La más reciente celebración de elecciones conjuntas datan del año de 1994. En aquel año se eligieron el presidente y vicepresidente de la República; los senadores y diputados; los alcaldes y sus suplentes. Y además se votó por los regidores y regidoras de los ayuntamientos, que hoy denominamos alcaldías.
Ese proceso electoral desencadenó en un fraude que, a su vez, originó una crisis política. El Dr. Joaquín Balaguer, candidato del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), le cerraba el paso de esa manera no ética al candidato Dr. José Francisco Peña Gómez, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
La salida de la crisis devino en una rara transacción política denominada “Pacto por la Democracia”.
El “Pacto por la Democracia” incluyó la reforma a la Constitución de la República que consagró, primero, la prohibición de la reelección presidencial; segundo, separar las elecciones municipales y congresuales de las presidenciales; tercero, estableció la doble vuelta electoral; y, cuarto, celebrar elecciones presidenciales en el 1996.
Aparte de recortar a dos años transitoriamente el período de su gobierno, al anciano caudillo Joaquín Balaguer se le impedía presentarse como candidato. De ahí nació otro pacto, el “patriótico”, que se constituyó en una vuelta de tuerca o en un punto de no retorno de la política dominicana y el cual no es el objeto de éste breve artículo.
Pues dos años después, en 1998, se realizaron las elecciones congresuales y municipales o las “elecciones de medio término” como se le llamaron, ya que servían para evaluar, al cabo de dos años, la gestión del gobierno en curso.
Así llegamos hasta el año 2010. El Dr. Leonel Fernández, a la sazón Presidente de la República, propició una “nueva Constitución” que revocó las conquistas ciudadanas y democráticas del 1994, unificando las elecciones y restableciendo la reelección presidencial intercalada a partir del año 2016.
Ésa Constitución explica por qué el próximo año se celebrarán elecciones en todos los niveles de dirección del Estado y que, en el 2020, las elecciones municipales serán el tercer domingo de febrero. En tanto que, tres meses después, tendrán lugar las presidenciales y congresuales, es decir, el tercer domingo de mayo. A partir de ahí, será igual cada cuatro años.
De manera que el 15 de mayo del 2016, los electores votarán en 48 circunscripciones electorales y se escogerán las autoridades en 158 municipios y 234 distritos municipales (DM), incluyendo sus regidores y vocales.
En 1994 los municipios, en contraste, eran 107; mientras que los distritos no pasaban de 47 y, las autoridades de estos DM, no eran de elección popular directa.
Esta división político-territorial hace que en el lugar más recóndito del país se escojan autoridades por el voto popular, dando la apariencia de una democracia a ras de suelo o generalizada. Pero conociendo cómo se bate el cobre en el país político, se puede anticipar que sólo se democratizarán los conflictos de los partidos políticos en cada uno de estos rincones.
La Ley 55 de Registro Electoral, en su artículo 18, prohíbe la creación de nuevas demarcaciones con fines electorales a un año de la celebración de elecciones. A su pesar, los partidos siempre acuerdan nuevas creaciones para suplir sus apetencias o clientelas. Y en eso están.
De modo que en este contexto, cada vez más enmarañado, se aproxima la hora cero para las votaciones del próximo mayo. Todo ello con el agravante de fondo que establece el Magistrado José Ángel Aquino en su ponencia en el Diálogo de Políticas Públicas:
“Al día de hoy, no contamos todavía con una legislación electoral y de partidos que estén en armonía con los principios de transparencia y equidad que consagra la nueva Constitución del 2010”.
Chúpese ese limón mientras regreso con el tema.