Con la promulgación de la Ley 169-14 el Presidente Danilo Medina realizó una movida maestra para resolver un problema humanitario de pocos miles de hijos de emigrantes ilegales, que nuestras constituciones desde 1929 no los reconocen como dominicanos, sin embargo las presiones internacionales e internas no van a ceder porque  lo que pretenden la nacionalidad a todos los nacidos en nuestro territorio, vale decir que carguemos cada vez mas con el peso del país más pobre del continente.

Obviamente las presiones internacionales jugaron un papel importante en el desenlace, nunca en  el país en la época democrática se había producido una intromisión de esa naturaleza, nunca actores tan disímiles como Venezuela, Cuba y los EU coincidieron en negarle el derecho al país a definir el concepto de nacionalidad y el derecho a comenzar a dar pasos para limitar la inmigración masiva e ilegal que deprime los salarios en el mercado laboral y amenaza en convertirse en una bomba de tiempo social en pocos años. Por supuesto la diplomacia del país, salvo honrosas excepciones, no sirvió de nada y este episodio demostró la importancia de contar con lobistas al servicio de la RD.

La Ley de Naturalización fue fruto de la paciencia y la racionalidad del Presidente Medina, de los aportes del Ex Presidente Fernández, del consenso con fuerzas políticas y las opiniones buscadas por el primer mandatario entre los juristas más calificados del país.

Una parte del sector defensor de la patria y de la histórica sentencia del Tribunal Constitucional cuestionan el Articulo 2 de dicha ley, cuando establece que: “La Junta Central Electoral procederá a regularizar y/o transcribir en los Libros del Registro Civil, libre de todo trámite administrativo a cargo de los beneficiarios, las actas de las personas que se encuentren en la situación establecida en el literal a) del articulo anterior. Subsanada la referida irregularidad en virtud de esta Ley, la Junta Central Electoral los acreditará como nacionales dominicanos”

Efectivamente ese artículo no habla en absoluto de naturalización y debió referirse a ello, sin embargo la ley no le pasa por encima a la sentencia del Tribunal Constitucional y se limita a resolver el problema de no más de 20 mil extranjeros, separando los que cometieron falsedad de datos suplantación de identidad. Lo más importa es que se respeta el espíritu y la letra de todas las constituciones desde 1929 que establecen no son dominicanos los hijos de inmigrantes ilegales.

Obviamente la comunidad internacional, que pretende la RD convierta de la noche a la mañana a cientos de miles ilegales en dominicanos, va a continuar con presiones más sutiles y no es accidental la posición de una de las agencias de la ONU y del Centro Kennedy. El equipo mediático, cuya mayoría pertenece a la Convergencia, que desplegó todos los cañones contra la sentencia ha optado por elogiar la ley, pero se trata de una estrategia dirigida a mantener cordiales relaciones con el Presidente Medina con miras a los comicios de 2016.

Superado este trance queda a este gobierno y a toda la sociedad, cuya gran mayoría apoyó la sentencia y aspira a reducir la inmigración ilegal, a dar pasos firmes con el plan de regularización y acciones dirigidas a sellar la frontera, como elevar a la condición de policía fronteriza con mejores salarios al Cesfront. El sector privado a invertir, aprovechando la Ley de Incentivo Fronterizo, aplicar sanciones a los empleadores que contraten mano de obra ilegal, deportar los  que no se hayan regularizado y si es necesario  un plan de largo plazo para construir un muro fronterizo.

No se trata de xenofobia, racismo o ultranacionalismo, pero si pretendemos desarrollarnos antes de 2030, como pretende la Estrategia Nacional de Desarrollo, si aspiramos a un país en progreso y paz social, si queremos evitar la haitianización de nuestra nación es necesaria una política migratoria definitiva.