“La opinión de toda una multitud es siempre más creíble que la de una minoría”-Miguel de Unamuno.
Se hizo una inversión cuantiosa en la compra de los equipos que sustentaron el proceso de votación electrónica. Ese dinero, que se estima, sin incluir los costos operacionales, en más de 1 mil 500 millones de pesos, lo pagamos todos nosotros, la cívica fracción de los ciudadanos que honramos nuestras obligaciones tributarias.
No estamos en desacuerdo con esta herramienta. Cumplidos los requisitos de rigor, es incomparablemente más eficiente que la escabrosa vía del voto físico. Además, potencialmente puede generar un mayor nivel de confianza en la gestión de las votaciones en términos de voto más seguro, rapidez del procesamiento de los resultados y mayor facilidad del proceso de votación en un país donde la mayoría de la población tiene dificultades para asimilar una ecuación de primer grado.
Pero puede ocurrir todo lo contrario, como sucedió con el experimento del pasado 6 de octubre. Una fracción del PLD, ahora convertida en una nueva formación política, sometió a duras críticas el proceso; los ganadores se defendieron y la JCE, como árbitro imparcial que debe ser, respondió oportunamente todos los cuestionamientos.
Es difícil afirmar que el experimento cumplió cabalmente con todos los requisitos de planificación, diseño y seguridad, todos ellos de aceptación global. No hacerlo en los tiempos correctos, puede socavar la confianza en el proceso.
De hecho, en cierta medida, esa confianza está puesta en tela de juicio por el mismo presidente de la JCE. El señor presidente de ese organismo condiciona el uso del voto electrónico en las próximas elecciones a su aprobación unánime por los partidos reconocidos. En estos tiempos, la unanimidad sin desacuerdos no existe. Siendo así, ¿será que estamos a punto de retornar al marcado de las grandes y atiborradas boletas electorales del pasado reciente? ¿Enviaremos a un almacén de desechos tan cuantiosa inversión? Eso sería, además de una vergüenza regional, un retroceso que hablaría muy mal de nuestras instituciones democráticas.
El presidente de la Junta, a nuestro entender, debería estar diciendo otro discurso, más convincente y juicioso, por ejemplo: “aseguramos a todo el pueblo dominicano, y a los partidos contendientes en la próxima disputa electoral, que las llamadas garantías procedimentales del voto electrónico serán observadas de manera oportuna, estricta, imparcial y transparente, como corresponde según la ley. Es nuestra firme convicción de que volver al pasado no es una opción”.
Con ese discurso a estas alturas debería estar hablando de cómo los factores o requisitos que en todas partes acreditan la idoneidad y confiabilidad de la opción electrónica electoral, serán cumplidos en las muy próximas elecciones. Uno de ellos plantea que el sistema sea abierta e íntegramente certificable y auditable, lo cual abarca tanto la solución tecnológica finalmente empleada, como sus componentes de hardware o software. Ello debe ocurrir antes, durante y después de su uso.
Lo anterior está lejos de ser equivalente a una auditoria tardía del sistema por entidades académicas. Esta opción “local” nos retornaría nuevamente a las exigencias iniciales de rigor. Recordemos que esos centros académicos terminaron recomendando que sus “observaciones puntuales” fueran validadas por una entidad competente “a los fines de garantizar la efectividad del proceso”. Siendo así, los resultados de este informe nunca debieron aceptarse en calidad de certificación confiable de tercera parte independiente.
La auditoría de tercera parte independiente, con acreditada experiencia en probar la confiabilidad de estos sistemas, debe ocurrir antes del inicio del certamen electoral (lo cual no se hizo en el sentido estricto del término), durante el proceso de votaciones (cosa que no se hizo en absoluto), y también al final del ejercicio, lo cual estuvo reclamando sin éxito, como última tabla salvación, la fracción saliente del PLD.
Como señala el Instituto para la Demografía y la Asistencia Electoral (IDEA):
“La credibilidad del sistema de voto electrónico depende por completo de un proceso estricto de certificación antes de que sea utilizado, aunado a las auditorías durante y después del proceso electoral, de forma que permita confirmar que los sistemas utilizados son los que han sido certificados y que todos los procedimientos necesarios han sido respetados tal cual fueron recomendados”.
El IDEA puntualiza, además, lo siguiente:
“Un requisito importante para una certificación significativa es que exista una agencia de certificación en la que confíen todas las partes interesadas. Esta agencia debe ser claramente independiente de influencias políticas, de los proveedores y del Organismo Electoral”.
“La metodología y los resultados de la certificación deben ponerse a disposición de todas las partes interesadas, incluyendo a los observadores nacionales e internacionales. Todo sistema de certificación debe aplicarse en relación con un conjunto acordado de requerimientos y normas” (ver: IDEA. Una Introducción al voto electrónico. Consideraciones esenciales. Policy Paper. Diciembre 2011).
Por lo demás, la experiencia universal con el voto electrónico ha impuesto una regla: todos los votos emitidos deberán permanecer en secreto hasta que efectivamente finalice el tiempo programado o extendido (que no fue el caso) de votación, esto, por muchas razones atendibles, como aquella de que puede afectarse en última instancia la decisión de los votantes.
No importa que la parte que cuestionó las primarias perdiera de hecho las batallas iniciadas ante la JCE. Para nosotros lo más importante es lo que esa experiencia enseña: garantía de que se cumplirán de manera oportuna, exacta y pública todos los aspectos procedimentales que envuelve el moderno proceso del voto electrónico.