Creemos que la lucha organizada y consciente
emprendida por un Pueblo colonizado para
restablecer la soberanía de la nación
constituye la manifestación más
plenamente cultural que existe.
Frantz Fanon
Vuelve la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a ejercer presión sobre la República Dominicana y sus autoridades, a sabiendas que, de parte de estas, no encuentran mucha resistencia en la facilitación del paso por la frontera y el establecimiento de más de dos millones de haitianos ilegales en el territorio dominicano.
Es de rigor, y hasta reviste sentido patriótico el referirse a este tema por encontrarse en juego el futuro de nuestra nación, de nuestro territorio, y de nuestros hijos y nietos; por lo tanto siempre que resurja la presión y los argumentos infundados, hemos de estar prestos para, hasta donde nos lo permitan nuestros exiguos conocimientos, llevar al ánimo de los interesados en el tema, lo que entendemos más apegado a la verdad. Porque la verdad es parte esencial que no siempre ha brillado en las disquisiciones del conflicto de marras.
Al imponerse Donald Trump en las pasadas elecciones presidenciales en Estados Unidos, y el posible cambio en la política que hasta ahora ha llevado a cabo el Gobierno de ese país hacia la situación migratoria y fronteriza de Haití y República Dominicana, la CIDH ha vuelto a arreciar su campaña de presión hacia la Patria de Duarte, aduciendo que es “lamentable y trágica” la situación de apatridia de más de 100,000 personas, según ellos “nacidas en República Dominicana”.
Luego de la desaparición del Dr. Joaquín Balaguer y el Profesor Juan Bosch, quienes resistieron con estoicismo y alto sentido patriótico las intenciones veladas del establecimiento de un Estado binacional en esta isla, la República Dominicana viene recibiendo gran presión de gobiernos y organismos internacionales. Los gobiernos haitianos y una infinidad de Organizaciones no Gubernamentales (ONG), han manejado recursos cuantiosos para ponerlos al servicio de esta empresa, recursos que mientras más presión estos ejerzan, más les siguen llegando. Y sucede que para mantener este flujo y hacer que el objetivo último del plan se cumpla, han tenido que recurrir a falacias y al desconocimiento de la historia de las relaciones entre las dos naciones caribeñas.
Recordemos que Joaquín Balaguer no quiso nunca que nuestro país ingresara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que conjuntamente con la Comisión (CIDH), son instituciones del Sistema Interamericano de Protección (SIDH), que supuestamente deben velar por el respeto pleno de los Derechos Humanos, pero donde Washington tiene gran influjo. Sabía el extinto líder, de las intenciones de antaño, no sólo de los haitianos, sino también de las potencias extranjeras que siempre han querido solucionar el problema de la nación de Dessalines (quien arengaba las invasiones haitianas a la parte Este de la isla con el criterio de la indivisibilidad) mandándolos a nuestro territorio. Con Balaguer, estos planes no tuvieron mucho éxito, pero a partir de los primeros años del presente siglo, el flujo de inmigrantes ilegales haitianos ha crecido de manera alarmante.
Tenemos que recordar que un apátrida es una persona sin nacionalidad, hecho que no se verifica en los más de dos millones de nacionales haitianos que se encuentran ilegales en este territorio, y que la constitución haitiana, en el Artículo 11 de la misma, reza: “posee la nacionalidad haitiana de origen, todo individuo nacido de padre o madre haitiana, que hayan nacido haitianos y no hayan renunciado a su nacionalidad al momento del nacimiento”. Este precepto salva a todo haitiano de nacimiento u origen, de la apatridia.
También destacamos la facilidad con la que los haitianos (principalmente luego del terremoto de 2010) cruzan nuestra frontera de unos 388 kilómetros, con la oposición casi nula de las autoridades llamadas a hacerlo, pues el Gobierno teme acciones en su contra de parte de las naciones y organismos internacionales que apoyan la emigración haitiana hacia la República Dominicana.
En ese sentido se debe destacar que a la mayor parte de estos nacionales no se les ha provisto nunca en su país, ni a ellos ni a sus padres, de documentación alguna, por lo que es imposible identificarlos, y así pueden decir que nacieron en cualquier lugar de la isla. Esto es una parte del plan, pueden cruzar la frontera hoy, y mañana estar en una oficialía de estado civil de este país gestionando documentación dominicana, muchos sin ni siquiera hablar el español. Recordemos también que el ex embajador de Haití en nuestro país, Daniel Supplice fue retirado por el gobierno haitiano, por declarar a la prensa que las autoridades de su país eran responsables de que un buen número de haitianos residentes ilegalmente en la República Dominicana no se haya inscrito en el Plan de Regularización de Extranjeros, por no otorgarle documentación a sus nacionales.
Nadie puede exigir a la República Dominicana que otorgue ciudadanía a los hijos de extranjeros ilegales nacidos en nuestro territorio. A los propios dominicanos se les quiere vender la idea de que esto es un desconocimiento a los derechos de estos inmigrantes, pero no se les dice que en el mundo, de 194 países existentes, solo 34 otorgan ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes ilegales, y cada vez es mayor la tendencia a acabar con la ciudadanía automática por nacimiento.
Y continúa el plan, vertiendo una dialéctica internacional mendaz, pero estamos seguros que el pueblo dominicano sabrá, como lo ha hecho en sus mayores epopeyas, sobreponerse y enfrentar los malsanos propósitos, para trillar el camino de la concordia y el progreso.