Con especial dedicatoria al Lic. Carlos Salcedo, un exitoso abogado.
Como sabrán muchos de mis lectores, en el denominado Caso Odebrecht formo parte del equipo de defensores del Lic. Conrad Pittaluga Arzeno desde el inicio de la etapa preliminar, habiendo con antelación integrado la barra de otro procesado, quien no tuvo la misma suerte de mi actual cliente al momento de que el entonces Procurador General de la República presentara su Acusación.
En lo personal, este proceso constituye un extraordinario antes y después en mi desarrollo profesional. No solo en el aspecto técnico, dado el reto de actualización constante e intensa al que he estado sometido estos últimos tres años respecto de mis conocimientos jurídicos, sino también como catalizador de mi visión moral de la sociedad dominicana, y especialmente de nuestra Justicia.
En el estadio actual del proceso, habiéndose celebrado su última audiencia -al momento de escribir este artículo- el pasado día 29 de octubre 2020, me embargan algunas reflexiones que, si bien pudieron apoderarse de mi atención en fases anteriores, vgr. frente al Juez de la Instrucción Especial o ante el Pleno de la SCJ, ahora es cuando me convocan al auto análisis de mi conducta, pues el claro sentido de la peor ubicación que tuve en aquellas etapas consumadas y respecto de alguien que procura justicia, no es el mismo que advierto frente a las Juezas del Juicio que ahora se celebra en el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del D.N., aunque las circunstancias actuales tampoco dejan de preocuparme. Me explico…
En lo que va de proceso en esta etapa, nuestra defensa ha planteado aproximadamente 10 incidentes relevantes y todos han sido rechazados (en su mayoría por la Presidencia del Tribunal actuando en sus atribuciones del Art. 305 del CPP).
Luego de reflexionar e interpretar las actuaciones ocurrentes, considero que el devenir sin éxito de las estrategias de nuestra defensa podría ser identificado por algún espectador racional en una de las tres siguientes posibilidades de significado, respecto de las cuales apunto mi opinión:
I. Somos litigantes temerarios. (Tesis del Ministerio Público)
Esta postura me parece insostenible a propósito de mi convicción de que todos nuestros incidentes han sido jurídicamente correctos, tanto en la forma y en el fondo, al punto de que, de presentarse las mismas circunstancias en otro caso, y aún frente a estas mismas Juezas, no dudaría en reproducir la estrategia y el discurso que en este particular expediente no han tenido éxito.
Pero que yo pueda pensar que no ha sido litigación temeraria, no necesariamente significa que no lo sea, por lo cual adiciono esta otra razón en patrocinio de lo que pienso: tratándose de la cantidad de incidentes referida y de ser correcto el cuestionamiento de nuestra honorabilidad, a este momento al menos debió haberse producido una solicitud formal de declaratoria de litigación temeraria de parte del MP, o bien una decisión en ese sentido de parte del Tribunal. Lo cual, de suceder, vale decir, tendría que tener como causa un concurso real de delitos en audiencia: litigación temeraria y asociación de malhechores, pues todas las barras con todos sus abogados, han siempre corroborado nuestros planteamientos incidentales, adhiriéndose a nuestras conclusiones.
En otras palabras, como sabemos que al MP no le falta voluntad para hacer que nos declaren litigantes temerarios -pues con ello lograrían un aliciente en su deteriorada imagen pública por este proceso-, y no habiéndose producido esa iniciativa a la fecha, dados los argumentos expuestos en el párrafo que antecede, me parece razonable entender que -al menos a la barra de la defensa de Conrad Pittaluga- de litigación temeraria solo podría acusarnos un ridículo.
II. Los abogados en este caso hemos venido a aprender derecho procesal penal, resultando que hasta ahora solo hemos estado promoviendo -lo que usualmente suelo llamar respecto de otros- “patadas voladoras”, y por eso no pegamos una. Y siendo así, estando en juego la libertad, o bien, la vida del procesado que aceptamos como cliente, somos unos profesionales tan incapaces como irresponsables.
Presento esta posibilidad racional partiendo de la siguiente premisa: si todos nuestros planteamientos han sido impertinentes -aún cuando estamos convencidos de lo contrario- y las juezas siempre han adoptado la decisión jurídica “correcta” de entenderlo así, rechazando por improcedente y mal fundamentada cada petición relevante, no parece descabellada la idea que pueda alguien sostener sobre que las defensas técnicas (todas, no solo la nuestra), no tienen el nivel de litigación ni de experticia que requiere el presente caso.
