Desde el año 1999 hasta la fecha, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo han estado violado sucesivamente el pacto asumido por los propios partidos políticos en el 1997 de consignar en un plazo de dos años "un 16% del gasto público total o un 4% del PIB estimado para el año corriente, el que fuere mayor", como inversión mínima del Estado para la educación. Así lo estableció la Ley General de Educación No. 66-97 en su artículo 197, ¿y qué son acaso las leyes en un sistema democrático como el que pregonamos tener, sino un pacto social acordado en representación de todas y todos por nuestra clase política?
Más de una década de incumplimiento de la Ley debe ser asumida como una responsabilidad compartida entre el Presidente de la República, encargado de preparar el presupuesto general del Estado, y las y los senadores y diputados, encargados de conocerlo y aprobarlo. En última instancia también de los dominicanos y dominicanas, que tardamos 10 años en organizarnos para salir a las calles exigir a los primeros enmendar su falta y cumplir con el 4%.
Sin embargo, y aunque fuere un despertar fortuito, la lucha amarilla surgió justo en el año que estrenamos una Constitución que sin saberlo hizo suyo este reclamo. Así es, el artículo 63 de la nueva Carta Magna dominicana consagra el derecho que tiene toda persona a una educación integral, de calidad y permanente, y específica en su numeral 10 que la ley consignará los montos mínimos y los porcentajes correspondientes que invertirá el Estado para cumplir con ese propósito. Se trata sin duda de un precepto clave que fortalece esta demanda popular, ya que la Constitución anterior ni siquiera hacía alusión a estos aspectos.
Siendo así, desde el año pasado el Presidente y los legisladores no sólo persisten en violar el pacto acordado en 1997, sino que desconocen una disposición contenida en la ley fundamental dominicana, que ellos mismos se empeñaron en aprobar. Y resulta que ese "pequeño" detalle magnifica la falta e impone sanciones más drásticas. El artículo 73 de la Constitución dice expresamente que todo acto emanado de los poderes públicos que altere o subvierta el orden constitucional es nulo de pleno derecho. Es decir, de aprobarse definitivamente la Ley de Presupuesto que se encuentra en una comisión de estudio en la Cámara de Diputados, y que no contempla los recursos que corresponden a la educación, la misma se convierte en un acto susceptible de ser anulado de pleno derecho.
La facultad de declarar su nulidad corresponde al pleno de la Suprema Corte de Justicia hasta tanto se conforme el Tribunal Constitucional, que es realmente el órgano idóneo para ello en el marco de su atribución primordial de conocer las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes.
Por eso, ante los adelantos de los señores legisladores sobre la "imposibilidad" (que no es más que falta de voluntad política) de introducir cambios a la ley de presupuesto, exhortamos pues a la Coalición por una Educación Digna y todas las demás entidades que han llevado la voz cantante en este proceso, a valerse de esta vía que pone a nuestro alcance la propia Constitución para hacer garantizar su supremacía y proteger el orden constitucional y los derechos fundamentales.
Se ha presentado sin duda una coyuntura que no podemos desaprovechar: activar los precarios mecanismos de frenos y contrapesos que incorpora la Constitución dominicana, y que obliga a que las decisiones más trascendentales no puedan ser realizadas de forma unilateral por uno solo de los poderes del Estado, sino es con el concurso de un segundo y la no oposición del tercero. Y me pregunto, qué decisión más trascendental puede tener un Estado que la forma de distribución de sus recursos.
Tomemos conciencia de ello, tenemos el camino abierto para frenar este nuevo intento de nuestros "representantes" de desconocer las partidas que demanda la educación dominicana para aumentar sus niveles de calidad, apoderando al defensor de la Constitución, cuyas decisiones son vinculantes para todos los poderes públicos. Es un ejercicio sano para el país, que podría ser capaz de marcar una diferencia, fortalecer la institucionalidad democrática y sembrar una semillita de esperanza.