La propuesta del mayor general Rafael Emilio de Luna Pichirilo de que sean considerados, juzgados y sancionados como homicidio accidentes vehiculares en los que se registre pérdida de vidas, provocados por choferes conduciendo bajo los efectos de las drogas o el alcohol, debiera ser de acogida inmediata.
Por años hemos venido alertando sobre la dolorosa sangría que representan los accidentes de tránsito, sobre todo en término de vidas humanas como también de los grandes perjuicios económicos que conlleva y los voluminosos costos para el Estado por la atención prestada a los heridos, muchos de ellos con lesiones permanentes o que exigen largo tiempo de hospitalización y cuidados médicos.
No obstante ser la principal causa de muertes violentas en el país, que cada año se lleva a la tumba miles de vidas, esa situación pasa prácticamente inadvertida para las autoridades que no acaban de adoptar un plan efectivo para ponerle remedio. La misma ciudadanía se muestra indiferente ante la gravedad del problema, mientras en cambio, manifiesta una creciente preocupación por el auge de los crímenes delictivos, pese a que el número de víctimas que estos registran es varias veces inferior. Es como si nos hubiésemos resignado a aceptarlo como un mal inevitable, sin alternativa de solución.
Ni siquiera nos ha restado un minuto de sueño el resultado recién divulgado de una investigación llevada a cabo en el plano internacional, que ha sido de amplia acogida en nuestros medios de comunicación, donde se nos otorga el penoso galardón de ser el segundo país del mundo y el primero en el Continente, donde es mayor la proporción de muertes por cada 100 mil habitantes como consecuencia de los accidentes de tránsito.
La propuesta ahora del mayor general de Luna Pichirilo está avalada por su condición de Director Ejecutivo de la Defensa Civil y la trágica experiencia registrada por él en estos días de asueto navideño y de Año Viejo-Año Nuevo, en que tuvo una participación muy directa en la conducción de los amplios Operativos de Seguridad montados por las autoridades, donde el empeño de sus jefes y miles de voluntarios que participaron en los mismos, tropezó, como siempre, con la cantidad de fatales ocurrencias vehiculares a causa de la imprudencia de choferes y motoristas, muchos de los cuales conduciendo bajo los efectos de una ingesta excesiva de alcohol y en algunos casos, de drogas alucinógenas.
Es hora ya de que salgamos del letargo que hemos venido arrastrando por décadas frente a la reiterada ocurrencia de los accidentes vehiculares y sus fatales consecuencias. Hora de que la sociedad despierte y rechace seguir aceptando como inevitable una situación que en otros países se ha corregido adoptando las medidas necesarias y que las autoridades, de una vez y por todas, asuman de manera responsable su papel como rectoras del tránsito, preservadoras de la seguridad ciudadana y sancionadoras de las infracciones y delitos vehiculares.
Quien provoque accidentes fatales conduciendo bajo los efectos del alcohol o las drogas, sea chofer público, oficial, privado, uniformado o civil debe responder por un delito de homicidio. Pero también quien lo haga al pasarse una luz roja o conduciendo a exceso de velocidad y en forma agravada, si se da a la fuga. Pagar en todos los casos como delito de homicidio nunca será exagerado ni arbitrario, sino un acto de elemental justicia, un freno a la irresponsabilidad y un aporte valioso a la seguridad vial.