La cultura política dominicana desde siempre ha estado plasmada por una ideología que promueve no la meritocracia ni el interés común, sino el sometimiento irreflexivo a los intereses de quienes detentan el Poder.

Y para muestra un botón. Hace apenas diez días, la Cámara de Diputados aprobó las observaciones hechas por el presidente a la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, por medio de un quórum que contraviene lo establecido en el artículo 102 de la Constitución sobre la aprobación de leyes observadas. 

Las leyes observadas deben ser, o aprobadas o desaprobadas, por la dos terceras partes de la matrícula de la cámara de que se trate, es decir, por una mayoría calificada.

Ha de señalarse que, de promulgarse esta ley, el presidente de la República, quien es también el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, tendrá un voto calificado con el cual podrá decidir toda votación en empate.  

El problema con esta práctica, muy reiterada, no es solo que vicia la legitimidad de las actuaciones de los funcionarios públicos, sino que ha empezado a afectar la calidad democrática de nuestras instituciones, el Estado Democrático de Derecho y, por qué no, la propia gobernabilidad. 

Los mal llamados representantes del pueblo, machacan cada vez que pueden de forma acérrima los verdaderos intereses de sus representados, intereses que nada tienen que ver con el rompimiento del orden democrático que se cree vigente. La realidad es que no nos representan, salvo contadas excepciones. 

Quizás lo positivo de todo esto, es que la sociedad empieza a darse cuenta de que la única forma que tiene de revertir el camino que le ha sido impuesto, es precisamente participando activamente en la promoción de los valores democráticos, exigiendo, cada vez más, que los poderes públicos se apeguen al respeto de la Constitución y las leyes. 

Si bien la democracia no ha sido el sistema político que hemos experimentado por mayor periodo de tiempo, sabemos que sus beneficios, en términos de las garantías y libertades para el buen ejercicio de la ciudadanía, son importantes, y que, por lo tanto, merecen ser defendidos, a pesar de sus detractores. 

Esta defensa se ha manifestado en varias oportunidades, cuando se ha pretendido burlar la voluntad de la mayoría en pos de satisfacer ambiciones ajenas al interés común, y pues ahora con mayor acierto. El rechazo masivo a la aprobación de estas observaciones no se ha hecho esperar. La sociedad ha puesto de manifiesto su descontento con esta decisión enérgicamente, al punto de llegar a señalar a viva voz que se ha dado un golpe de estado a la democracia y al Estado de Derecho. 

A pesar de que el escenario político ha permanecido tal cual por decenas de años, o por lo menos así lo describía tiempo atrás Moscoso Puello, confío en que con la participación activa de todas y todos la práctica política dominicana se convertirá en un ejercicio apegado a los principios democráticos y a las necesidades del colectivo. Que así sea.