En la actualidad no resulta extraño leer a diario noticias sobre casos de corrupción, tanto del sector público como en el privado. Esto genera la percepción de un incremento descontrolado de la comisión de actividades ilícitas tales como el soborno, enriquecimiento injustificado y, evasión fiscal, males que ostensiblemente socavan cualquier confianza que pudiese generar en el tan alardeado ambiente de estabilidad política y económica del que dice gozar la República Dominicana.
En un principio, el fenómeno de la corrupción solo se revelaba en los pasillos de las instituciones, empresas, incluso hogares a puertas cerradas. Sin embargo, se ha desencadenado manifestándose en espacios públicos y concurridos como restaurantes, discotecas y bares. La realidad es que, el natural desenvolvimiento que, con apariencia manifiesta, ha calado la corrupción en nuestra sociedad no es responsabilidad del comportamiento de una persona o un colectivo, sino del ignorado deber que tiene la sociedad de asimilar su compromiso con la cultura de la legalidad.
Se requiere un cambio estructural que nos dirija hacia el respeto de la legalidad, pues ésta es el antídoto más efectivo para remediar los infecciosos efectos de las prácticas corruptas. Enfrentar la corrupción y reducir los ámbitos de impunidad no requiere de mucho, solo de interesarnos en participar en los aspectos públicos de la toma decisiones, conocerla ley, respetarla y tener la voluntad de cumplirla, esto generalizará y aumentará el rechazo y condena a la corrupción.
El orden de justicia no solo debe ser exigible para los casos sonoros, sino para todas aquellas actuaciones que, aparentan de poca importancia, pero impactan gravemente al conjunto social. Una muestra de lo anterior, resulta ser la alarmante cantidad de accidentes de tránsitos que ocurren anualmente en nuestro país, indudablemente correlacionada con el entorno de ilegalidad que impera en las vías públicas donde no es posible circular sin observar, a lo menos, un vehículo o motocicleta pasarse en rojo, conducir en sentido contrario o incluso por encima de las aceras, hasta ver a los ciudadanos cruzar la calle obviando el paso de peatón. Fomentar la probidad y la ética en las actuaciones y actividades cotidianas es una contribución invaluable para impulsar la cultura de legalidad que requerimos para combatir la corrupción.
Generar conciencia ciudadana, mediante la educación y la participación, es el necesario trayecto que debemos recorrer para elevar los costos sociales de aquellos que incurran en actividades corruptas y desincentivar la deshonestidad que nos afecta. Aunque quede mucho camino por transitar, se hace imperativo iniciar el camino pues si no asumimos con responsabilidad el cumplimiento irrestricto, mas no ciego, del orden legal, nos será imposible materializar los justos reclamos de transparencia que tan vitales resultan ser para convivir armónicamente y evitar que la democracia dominicana se erosione de manera irreversible.