La Ley 311-14, sobre la Declaración Jurada de Patrimonio que deben hacer algunos funcionarios y empleados que prestan sus servicios al Estado Dominicano, desde diferentes posiciones, ya sea en instituciones centralizadas, descentralizadas o autónomas, es bastante explícita, al igual que su reglamento de aplicación.

Recientemente el Presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, la Vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, la Primera Dama de la República, licenciada Cándida Montilla de medina, como los Ministros de Estado de la Presidencia y Administrativo, licenciados Gustavo Montalvo y José Ramón Peralta, al igual que una gran parte de funcionarios, han cumplido con el mandato de la Ley, en los plazos establecidos y han depositado ante la Cámara de Cuentas de la República Dominicana sus respectivas Declaraciones Juradas de Patrimonio.

Lo que no logro entender, es como existen funcionarios del gobierno, diputados, senadores, alcaldes, regidores y otros servidores públicos que están obligados a presentar su Declaración Jurada de Patrimonio, que siguen desafiando a la autoridad, dejando a un lado el mandato de la Ley, lo que a mi juicio, solo los convierten en potenciales corruptos desde las posiciones que ostentan, por lo que deben ser destituidos en lo inmediato y de esta manera crear un precedente, corrigiendo lo que está mal, continuando con lo que esté bien y haciendo lo que nunca se ha hecho en este tema, que ha dado mucha agua de beber y que le ha permitido a muchos enriquecerse de manera burda y descarada, con el dinero del erario público y peor aún sin ningún régimen de consecuencias, como advirtiendo que si usted va a robar, robe mucho, que nada le va a pasar.

El en primer período de gobierno del Presidente Danilo Medina, las propias autoridades de la Cámara de Cuentas, denunciaron en reiteradas oportunidades el incumplimiento por parte de algunos servidores públicos que se negaban a hacer la Declaración Jurada de Bienes, como se le denominaba antes de entrar en vigencia la Ley 311-14, llegando incluso a amenazar con retenerle los salarios.

Lo que no se entiende es porque en la República Dominicana, da tanto trabajo el hacer respetar las Leyes y que todo aquel o aquella que las viole, estén claramente convencidos de que tendrán que pagar con las consecuencias que conlleve la violación de las mismas.

Muchas veces se percibe que vivimos en un país como los chivos sin Ley, como se dice en el argot popular, cuando la realidad es que vivimos en un país con buenas leyes, pero que algunos las violan y eso sí que nos pone “chivos”, porque nada pasa.

Con la señal que ha enviado el Presidente Danilo Medina a todos sus funcionarios que están obligados a cumplir con la Ley 311-14, deberían de hilar finos aquellos que se creen están por encima del mal y del bien, no vaya a ser que en cualquier momento se acuesten en la noche de un lado y cuando despierten ya no estén en la cama.

Nosotros que no manejamos recursos, ni presupuestos, nóminas, contrataciones de bienes y servicios, hemos honrado el mandato de la Ley y presentamos en tiempo hábil nuestra Declaración Jurada de Bienes Patrimoniales y como un servidor público modestamente honesto que nos consideramos, podemos dar fe y testimonio de la satisfacción que se siente cuando usted declara apegado a la verdad lo que posee y que las autoridades puedan verificar la veracidad de esas informaciones y darle seguimiento.