La reciente posición comunicada por el gobierno dominicano de suspender las investigaciones que llevaba a cabo el Ministerio Público sobre el también suspendido proceso electoral, aunque entendible por razones del contexto sociopolítico, pone en evidencia la profundidad de la crisis que atraviesa el país y el estado de gravedad y luto en que los distintos actores políticos han colocado las aspiraciones del pueblo dominicano de vivir en un verdadero Estado de Derecho.
Esta decisión pone de luto al Estado de Derecho por la cuestionable anulación de las potestades investigativas de la institución facultada constitucional y legalmente para perseguir los delitos en jurisdicción nacional, y la consecuente subrogación de estas facultades en un organismo supranacional el cual desde el punto de vista del Derecho Internacional Público debe guiar sus actuaciones bajo el principio de subsidiariedad, es decir, privilegiando la solución de aquellos que están más cerca del problema que en este caso debía ser un Ministerio Público independiente del cual carecemos.
La falta de garantías y credibilidad del Ministerio Publico no han sido provocadas por la ausencia de fiscales competentes en la carrera del Ministerio Público de nuestro país en la que se invierte un amplio presupuesto, sino por la ausencia de voluntad política para tomar en serio la Ley Orgánica de esta institución y la propia Constitución de la República.
La ausencia de voluntad se ve manifestada en la incoherencia que representa por un lado confirmar la falta de independencia del Ministerio Publico a través de la suspensión de su investigación por razones muy evidentes, pero al mismo tiempo mantener en su posición al responsable de dirigir esa institución. Esta es una paradoja difícil de explicar a la opinión pública nacional con argumentos lógicos. Ha quedado claro que la Constitución y las leyes no han sido tomadas en serio por los actores políticos si cuando se necesita de la labor para la cual están mandatadas las instituciones, estas no puedan actuar por si solas por carencia de credibilidad.
No tomar en serio la Constitución y las leyes provoca las crisis políticas que vivimos. Además crea la necesidad búsqueda de pactos extra-sistémicos, es decir, fuera del apego a la legalidad y del esfuerzo realizado en la consecución del gran pacto social que representa la Constitución.
Sin embargo, las organizaciones civiles de la sociedad y el pueblo dominicano en su conjunto seguirán demandando cívicamente un Estado de Derecho para la República Dominicana donde, como indica la más sana doctrina constitucional, la Administración Pública esté controlada jurisdiccionalmente, los derechos fundamentales sean respetados, donde exista una efectiva separación de poderes y sobre todo donde se imponga el imperio de la Ley.