Un nuevo paquete impositivo ha sido aprobado en la República Dominicana (Ley 253-12), ante la necesidad del poder ejecutivo de hacer frente a los compromisos asumidos en el plan de gobierno propuesto en la pasada campaña electoral y ante las obligaciones presupuestarias heredadas de la pasada administración.

A pesar de que esta nueva reforma debe ser un instrumento para mejorar la calidad de vida de una nación que ha sabido mantener un ritmo de crecimiento económico anual de más de 5.0 % en promedio por más de cuarenta años (Attali 2010), la misma anticipa la consolidación de los niveles de desigualdad registrados en todo el país, debido a la ausencia de la visión territorial en la definición de una reforma integral para el desarrollo que garantice una efectiva política de gasto basado en las necesidades, capacidades y prioridades de cada emplazamiento.

Esta debilidad en la definición de una política de gasto orientada a los territorios, a concentrado la mirada de los gobiernos en un segmento especifico de la sociedad, con el fin de que estos financien tanto el sistema de servicios públicos que debe acompañar la cotidianidad de los ciudadanos, como las políticas de subsidio que contribuyen a sustentar otro segmento de la población que depende su existencia de las migajas del Estado.

Mientras el gobierno central debe garantizar la oferta de los servicios básicos con eficiencia, la ciudadanía (con énfasis en un segmento de la población) no ha tenido más remedio que subsidiar con sus finanzas personales este conjunto de servicios, adquiriendo un vehículo privado en lugar de utilizar un sistema masivo de transporte, accediendo a una red de salud privada en lugar de frecuentar la red de hospitales públicos, instalando generadores eléctricos individuales para suplir las deficiencias eléctricas, construyendo cisternas y pozos ante la irregularidad del suministro de agua, contratando empresas de seguridad privada ante la desconfianza en los organismos de seguridad estatal, entre otros tantos servicios públicos; suplantando el concepto de “bienestar colectivo” por la cultura del “sálvese quien pueda”.

Adicional a este subsidio indirecto, el cual costea la ciudadanía para asegurar niveles de habitabilidad básica, el Estado demanda el pago de una cartera de tributos directos con la finalidad de subsidiar una serie de políticas clientelistas orientadas al consumo, en lugar de canalizar estos aportes a la producción o emprendurismo de las clases beneficiadas. Ante la ilusión de que estas ayudas contribuirían a eliminar los niveles de pobreza registrados en el país, los agraciados están siendo condenados a una existencia en dependencia de un chequecito o una tarjetita, la cual podría hipotecar su voz disminuyendo las posibilidades de exigir lo que verdaderamente les corresponde.

A través de estos dos tipos de subsidios que financia la clase trabajadora y emprendedora de la República Dominicana, aquella que no ha levantado su fortuna por una herencia, un contrato en las grandes ligas, un robo millonario o un negocio de dudosa reputación, se disminuye las posibilidades de progreso, ya que en ninguno de los casos este segmento de la población recibe un beneficio por parte del Estado de los aportes que le han sido entregados para su uso y administración.

La aprobación del paquete impositivo debe marcar el inicio de una reflexión, seria y responsable, de todos los sectores de la vida nacional, en torno a la definición de una política de gastos orientada a las prioridades, necesidades y capacidades de cada territorio a nivel nacional. Para esto es urgente insertar dentro del sistema nacional de planificación del Estado y como parte del Presupuesto Nacional la dimensión territorial, la cual garantizara una correcta orientación de las inversiones en el territorio, junto a un esquema de fiscalización y rendición de cuentas.

De no ser así la mal llamada “sociedad de los pendejos” continuará subsidiando un sistema destructivo de subsidios (directos e indirectos) que no les beneficia en nada, aniquilando las posibilidades de progreso de la clase trabajadora, condenándola al suicidio y provocando con esto una crisis en las estructuras que sostienen esta nación.