La semana pasada la prensa resaltó unos llamativos comentarios de dos dignos representantes de la ‘renovada’ oligarquía dominicana que, aunque no relacionados y en momentos distintos, son un claro reflejo del cinismo que muchas veces acompaña a esa minoría que tiene todos los problemas económicos resueltos.
Se trata del presidente del grupo CCN y de la presidenta de la Asociación de Industrias. El primero, en entrevista para 7días, se atrevió a decir que nadie obliga a los empacadores de sus tiendas a hacer ese trabajo, por el que no se les reconoce ningún tipo de derecho laboral y a quienes además se les hace llevar camisetas promocionales de sus productos, agregando que el “permitirlo” forma parte de su filosofía ética y moral: “[…] eso lleva a la sociedad a que todo sea alrededor de la ley, la que es verdad que hay que cumplir pero a veces no ayuda a que también podamos hacer el bien”.
La segunda, se refirió a que no es cierto el que en el país hayan salarios bajos, a pesar de que existen datos contundentes de la OIT que muestran todo lo contrario, siendo República Dominicana uno de los países del hemisferio con el sueldo mínimo más bajo y con los servicios básicos más caros e ineficientes (cuando se tiene acceso a ellos).
Estas declaraciones públicas se producen en ocasión de un informe elaborado por el Banco Central, sobre empleo formal e informal, y en medio de un proceso de reforma laboral que pareciese no dejar muchas esperanzas. El informe señala que para la mayoría de las personas en edad productiva es mucho más beneficioso trabajar por su cuenta que pertenecer al sector laboral formal, en primer lugar por el tema de los salarios y luego por el de las garantías laborales.
Los empresarios han salido cuchillo en mano a defender sus intereses tratando de tergiversar una realidad que no se deja camuflar fácilmente. Pretenden, con los aspavientos propios de quien se sabe “con las manos en la masa”, hacer entender que para resolver los problemas de competitividad y productividad en la industria local la solución debe pasar por concederles todos y cada uno de los privilegios formales que pueda otorgar el Estado y al mismo tiempo por disminuir los derechos de las y los trabajadores.
¿Que no se puede ser competitivo sin afectar drásticamente el pago de la cesantía y otros derechos, sin extender la jornada laboral, si se aumenta a nivel decente el salario mínimo? La verdad es que hay modelos viables en otros contextos que demuestran lo opuesto, aunque se trata de sistemas donde la justicia social jamás es negociada a cambio de coimas y prebendas y donde los paradigmas de lo colectivo distan mucho de ser como los nuestros.
Encontrar un punto medio en este pleito que satisfaga las pretensiones de empleadores y empleados, no obstante, es la única vía posible. Sobre la base de la explotación no podrá seguirse sustentando la economía formal dominicana, porque eso de que la pava va dejando de poner donde ponía me parece algo muy cierto.