República Dominicana cuenta con instituciones públicas encargadas de combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en sus aspectos preventivo, persecutorio y de protección a las víctimas. Existe una Procuraduría especializada, un Departamento especializado dentro de la Policía Nacional. También está CONANI, responsable del Sistema de Protección de la niñez y adolescencia, y CESTUR que tiene importantes responsabilidades en el campo de la prevención criminal, especialmente en los polos turísticos del país.
En cada una de estas instituciones hay profesionales que tienen el conocimiento, la experiencia y la voluntad para rescatar y restaurar a las víctimas, y llevar a los criminales ante la justicia. En los últimos años hemos observado que, entre avances y retrocesos, el balance general ha sido positivo; generando un aumento significativo en el número de rescates, detenciones y condenas en torno a la trata y tráfico de personas. Este es el resultado de una serie de medidas que las autoridades han adoptado con la ayuda de la sociedad civil. Pero aún hay mucho que hacer para garantizar la sostenibilidad y aumento de la productividad estatal en la lucha contra estos delitos.
Percibo que hay dos problemas centrales que sin duda socavan la sostenibilidad de la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. El primero es la falta de un instrumento legal moderno que pueda enfrentar nuevos desafíos en el área de la persecución penal, considerando que la ley actual no ha sido actualizada desde del año 2003. El segundo es que no existen recursos públicos suficientes para que el Ministerio Público, la Policía Nacional, CONANI y CESTUR cumplan con sus obligaciones legales.
Lamentablemente, sin la ayuda constante de la sociedad civil con recursos humanos, tecnológicos y de inteligencia, no habría forma de que estas organizaciones públicas puedan realizar su trabajo. La falta de una fuente permanente de fondos públicos designados específicamente a asegurar cualquier tipo de planificación, que sería fundamental para la lucha sistemática contra el crimen y la protección de la niñez dominicana.
He dicho en varias ocasiones y lo he escrito en esta columna, que hasta hace poco las consecuencias de esta falta de financiación pública no sólo tienen un impacto individual, sino que también posee un impacto nacional. Esta situación se agrava con la degradación del país en el informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la trata de personas, publicado en junio 2020. Como consecuencia, República Dominicana está en peligro de perder la posibilidad de recibir financiamiento estadounidense si vuelve a caer en esta clasificación, lo que puede suceder automáticamente a partir del próximo año. No me refiero solo a la pérdida de financiación para la defensa de los derechos humanos, sino también de carácter general. La gravedad de este asunto es inminente y necesita la atención inmediata de todos.
Vuelvo al tema de la necesidad de dotar de recursos públicos para combatir estos delitos. La alternativa natural es brindar recursos a las instituciones del presupuesto público destinados a la investigación, persecución, acogida y restauración de víctimas. Soy consciente del delicado momento que vivimos, en el que el gasto público aumenta y los ingresos tributarios se reducen por la pandemia que enfrentamos, pero la opción de mantener las cosas como están puede causar un mal mayor, ya que impediría que el país reciba recursos de su principal socio comercial.
La discusión sobre el borrador de la nueva ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes que se llevó a cabo en el segundo semestre de 2018 contó con una amplia participación de las instituciones públicas y de la sociedad civil. Con este proyecto se proponen cambios que moderniza la lucha contra la delincuencia, dotando al Estado de herramientas más efectivas para salvar a las personas y condenar a los delincuentes, en línea con la doctrina y la legislación internacional más actual. Por otro lado, se plantea la implementación de una pequeña tasa de 1 dólar que deben pagar los turistas al llegar al país, para financiar el trabajo de prevención y represión criminal. Hasta la fecha, dicho borrador se encuentra en el Poder Ejecutivo, esperando para su envío al Congreso Nacional.
No es posible que esto continúe así. No es razonable que el Estado dominicano cuente con las instituciones y los profesionales para hacer el trabajo, pero que ellos no puedan realizarlo. Esto es crítico para asegurar la protección de cientos de niñas, niños, mujeres y hombres por falta de recursos públicos. Esperamos que la nueva Administración se esfuerce por solucionar este problema que ha victimizado a tantas personas durante tanto tiempo. La lucha contra la delincuencia no puede depender únicamente de recursos privados.
Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), “El país es considerado como un proveedor importante de mujeres al negocio ilícito de la trata de personas y la industria del entretenimiento a nivel mundial. No se conoce el volumen de víctimas, aunque se sugiere que miles de dominicanas han sido y siguen siendo objeto de este tipo de violencia.” ¹
Internacionalmente República Dominicana es considerada como país de origen, tránsito y destino de personas que actualmente están siendo explotadas sistemáticamente. ¿Hasta cuándo permitiremos que nuestra niñez siga siendo tratada como simples objetos sexuales, como si esto fuera algo normal o imposible de resolver? ¡No más!
Ahora mismo hay personas de nuestra tierra que están esclavizadas, sufriendo todo tipo de agresiones y falta de respeto. Es inaceptable que no todos estemos indignados con una realidad como esta.
Tenemos instituciones especializadas y personal capacitado para poner fin a esta violencia, pero ellos necesitan la inversión pública permanente. Alentamos al Gobierno dominicano a mirar este tema con más detenimiento, entendiendo que sus consecuencias son perjudiciales para toda la sociedad, especialmente en un país donde el turismo genera recursos esenciales para la economía nacional. La imagen negativa que genera el descontrol criminal tiene el poder de perjudicar a la industria turística, lo que es o debería ser, un factor adicional de preocupación para las autoridades.
Alentamos al Gobierno a remitir el proyecto de la nueva ley al Congreso Nacional, para las discusiones necesarias y a defender, en el texto de dicha ley, la creación de un impuesto para financiar la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
Alentamos al Gobierno a cumplir con las recomendaciones contenidas en el informe de Estados Unidos contra la trata de personas, para salir de la incómoda clasificación en la que República Dominicana se encuentra y que definitivamente puede agravarse a partir del próximo año.
Para cada una de estas iniciativas necesarias, la Coalición Nacional de ONGs Contra la Trata de Personas está disponible para aportar sus capacidades, recursos y experiencias para que finalmente podamos poner fin a esta vergonzosa situación en la que nos encontramos, donde no están garantizados incluso los derechos más básicos a la vida, la dignidad, la seguridad y el bienestar.
Necesitamos reflexionar sobre la situación de las personas vulnerables en nuestro país y qué podemos hacer para que esta vulnerabilidad no sea la causa, como suele ocurrir, del sufrimiento de tantas víctimas que claman por ayuda.
De esto se trata, de personas.