A tres (3) años de la toma de posesión del Presidente Danilo Medina Sánchez, es oportuna la ocasión para expresar algunas ideas en relación a los resultados de sus ejecutorias, las ausencias y pendientes para gobernar con transparencia en República Dominicana.
En la última semana he observado con atención los actos, las declaraciones de funcionarios públicos, en torno a los “3 años de realizaciones” del Presidente Danilo Medina y en lo particular me concentré en el análisis, la reflexión de las acciones y políticas divulgadas vinculadas a la transparencia y la lucha contra la corrupción.
En ese sentido, infiero que la sociedad dominicana cruza por una profunda crisis estructural, de descomposición social y desvaloración del ser humano. Esta crisis se profundiza por los niveles de corrupción que permea todo el Estado y la sociedad, corrupción esta que niega los derechos fundamentales de la población e impide la justa redistribución de las riquezas.
La manifestación más visible de la corrupción e impunidad, es el cúmulo de denuncias sin resolver, sin investigar y sin sancionar en todos los ámbitos de la estructura del Estado, el Ministerio Público no investiga y el Poder Judicial no sanciona la corrupción, ni los delitos vinculados a la delincuencia política y desde el Poder Ejecutivo se toman pequeñas medidas básicas para promover la transparencia, que no tocan a fondo el fenómeno de la corrupción, pero se promueven mediáticamente como grandes realizaciones.
A pesar de la magnitud del problema, las estrategias implementadas hasta el momento han resultado poco efectivas y más bien existe la sensación de que el fenómeno de la corrupción ha ganado terrero y que cada día las acciones fraudulentas aumentan, siendo los negocios con el Estado una vía de enriquecimiento fácil.
La impunidad constituye uno de los principales elementos que incitan a la realización de actos de corrupción y promueven una cultura de violación a las leyes, convirtiéndose en uno de los grandes problemas a enfrentar si se quiere hacer creíble la lucha contra la corrupción. El mayor reto del Presidente Danilo Medina es garantizar el imperio de la Ley y el Principio de Legalidad, tan sencillo como eso.
Para analizar y demostrar la ausencia de políticas anticorrupción efectivas, que toque los elementos sistémicos y estructurales de la corrupción rampante y profunda presente en el Estado dominicano, debo indicar que en nuestro país tenemos suficientes disposiciones legales para el control, prevención y sanción de la corrupción, el gran problema es el escaso o nulo cumplimiento por parte de las autoridades responsables de velar por su eficacia, entre ellas, podemos señalar algunos aspectos medulares pendientes en el Gobierno de Danilo Medina, estos son:
Promulgación e implementación del Reglamento de Aplicación, La Ley Orgánica de Administración Pública No 247-12, urgente la revisión de la estructura del Estado dominicano.
Revisión de la estructura salarial, de manera que se pueda garantizar una mayor dignificación de las remuneraciones que perciben los servidores públicos, de ahí se desprende la necesidad de la pronta promulgación del Reglamento de Aplicación de la Ley No. 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano, que hace años debió entrar en vigencia.
Implementación de la Ley de Función Pública No. 41-08, para mantener y defender la discrecionalidad en la designación de los servidores públicos, atendiendo a ningún criterio técnico y solo tener consideraciones políticas, personales y clientelares y con ello la Carrera Administrativa con limitados avances.
Avanzar en el proceso y los pasos encaminados para instaurar en el Estado dominicano las carreras especiales, Docente, Sanitaria, Diplomática y Consular.
Regularizar los contratos de concesión de obras o servicios públicos, se convierten en una necesidad imperiosa, por ser el instrumento jurídico mediante el cual el Estado faculta, a cualquier persona moral o jurídica para diseñar, financiar, ejecutar por su cuenta y riesgo, en un plazo determinado, la construcción, desarrollo, mantenimiento de una obra de interés público.
Promulgar e implementar el Reglamento de Aplicación de Ley 311-14 de Declaración Jurada de Patrimonio.
Impulsar la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, que permita un robusto sistema de consecuencia para el control del endeudamiento público.
Apoyar el ámbito municipal desde el Ministerio de Administración Pública, para la implementación de la Carrera Municipal, donde no se ha aplicado hasta la fecha, la cual debe ser aplicada en los Ayuntamientos y los Distritos Municipales.
Garantizar la independencia funcional y administrativa del Ministerio público, despolitizando sus órganos, funciones e incumbente, avanzar en la Carrera del Ministerio Público, un ente proactivo, firme ante la corrupción, impulsando amplios procesos persecutorios de los delitos contra la cosa pública.
Evitar más retrocesos en el orden democrático e institucional en el proceso electoral considerando la participación del Presidente-Candidato, en búsqueda de un 2do período presidencial.
Ahora más que nunca el movimiento social debe encaminarse a una mayor presión, debe profundizar sus reivindicaciones y métodos de incidencia, pasando de lo formal a lo estructural y sistémico, no podemos retroceder en nuestros esfuerzos de que para lograr el sueño y construir la utopía de una República Dominicana más justa, democrática y próspera.