le costará al departamento de evaluación y fiscalización de patrimonio de la Cámara de Cuentas, la verificación de todas las declaraciones juradas, sin excepción, con el objetivo de que en un futuro no muy lejano, se evite, la dilapidación de los fondos públicos que justifiquen una pensada y anticipada, pero a la vez, no concretizada y frustrada malversación de fondos.
Naturalmente, en lo que respecta a la destitución de los cargos, no operará de igual manera con relación a los funcionarios designados que a los funcionarios electivos, y muy especialmente los legisladores, porque éstos solo podrían perder su investidura si se decidiese en un juicio político, mediante el cual, la Cámara de Diputados acusaría ante el Senado, y este último destituiría a los funcionarios electivos que hayan cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
Existe una confusión e incertidumbre social, respecto de la veracidad o no de las declaraciones juradas de los integrantes del pasado y del nuevo gobierno, con la diferencia, de que si se hallan irregularidades, con respecto a los funcionarios salientes las actuaciones serían legalmente represivas y de persecución; sin embargo, si se trata de los actuales, son preventivas.
De resultar todo normal, indiscutiblemente que sería competencia exclusiva de la sociología explicar una cuestión que hasta cierto punto resulta incomprensible para muchos, que al unísono, todos o la gran mayoría, dejen a un lado, las empresas productivas que tantos beneficios y riquezas le han producido, con el único objetivo de servirle a la nación, o si se trataría, de un asunto meramente de detentación de poder.
En todo caso, lo que nunca podrá obviarse, por si casualmente ocurrió con la Cámara de Cuentas, y el pasado ministerio público, es la evaluación, verificación y comprobación de la veracidad de las informaciones contenidas en las declaraciones juradas de patrimonio de los funcionarios salientes, especialmente, ante el supuesto, de falsedades, fraudes, alteraciones o irregularidades, en cuanto a lo declarado o dejado de declarar, en virtud de que con relación a los ex funcionarios, no es un tema de prevención, sino, de persecución de la corrupción administrativa.