“Los políticos son iguales en todas partes. Prometen construir un puente incluso donde no hay río” -Nikita Kruschev.
El presidente Luis Abinader anuncia otra promesa más en una situación en que en menos de ocho meses ha gastado miles de millones de pesos, avanzando con firmeza espartana hacia un endeudamiento sin precedentes en la historia reciente de la nación. Más que un gobierno “del cambio” deberíamos calificarlo como “el gobierno de las promesas”, tal y como sucedió con los primeros ensayos de su hermano de sangre en el período 1978-1986.
En realidad, los políticos mantienen su vigencia con ayuda de los ofrecimientos. Ello se ve facilitado porque nadie pregunta de dónde saldrán los cientos de miles de millones de pesos que cuestan las obras, nuevos emprendimientos infraestructurales, asistencias sociales y actos de solidaridad social prometidos.
En cierto modo debemos entender al presidente: cuando uno visita ciertos lugares del país y constata sus penurias materiales, la falta de obras fundamentales, los enormes déficits de fuentes de trabajo y la desorientación de los más jóvenes y desesperanza opresora de los más viejos, no puede menos que vender nuevas ilusiones, aunque tenga los bolsillos vacíos.
Estamos viviendo en una democracia disfuncional para los más pobres y asombrosamente eficiente para un pequeño grupo de ricos que ahora, en muchos casos, son también funcionarios.
Llama la atención la altisonante promesa de esta semana del presidente, la más importante en siete días si no tomamos en cuenta sus amagues de reforma fiscal. Se trata del “Plan General de Reforma y Modernización de la Administración Pública”, anunciada al país mediante el Decreto 149-21. Una propuesta que pretende ser determinación política diferenciadora.
Como sabemos, la Administración se rige por las leyes 247-12 de Administración Pública y la 41-08 de Función Pública, más todos sus reglamentos y resoluciones, directivas y normas conexas. Se trata de un armazón normativo que podríamos calificar de bueno, no importa que muchas de sus disposiciones requieran revisión, enmiendas y actualizaciones. Pero el presidente quiere dejar el legado de una verdadera reforma integral de la Administración para incrementar la capacidad del aparato administrativo, fortalecer la transparencia y el cumplimiento regulatorio, además de mejorar el gasto y la calidad de los servicios públicos.
Cuando un gobierno quiere algo mejor desde premisas falsas, lo que desea bien podría resumirse al final de cuentas en pura demagogia clientelista del peor linaje. ¿Incrementar la capacidad del aparato administrativo? No creemos que sea bueno comenzar con cancelaciones masivas que colocan en cargos importantes a literales ignorantes o analfabetos funcionales, a familiares y amigos, allegados y empresarios conocidos.
¿Fortalecer la transparencia y el cumplimiento regulatorio? No creemos que sea buena idea iniciar con instrucciones presidenciales expresas para el nombramiento de miles de militantes, amigos o sustentadores financieros del PRM en los cargos públicos de todos los niveles. Las cancelaciones señor Abinader afectan miles de familias, sus niveles alcanzados de bienestar por el trabajo, sus planes y horizontes personales, el cumplimiento de deudas contraídas, la formación de los hijos y la Carrera Administrativa que ya no ofrece ninguna seguridad. Ustedes han terminado reafirmando la inutilidad del servicio público abnegado y competente.
¿Transparencia? En este gobierno solo conocemos la exhibida en forma desvergonzada por la joven gobernadora de Montecristi quien aseguró a sus votantes que había llegado la hora de disfrutar el manjar. Una revelación transcendente del concepto que tienen los perremeístas de la conducción del Estado.
No crean que se trata del enfoque personal de esta joven: es un concepto enraizado en la médula de nuestra llamada clase política. Es más que un desliz o un error, es una revelación sincera de la naturaleza depredadora que aflora con fuerza en la fracción de la clase política que hoy gobierna al país. Las diferencias con el pasado son formales. Se refieren a nombres y apellidos, quizás a niveles educativos en algunos casos, no a firmes convicciones sobre lo que debe ser un Estado de Derecho progresivo.
¿Cumplimiento regulatorio? En realidad, estamos asistiendo a violaciones masivas del estatuto de la Función Pública vigente. La Carrera Administrativa es un mito que protege a los servidores públicos hasta que un jefe perremeísta descubre las causales para suprimirla con todos sus derechos. Las cancelaciones sin más motivación que darle paso a los que deben ahora disfrutar del manjar no se parecen en nada a cumplimiento regulatorio. Es un crimen desde los linderos de un falso derecho de los militantes y simpatizantes del partido gobernante (a medias).
Las esperanzas en torno a las promesas surgen de los cimientos de las premisas de partida.
La declaración de “fortalecer la capacidad del aparato del sistema administrativo” ha terminado muy debilitada por el nuevo clientelismo del manjar disfrazado de cambio; la transparencia es solo un término redundante para que las malas prácticas del pasado se justifiquen y permanezcan, y el cumplimiento regulatorio es una burla para los más avezados en estos temas y un paño tibio para un pueblo que lamentablemente sigue inclinado en cifrar esperanzas en las estafas políticas.