Todos tenemos posibles explicaciones para los crecientes niveles de inmadurez política que caracterizan a nuestra República Dominicana. Es una inmadurez que se manifiesta en un tejido social cada día más endeble, en excesivos niveles de corrupción estatal y privada, en un importante segmento poblacional renuente a participar de la política, inclusive cuando eso sólo significa acudir a las urnas.
No obstante eso, la corrupción y demás manifestaciones son en gran medida el resultado de una causa mayor: la falta de una cultura de institucionalidad.
A pesar de lo esotérico y aéreo que pueda parecer, la institucionalidad es un concepto bastante concreto. La institucionalidad supone tres cosas básicas: (1) reglas claras que normen la convivencia de las organizaciones y los individuos en una sociedad, (2) expectativas de cumplimiento en torno a esas reglas y (3) sanciones transparentes para quienes no las cumplan.
A continuación presento un caso que nos ayudará a comprender dicho concepto con ánimos de que nos enrumbemos por un camino de mayor estabilidad política y consecuentemente, un camino de mayor desarrollo para todos.
Con fines de garantizar una adecuada representación de quienes aspiran a ser Diputados y Senadores en el Congreso de la República, el Artículo 79 de nuestra Constitución define una serie de requisitos mínimos que los candidatos deben cumplir. Entre ellos, los candidatos deben ser nativos de la demarcación territorial que los elijan o haber residido en ella por lo menos cinco años consecutivos previo a su elección.
En violación a dicha disposición y de cara a las elecciones congresuales del 2010, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) presentó a Ricardo Jacobo Cabrera como candidato a Senador por la provincia El Seibo. En respuesta a una impugnación de la candidatura sometida por el opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD), la Junta Central Electoral (JCE) decidió fallar en el asunto. Mediante la resolución No. 32/2010, la JCE rechazó la propuesta de candidatura a Senador marcando un precedente de cumplimiento de un importante artículo constitucional.
Hoy, el actual Ministro de Industria y Comercio, José del Castillo Saviñón, se postula como pre-candidato a Senador por la provincia de Barahona, donde no nació y donde no queda muy claro que haya vivido cinco años consecutivos.
Una violación a la ley por parte de un ciudadano común es grave y no debe pasar impune, pero que quien debe dar el ejemplo como autoridad pública y ser garante del apego a la Constitución y las leyes continuamente sea quien violente el orden jurídico es la concreción de un proyecto nefasto al que debemos poner fin de una vez y por todas.
La institucionalidad supone la consumación del Estado de Derecho. Por eso espero una investigación de parte de la JCE en la decisión de aprobar o no la candidatura del actual Ministro.
Una cosa es “tenerle cariño a la provincia,” “sentirse querido.” Otra es actuar acorde a la ley. “Mantener un acercamiento,” no es residir, no es permanecer. Lamentablemente (o no), cuando la comunidad política de la provincia desconoce de la residencia requerida del candidato, se torna difícil demostrar el debido apego a la Constitución.
De la institucionalidad depende el que seamos capaces de fortalecer el tejido social como para crear una nueva voluntad colectiva con verdadera visión de desarrollo nacional.
Comencemos con lo fundamental, comencemos respetando las reglas del juego.