Hace ya bastante tiempo, Platón decía que la política es del que tiene el poder en sus manos, y por consiguiente del más sabio y más fuerte (Maquiavelo). Desde esta tradición, se asumió que el ejercicio de la política tiene que ver con el poder de los líderes, las élites, los gobernantes y las clases políticas de imponer el orden y establecer su autoridad e intereses.
Sin embargo, contrario a esta idea, Sócrates, pensaba que la política debe ser la función de las polis, de un contrato social entre ciudadanos (Rousseau), para garantizar la participación, equidad y justicia social. Como podemos ver, aquí aparecen los orígenes de los dos discursos de legitimación de la política que van a predominar, con diversas variantes, en la historia del pensamiento político. La primera, que vamos describir como el realismo o autoritarismo político y, la segunda, la visión ética de la política que llamaremos de manera normativa el sentido de la política.
En la sociedad dominicana, la política pensada en términos del realismo político, ha pasado del autoritarismo de los doces años de Joaquín Balaguer, a la democracia neoliberal que ha devenido en un deterioro institucional del Estado, los partidos y, la mercantilización de la cultura política, haciendo posible el impensable auge de la corrupción, la impunidad y la narco política.
Con el destape del caso de Odebrecht, el caso pulpo, el coral y en la semana reciente el caso falcón, nos hemos dado cuenta del nivel de corrupción, impunidad y complicidad con el narco tráfico que predomina en el sistema político dominicano.
La constructora transnacional Odebrecht, reconoció en diciembre de 2016, ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, haber sobornado a funcionarios públicos del gobierno de 12 países de la región, entre ellos a la República Dominicana, con un pago de 92 millones de dólares para obtener beneficios en contrataciones públicas.
El 8 de Diciembre del 2020, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), declara el caso pulpo, donde persigue y busca condenar una presunta red de corrupción encabezada por Alexis Medina, hermano del expresidente, a quién se le acusa, juntos a otros, de malversar fondos estatales por más RD$4,000 millones (US$68.6 millones) desde el 2012 hasta el 2020.
El 28 de abril, de 2021, el Ministerio Público lleva a los tribunales el caso coral. Un grupo de militares acusados de formar parte de una red de corrupción que funcionaba en las instituciones castrenses. Y en las últimas semanas, nos enteramos, a través de los medios de comunicación, del caso falcón, la mayor red de narcotraficante y lavado de activos infiltrada en el sistema de partidos.
Frente a este enorme deterioro institucional del sistema político dominicano, debemos cuestionar qué está pasando en la democracia dominicana. Desde la década del noventa, el gobierno dominicano promovió el desmonte de las empresas del Estado, pasando a ser uno de los mayores contratistas del sector privado. Con el proceso de privatización, surgen las cuantiosas contrataciones y subcontrataciones con empresas privadas nacionales y transnacionales.
Las subcontrataciones del Estado, para los servicios públicos de infraestructura vial, energía eléctrica, calles asfaltadas y otros, ha significado una alianza de las élites políticas y empresariales, en la que los empresarios ofrecen a los partidos los fondos económicos para sus campañas electorales y, las empresas privadas están en contacto permanente con los lobbies, círculos de asesores y grupos de presión, para lograr concesiones y contratos en la administración pública (https://www.oxfam.org/es/informes).
Por la falta de reglas, normas y control de los partidos y la junta central electoral, se ha producido una mercantilización de la cultura política. En la actualidad hay que pagar para actuar en la política partidaria, donde los que tienen más dinero tienen mayores posibilidades de acceder a los puestos públicos. De esa manera, los políticos buscan financiar sus campañas electorales con la corrupción pública y/o el lavado de activos del narcotráfico, estableciendo un círculo vicioso de deterioro institucional y corrupción de la clase política.
En este escenario, resulta necesario que los ciudadanos y la clase política reconstruyamos el sentido de la política: que se traduzca en una recuperación del interés público de parte del Estado, una mayor apertura y democratización de los partidos y, superar la corrupción y mercantilización de la cultura política. De lo contrario, estamos condenados a repetir las traumáticas experiencias de algunos países de la región, donde la democracia ha sido secuestrada no sólo por la corrupción, sino también por el poder de la narco-política.