El tema del presente artículo se plantea a propósito de los comentarios vertidos por el Defensor del Pueblo Pablo Ulloa, reseñados por los Servicios de Acento.com.do en fecha 02-08-2021, donde abogó para que se le preste mayor atención al tema de la Salud Mental desde el Consejo de la Seguridad Social (CNSS) y propuso revisar este capítulo en ese órgano regulador.
Desde hace casi treinta y un año América Latina ha venido avanzando en el abordaje a la salud mental. La Declaración de Caracas (noviembre de 1990), ha sido el punto de partida para que el modelo pasara no solo de biomédico a biopsicosocial sino a que la atención se centrara en la persona y el respeto a sus derechos. Plantea “que la reestructuración de la atención psiquiátrica, ligada a la Atención Primaria de Salud y en los marcos de los Sistemas Locales de Salud, permite la promoción de modelos alternativos centrados en la comunidad y dentro de sus redes sociales” Anima a “la revisión crítica del papel hegemónico y centralizador del hospital psiquiátrico” y a “la reorganización de servicios comunitarios de salud mental”. [1] Estos enunciados aún hoy tienen vigencia.
El impacto en la Región de las Américas de dicho documento ha sido incuestionable. Los avances logrados debido a ese marco referencial en países como Brasil, Chile, Cuba, Panamá tienen evidencias probadas. En nuestro país, aunque en un principio de manera tímida, la perspectiva en salud mental comunitaria fue ganando adeptos, aunque en la práctica teníamos poco para exhibir (Salcedo, Los Cocos, Guachupita y Gualey). En lo que se refiere al hospital psiquiátrico, se fue disminuyendo paulatinamente la cantidad de camas a la vez que se hacían esfuerzos por habilitar espacios para manejo de crisis en hospitales generales.
A partir de 2015 es que nuestro país hace el primer empeño planificado y consistente para alinearse con la Declaración de Caracas. Las transformaciones alcanzadas a partir de ese momento han sido elogiadas por diferentes sectores. La evaluación que hace la Oficina de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es un claro espaldarazo a la determinación del Ministerio de Salud para transformar los servicios de salud mental; en su Informe de Evaluación de 2019 el profesor Benedetto Saraceno señala: “Los avances de la reforma del sistema público de salud mental en la República Dominicana representan un caso único en las regiones de Centroamérica y el Caribe. En pocos años se han logrado tres grandes objetivos que reflejan las indicaciones y recomendaciones de la OMS/OPS: 1. La transformación radical del hospital psiquiátrico. 2. El establecimiento de camas para casos agudos en Unidades de Intervención en Crisis en Hospitales Generales. 3. La intensa actividad de capacitación de los profesionales de los centros de Atención Primaria. Estos tres importantes logros permiten considerar la experiencia de reforma de la salud mental en la República Dominicana como un modelo de referencia para la región de las Américas”. [2]
El Defensor del Pueblo, los que componen el CNSS y toda la sociedad, debemos estar conscientes que esos logros planteados, si bien necesarios y reconfortantes, no son suficientes. Es mucho lo que falta por construir en materia de salud mental para llenar las inmensas brechas por cubrir. Para hacer exitoso y sostenible un programa nacional de salud mental, se deben seguir los principios del modelo comunitario que tiene como actor fundamental a la Atención Primaria de Salud. En los países, desde Inglaterra hasta Chile, donde se muestran avances significativos en la atención en salud mental es donde hay una red de servicios cuyo centro principal es la atención primaria. [3]
El Defensor del Pueblo, los que componen el CNSS, los Diputados, Senadores y toda la comunidad, debemos saber que sin inversión no puede haber resultados. La mediana del gasto en los Servicios de Salud Mental a nivel mundial es 2,8% del gasto total destinado a la salud. Los países de ingresos bajos gastan una media de 0,5% de su presupuesto de salud en los servicios de salud mental y los países de ingresos altos 5,1%. En las Américas Bolivia ocupa el último lugar de inversión con 0,2%. [4]
La República Dominicana en 2017, con un presupuesto asignado de $735, 603, 752.00 millones para el Ministerio de Salud [5], destinó 4 millones a Salud Mental para un porcentaje de 0,73 %. El segundo más bajo de las Américas. En la actualidad ese porcentaje es menor: se mantienen los mismos 4 millones pero el presupuesto del gasto para el Ministerio de Salud es de $107, 449, 061, 312. [6] A todas luces resulta ser una inversión ridícula, vergonzosa e indignante.
Si se compara la brecha entre la carga de la salud mental y el gasto, el cociente que se obtiene es una mediana de 6,1, lo que indica que la proporción de carga atribuible a trastornos mentales, es 6 veces mayor que la proporción de fondos de salud asignados a la salud mental. De nuevo Bolivia y República Dominicana tienen los números más negativos (72 y 37 respectivamente), muy alejados del 1,8 y 5,7 de Surinam y Panamá, para sólo señalar dos ejemplos. [7]
El llamamiento del Defensor del Pueblo es oportuno y de un gran valor simbólico. Debe servir de inspiración a usuarios y sus familiares, a los que trabajamos salud mental y a la sociedad en sentido general, para accionar nuestra capacidad multiplicadora y hacer de esas demandas un motivo de bien común.
[1] Declaración de Caracas –PAHO https://www.paho.org
[2] Benedetto Saraceno. Informe de Viajes de 2018 y 2019. Ministerio de Salud Pública, República Dominicana. 2019.
[3] Alberto Minoletti y cols “Salud Mental en atención primaria en Chile: Aprendizajes para Latinoamérica”. Universidad de Chile, 2012.
[4] [7] La carga de los trastornos mentales en la Región de las Américas, 2018. OMS.
[5] Informe de Ejecución Inversión año 2017. Ministerio de Salud. 2018.
[6] Ministerio de Salud, Página Transparencia.