Los enclaves globales de poder y riqueza representados en grandes capitales financieros, colosos industriales, centros de capital intelectual o cualquier fuerza legítima de alcance mundial, requieren de un ordenamiento planetario para cuidar sus intereses y garantizar sus mercados.
Una gobernanza global es el mecanismo idóneo para lograr ese control.
Al lado de esta plutocracia están las grandes potencias que los vieron surgir y que son los instrumentos para garantizar la tajada de esos actores dentro del orden mundial.
Uno de los problemas que enfrenta este esquema en marcha es el contratiempo del interés particular de los estado soberanos más débiles. La incertidumbre no es una opción en el proyecto planetario, por lo cual los beneficiarios del nuevo orden deben garantizarse la sumisión de esos estados para la materialización del modelo propuesto.
Ello requiere una domesticación de los estados más débiles, hasta que finalmente, en un futuro, se pueda establecer un orden supranacional que borre el concepto político del estado soberano y lo haga pasar a la historia.
Los instrumentos de apoyo de esta agenda fueron creados en el siglo XX y tienen como representantes más conocidos hasta ahora a las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, y otras plataformas de apoyo a la gobernanza del orbe.
Una ilustración de esta situación antes descrita la vemos en la crisis dominicohaitiana, preludio de un conflicto muy grave, y de consecuencias incalculables, en donde las fuerzas encontradas de la jerarquía global versus la soberanía del estado dominicano están en ese proceso de enfrentamiento.
En este caso el interés del orden internacional es de contener una crisis inmigratoria (fruto del colapso económico, institucional y político de Haití) hacia sus territorios, así como buscar la salida más costoeficiente para evitar una explosión social anárquica en ese lugar.
La solución que ellos ven conveniente es la de encauzar esa inmigración hacia el vecino estado, República Dominicana. Se piensa que esto daría una válvula de escape a ese sufrido pueblo haitiano, para evitar otra intervención militar de la gobernanza mundial en Haití.
La otra alternativa, la única realmente efectiva, sería una solución federada de esos grandes países, que representaría una factura de decenas billones de dólares, varias décadas de compromiso y un fideicomiso responsable de reconstruir el estado fallido haitiano.
Pero la solución de corto plazo y más taxativa para nuestra nación es la que se está impulsando mediante la redirección de la crisis haitiana al territorio dominicano.
Como esto no es posible sin que se cree un conflicto con los habitantes de República Dominicana, la estrategia de los poderes globales es construir los mecanismos para debilitar el estado dominicano en su tarea de resistencia a esta agenda.
Para ello se está fomentando la inmigración de los haitianos hacia el territorio dominicano; que ocupen un espacio irreversible en la demografía (y por consecuencia eventualmente en la cuota de poder político) y en la cultura dominicana, y así garantizar un proceso de no retorno.
Para acompañar esta estrategia se hace uso del chantaje internacional a través de mecanismos económicos, financieros, diplomáticos, comerciales y mediáticos.
La idea es debilitar la imagen internacional del país, con reportes de supuestos hechos de xenofobia en República Dominicana, poniendo al estado dominicano en una posición de paria internacional si no cede en sus posiciones de soberanía.
Los groseros intentos de la Corte Internacional de Derechos Humanos, el brazo ejecutor de chantajes de la OEA, buscó lograr esta asimilación por la vía rápida intentando imponerse al sistema jurídico dominicano; se trató de castigar al país por la defensa de sus leyes de inmigración, tratando de sobreponer la opinión de esa corte, que no es legalmente vinculante sobre nuestro régimen de derechos, por encima aún de las sentencias evacuadas el Tribunal Constitucional.
El plan requiere reclutar la complicidad de las autoridades locales para eso. Y para ello, éstas tienen que ser puestas en una situación de fragilidad.
La cola que portan algunas de las autoridades pasadas y actuales, las hace vulnerables y temerosas de tener que enfrentar estos poderes, pues saben que se puede armar en su contra un expediente complejo que los puede perjudicar gravemente.
Por otro lado está la colaboración de decenas de ONG que se establecen en el país con esta misión, y que se convierten en influenciadoras de opinión pública y reclutadoras de reconocidos comunicadores sociales.
No debemos subestimar como casual las alianzas con otros movimientos con agendas similares. Por ejemplo la agenda de los abortistas y LGBTI , los cuales (especialmente a través de varias de sus figuras más emblemáticas), se manifiestan como abiertos defensores de esa agenda de tolerancia a la inmigración haitiana sin freno. Esto así porque responden a los mismos reclutadores, y a la misma intención de debilitar la soberanía del estado para imponer una agenda global cultural.
Para muestra un botón: el comunicado de los llamados intelectuales simpatizantes de la causa haitiana que apareció en el diario Acento el 21 de Julio , mostraba una notoria cantidad de líderes LGBTI y abortistas apoyando la propuesta de inmigración incontrolada.
¿Cómo puede resistir el estado soberano dominicano una presión de este tipo?
De entrada se requeriría una señal clara de los gobernantes de que la soberanía será defendida sobre todo intento de destruirla, no importa si conlleve un fuerte enfrentamiento; como sucedió con la batalla contra la CIDH, en la cual el actual gobierno hizo un papel muy digno en aquella ocasión.
Lo segundo es que el estado tome la iniciativa en los foros internacionales, aportando y exigiendo propuestas de solución a esa crisis que involucre a otras grandes naciones, pero en términos favorables y gananciosos para este país.
El plan de inversiones de capitales globales liderado por dominicanos para proveer empleos y estabilidad a los haitianos podría ser una iniciativa muy fructífera, siempre y cuando las plazas de trabajo y esas inversiones estén ubicadas en territorio haitiano, no en nuestro territorio ni en una peligrosamente llamada zona de amortiguamiento, en nuestro espacio, que facilitaría el debilitamiento de las fronteras dominicanas.
Debemos enfrentar el problema con un espíritu de misericordia y solidaridad hacia nuestros hermanos de esa nación, sacando el lenguaje racista que muchas veces es usado y viendo a esas personas como lo que son, seres humanos en necesidad; pero la ayuda debe ir acompañada de un mensaje claro e inequívoco de que la nación no abdicará a su soberanía y que la inmigración debe terminar voluntariamente o, si fuese necesario, se hará uso de los mecanismos institucionales para esos fines.
Fuerzas armadas especializadas en guardar las fronteras con niveles altos de salario y sanciones ejemplares a los que faciliten el tráfico ilegal, podrían ser una ayuda en lograr detener la hemorragia humana desde aquella nación.
Solo así los protagonistas de la gobernanza global podrán entender que la fusión no es una opción, y que ellos tendrán que involucrarse en una solución responsable y solidaria de los países desarrollados para detener esta crisis de Haití.
Si eso no se hace a tiempo, ciertamente que el conflicto domínicohaitiano estará a la vuelta de la esquina. Cuando suceda esto los traidores a la patria tendrán que contemplar nuestra nación convertida en otro estado fallido, debido a la irresponsabilidad de esa gobernanza global y los aliados locales de ella.