El auge de la criminalidad y los consiguientes niveles de inseguridad ciudadana, continúan manifestándose como el principal motivo de preocupación de la ciudadanía. Es también el tema recurrente en la mayoría de los medios de comunicación, donde a diario figura el registro de las fechorías y desafueros llevados a cabo por una delincuencia cada vez más agresiva.
No es un problema de percepción, como en ocasiones han argumentado las autoridades involucradas en un esfuerzo inútil por disimular la gravedad del mismo. Es una realidad palpable, que se incrementa por días, mantiene a la gente en estado de permanente zozobra y temor y ha introducido cambios obligados en el estilo de vida de la mayoría ante el temor de resultar víctimas de un atraco, o lo que es peor, de perder la vida a manos de bandas de desalmados.
De nada valen las estadísticas comparativas con otros países que sufren índices de criminalidad mucho más elevados que los nuestros. Tomar como referencia los casos de Venezuela, Honduras o El Salvador, considerados entre los países más peligrosos del mundo, no ayuda en modo alguno a llevar sosiego a la población. El temor de la gente guarda relación con su propia realidad y no con ninguna ajena. Aquí aplica la consabida frase de que “el mal de otros, resulta consuelo de tontos.”
Se ha insistido y estamos seguros de que el gobierno, comenzando por el propio Presidente Danilo Medina está consciente de ello, de que ahora mismo la más apremiante prioridad de su gestión es promover la Seguridad Ciudadana, devolver el sosiego y la confianza a la ciudadanía, hoy paradójicamente presa dentro de sus propios hogares, donde ni siquiera se encuentran a salvo, mientras la delincuencia en todas sus manifestaciones se apodera de las calles y campea a su conveniencia.
Las redadas y batidas ocasionales nada resuelven, es apenas una simple curita temporal donde es preciso practicar cirugía profunda. La fiebre regresa una vez que se retira la compresa. Se necesita un Programa Integral y un Plan Estratégico para ejecutarlo de manera eficiente.
Pero no toda la carga corresponde al Gobierno Central. Ahora mismo, resalta el hecho de que en las Cámaras Legislativas figuran encalladas y sometidas a un inexplicable e inexplicado proceso de dilación, la aprobación de leyes de tanta importancia como la tan traída y llevada de Reforma Policial que convierta la uniformada en un cuerpo de orden público saneado, profesional y eficiente para prevenir y combatir el delito, así como recobrar la confianza y ganar la necesaria cooperación de la ciudadanía como garantía de convivencia segura.
Pendiente de igual forma la legislación de extinción de dominio que permitiría al Estado la apropiación legal de los bienes de los narcotraficantes y lavadores de activos, aún cuando estos sean juzgados fuera del país y hayan llegado a arreglos con los respectivos fiscales y jueces para condenas más abreviadas y el disfrute de parte de las riquezas acumuladas a través de esa práctica criminal, de lo cual ya tenemos varios vergonzosos ejemplos en los casos de Quirino Paulino y Toño Leña, por citar solo dos.
Fue bajo extrema presión que el miércoles, la Cámara aprobó de suma urgencia y en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley de armas presentado por el diputado reformista Ito Bisonó al cabo de un prolongado sueño de más de ¡diez años¡ el doble del tiempo necesario para cursar cualquier carrera universitaria. Ahora tendrá que pasar al Senado, donde es de esperar que reciba un pronto endoso. Tenemos pues que de tres, todavía quedan pendientes de aprobación los dos proyectos señalados anteriormente.
Ambas, al igual que la ley de armas, son herramientas necesarias para poder llevar adelante la prevención, la lucha y la sanción contra el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia en general, dentro de un marco legal apropiado.
La tarea, reiteramos, no es responsabilidad exclusiva del Gobierno Central. Al Congreso le corresponde en este caso hacer ese importante y pendiente aporte. Y es hora de que sin más demora cumpla con su deber.