“Fue coraje, fe, resistencia y una obstinada determinación de superar todos los obstáculos los que construyeron este puente” ― John J. Watson.
El proyecto minero Romero, una importante iniciativa para la explotación de oro y cobre por la GoldQuest en la provincia de San Juan de la Maguana, fue desestimado por el silencio quienes encarnaban entonces la voluntad política de la nación. Luego de la aprobación preliminar de la concesión de explotación por el Ministerio de Energía y Minas, remitida con todos los detalles del proyecto al Ejecutivo, comenzó el mutismo presidencial que, sin duda, contagió mortalmente a la alta dirección del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos naturales de entonces.
Este importante órgano de gobierno del Estado parece no haber iniciado nunca el estudio de impacto ambiental que es un requisito sin cuyo cumplimiento las empresas mineras no pueden iniciar sus operaciones, luego de obtenida la concesión de explotación. Por su parte, la empresa cumplió con todos los requerimientos de ley, entre ellos un estudio de prefactiblidad, un estudio técnico económico del proyecto y el cierre de todos los requisitos administrativos.
Con una reserva probada de 7.03 Mt de cobre al 88%, 3.72 g/t de oro y 4.33 g/t de plata, la producción estimada para ocho años sería de 119 millones de libras de concentrado de cobre, 640 koz (miles de onzas), de concentrado de oro y 434 koz de concentrado de plata. La multinacional garantizaba al Estado 40% de los beneficios, incluyendo aquí la regalía, el ISR, la contribución municipal de ley más un aporte voluntario adicional, sin ninguna inversión adicional de los contribuyentes. Así, incluido el aporte adicional de unos 52 millones de USD, los beneficios estatales ascenderían a 224 millones, resultando que en una primera etapa el Estado recibiría 170 millones de dólares por distintos conceptos impositivos.
A pesar de que el proyecto contemplaba un sistema de manejo hídrico independientemente del río San Juan y de los acuíferos regionales -que están en franca decadencia no por obra de la minería- y que dicha importante fuente fluvial no se utilizaría para suministro de agua a las operaciones, ni mucho menos para la descarga de efluentes líquidos, los fundamentalistas anti mineros arremetieron en pequeños grupos enarbolando el discurso sobre la destrucción total del “granero del país” y de las fuentes de agua de la región.
Igualmente, no tuvieron en cuenta lo que prometía el proyecto en relación con la laguna de decantación, el tanque de relaves o la descarga anticipada del agua de dicha laguna: “el manejo de los relaves se realizará devolviendo el relave a la mina subterránea como pasta de relleno y mediante el almacenamiento de los relaves secos en pilas de almacenamiento en superficie”. Ni afectación de las corrientes fluviales ni almacenamiento irresponsable de los residuos mineros, todo ello bajo el compromiso de una declaración de intenciones notariada, firmada ex ante con la autoridad minera competente.
Recordamos que en ese momento escribimos sobre los mitos ambientales que doblegaron la voluntad política y que finalmente impidieron que se concretara una inversión extranjera directa por un valor de aproximadamente 280 millones de dólares. Nunca hubo respuesta formal o conocida del Ejecutivo, ni mucho menos estudio alguno de impacto ambiental.
Hoy estamos a una situación similar. Se trata de La Barrick Pueblo Viejo, sin perder de vista que la experiencia de Romero nunca dejó de ser una valiosa idea de viabilidad técnica, económica, social, tributaria y ambiental probada. Estamos hablando de una empresa de clase global que tiene años en el país y que, sin duda, es uno de los mejores ejemplos en la región en lo que respecta a gestión ambiental y responsabilidad social corporativa.
La Barrick es un soporte fundamental de las finanzas públicas y terminar negocios con ella se traduciría en una merma considerable de recursos que hoy necesitamos más que ayer por los sensibles impactos financieros de la pandemia. Solamente en el primer cuatrimestre del año esta empresa pagó RD$13,000 millones en concepto de impuestos directos y regalías, incluida la liquidación final del año fiscal 2020. En el mismo período también hizo un desembolso de RD$500 millones en impuestos indirectos (retención sobre salarios, intereses y proveedores).
Con una empresa de importancia multidimensional para la sociedad dominicana como la Barrick, llegó la hora de tomar una decisión. Su minado termina en 2021 y la producción comienza a reducirse en este mismo período. Con ello, también sus aportes al Estado. La empresa requiere la expansión de su planta de procesos y de la capacidad de almacenamiento de relaves. Para ello es necesaria la autorización de los estudios correspondientes con su inevitable componente ambiental. El actual gobierno no debe perder tiempo. ¿Cuánto perdería el Estado y las comunidades involucradas dejando de autorizar a la ciencia y a los expertos para que digan la última palabra?
Aquí la estrategia del avestruz no serviría para nada más que para enviar una muy mala señal a potenciales inversionistas, al mismo tiempo se traduciría en una pérdida de ingentes recursos, indiscutiblemente necesarios para alimentar los requerimientos del cambio posible prometido. Más que coraje y resistencia frente a quienes gustan de la defensa unilateral del ambiente, creemos que también haría falta una obstinada determinación política para construir el puente del desarrollo con el uso responsable y sostenible de los recursos disponibles, tal y como lo manda la Constitución de la República.