Como la primera opción, esta me parece totalmente descartable porque nadie objetaría racionalmente que dentro del conglomerado de los abogados que postulan en este proceso se identifican muchos de nuestros más prestigiosos y reconocidos juristas del derecho procesal penal y derecho penal económico, afirmación verificable no solo en la trayectoria académica que los acompaña, sino también por su particular experiencia participando en los procesos más complejos y trascendentes que en esas materias registre la historia judicial dominicana contemporánea. Sin menospreciar la también exitosa participación de múltiples destacados abogados especialistas en la materia y que representan una nueva generación.
En otras palabras, de ser correcta esta opción, posiblemente no quedarían en el país abogados capaces de asumir la engorrosa encomienda profesional que llevamos a cuestas. Y con esto la referida hipótesis queda también reducida al absurdo.
III. Los abogados y las juezas encargadas del Juicio asimilamos, razonamos y comprendemos el Derecho desde ideologías y concepciones jurídicas totalmente opuestas/incompatibles, y dado esa circunstancia, nunca podremos coincidir en nuestras conclusiones sobre algún tema en discusión.
Aunque me cuesta aceptar esta posibilidad sin reversas (al referirnos a operadores jurídicos de un mismo país, con formación profesional en gran medida coincidente en un círculo académico común y quizás lo más relevante, todos de una misma generación -ellas y nosotros-), es de las tres opciones la que me parece con más alto nivel de probabilidad -pues razonable-, a fin de explicar nuestros desaciertos en los resultados de la dinámica dialéctica que se ha desarrollado en esta fase del Juicio.
Siendo así, y descartando que podamos invertir los roles, ni con un clic reprogramar nuestros conocimientos o nuestra concepción jurídica -lo que no se si pueda suceder respecto de ellas u otros abogados-, me parece que estamos -como en fases anteriores- en el preludio del famoso pleito entre el huevo y la piedra. Y eso, más que cualquier otra cosa, me preocupa como profesional responsable, precisamente por lo ya expresado: lo que está en juego no es una corona al más sabio, ni el premio del reconocimiento a la superioridad intelectual o al sumun de la inteligencia jurídica -que a decir del juez Ortega en sentencia dictada en este proceso como para acabar con cualquier residuo de ego forense circundante: reside en los jueces de la Suprema Corte de Justicia-, no. Aquí el riesgo es otro: la vida del procesado que aceptamos como cliente y que lo hicimos convencidos de que a base de justicia y derecho -o bien, con imparcialidad e independencia en la Justicia-, su viacrucis judicial culminaría con una solución reivindicativa de su honor, hoy mancillado por el líbelo de acusación que enfrentamos.
Razonar estas opciones explicativas de la situación, también me ha permitido conocerme diferente en cuanto a litigante, intelectual y estratega respecto de algunos de los distinguidos abogados que participan en el proceso, tal es el caso del Lic. Carlos Salcedo, quien -como otros colegas-, al tiempo que recibe un fallo incidental desfavorable, nunca ha dudado en reconocer la gran capacidad y dominio superior de las Juezas que nos han tocado, ensalzando ese pronunciamiento con un innegable acto de modestia, al indicar que de derecho sabe poco, que sigue aprendiendo y que entre sus fuentes de conocimiento se encuentran las directrices de sus Juezas [parafraseo su discurso, no son sus palabras exactas].
Lo anterior simplemente ratifica la famosa sentencia de la infinita sabiduría popular: cada cabeza es un mundo. Sin embargo, y mientras tanto, de él, de ellas, de la prensa, de los juegos de poder, egos e intereses tan presentes en estos procesos judiciales contaminados por la política, de este caso que me parece tan absurdo y sin sentido en los términos en que se ha decidido continuar como Titanic al iceberg, del Derecho comparado -donde se incluye el nuestro si con algo vamos a comparar-, de la vida y de seres humanos con togas que no dan para encubrir sus tantos vicios y virtudes, como de los demonios y ángeles que se luchan cada día por mis neuronas, me comprometo -por necesidad laboral- también a seguir aprendiendo, con la finalidad de seguir robusteciendo mi convicción de que no somos litigantes temerarios, y de que cada incidente que hasta ahora hemos presentado y los que restan, constituyen pretensiones jurídicas impecables y correctísimas, diga quien diga lo contrario, pues hasta ahora, quien lo ha dicho no ha dado razones válidas al respecto, y por ello, ahora le cedo la palabra.