Pensamos que el gobierno entrante de Luis Abinader debe de negociar los vencimientos y las tasas de interés de los bonos soberanos que ya hemos emitido y que, aunque han pasado menos de veinte años desde su primera emisión, ya constituyen el 73% de la totalidad de nuestra deuda externa.
La situación de balanza de pagos que enfrentará Luis Abinader es muy difícil, como también lo es para toda América Latina y el Caribe, debido a la pandemia y, en nuestro caso, a la reducción en los ingresos de divisas por turismo e inversión extranjera directa, entre otros. Además de buscar nuevos préstamos, deberíamos de explorar como lograr lo que está consiguiendo el gobierno de Lenin Moreno de Ecuador. Primero está negociando una condonación de una parte de la deuda en bonos soberanos, lo que en el argot financiero se le llama un “corte de pelo” (haircut). Igualmente busca un diferimiento de los vencimientos, alargándolos y también una reducción en las tasas de interés. De lograrlo nosotros nos ahorraríamos muchos gastos en divisas y también liberaría los pesos dominicanos necesarios para la actual amortización y que podrían dedicarse al grave problema de salud.
Es algo que ya hicimos en el pasado, pues entre 1930 y mediados de los cuarenta del siglo pasado muchos países latinoamericanos debido a la gran depresión de 1929 negociaron con sus respectivos consejos de tenedores de bonos. Los nuestros fueron emitidos con anterioridad a 1930. La foto tomada el 21 de julio de 1947 muestra a Trujillo entregando a Oliver Newman, representante del consejo de tenedores de bonos, un cheque para pagar la totalidad de la deuda externa con los tenedores de bonos. En la actualidad para poder renegociar se requiere que aproximadamente un 60% de los tenedores de bonos aprueben la operación. Ecuador está negociando con fondos como Blackrock y otros en cuyo portafolio están mayormente los bonos ecuatorianos y para eso se está asesorando con la conocida firma Lazard Freres. Ecuador tiene la ventaja de que es una economía dolarizada y, además, busca un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el cual apoya la renegociación.
Los requerimientos tanto de divisas como de pesos dominicanos por parte del gobierno entrante para poder enfrentar los déficits y la pandemia, son de tal magnitud que Abinader para lograrlos bien podría contemplar vender las inversiones estatales en el sector eléctrico y que incluyen no solo a las dos plantas de carbón de Punta Catalina, que ya el presidente Medina ha contemplado privatizarlas, sino también a las tres distribuidoras de electricidad, las infames Edes, con nóminas excesivas, incapaces de cobrar sus ventas y donde predominan prácticas corruptas. Ya en el gobierno de Leonel Fernández estas fueron privatizadas, por lo que el ex presidente no podría criticar lo que haría Abinader. Esta privatización fue echada para atrás por Hipólito Mejía. Lo mismo podría hacer con el 50% que el Estado posee en las plantas de carbón de Itabo y Ege Haina, administradas hoy por el sector privado.
El nuevo gobierno también podría aprovechar los actuales muy altos precios del oro para estimular un aumento en su explotación local, lo que resultaría en mayores recaudaciones tributarias e ingresos de divisas. Ya el más alto ejecutivo de la Barrick estuvo recientemente en el país para anunciar la expansión de su producción. El nuevo gobierno debe estimular a esa empresa a que lo haga, minimizando trámites y permisos. Al norte de San Juan de la Maguana una empresa canadiense que se cotiza en bolsa en ese país está dispuesta a comenzar a invertir en una mina de oro subterránea. El asunto lleva meses detenido porque el Estado se ha negado a autorizarle que comience un estudio medioambiental, el cual no comprometería al Ministerio de medio ambiente. Lo ha parado por un pleito político entre líderes peledeístas sanjuaneros. Si estos líderes quieren averiguar si una mina subterránea contamina, solo es cuestión de ponerlos a todos en un autobús y llevarlos a las cercanías de Cotuí donde desde hace varios años opera una planta similar de capital australiano y chino.
Trump busca el traslado de fábricas americanas desde China, algo que podrían aprovechar nuestras zonas francas.