Era mayo de 2011 en Chile, y el clamor ciudadano por cambios en el sistema educativo empezaba a cobrar fuerzas. Dicho clamor se fue convirtiendo en un movimiento social que llevó a las calles las marchas más grandes vistas en el país desde antes del golpe de Estado de 1973, y modificó de una manera notoria el estado de la política chilena.
Ante el inicio de las demandas y exigencias del mundo estudiantil y docente, se pronunció el entonces presidente Sebastián Piñera en su discurso de rendición de cuentas, el 21 de mayo de 2011. En su discurso ofreció una gran alianza por la Educación, tratando de tomar ventaja en el tablero, y entre las cosas que propuso estuvo la siguiente:
“Reitero mi voluntad de que la educación siempre sea tratada como una política de Estado. Podremos tener diferencias, pero el futuro de nuestros niños requiere unidad. De lo mucho que se ha hecho, quiero destacar la Beca Vocación de Profesor, que premia a los buenos alumnos que quieren estudiar Pedagogía. Escúchenme bien: todo joven con más de 600 puntos en la Prueba de Selección Universitaria, que quiera dedicar su vida a ser profesor y a educar a nuestros niños más vulnerables, podrá estudiar Pedagogía ¡completamente gratis! ¡Eso es tomarse en serio la educación!”.
De lo demás, ya se sabe. La oferta de Piñera resultó un rotundo fracaso, despertó y alentó con más energía al movimiento social y reconfiguró la correlación de fuerzas políticas en Chile. Su propuesta de inyectar recursos públicos para financiar estudios en todo tipo de instituciones, incluyendo las privadas, reproducía y daba vigor al blanco de los reclamos ciudadanos: que en la dictadura y bajo la supuesta democracia la Educación se había vuelto un negocio y fuente de lucro a costa del esfuerzo de la sociedad, un mercado privatizado alimentado con el erario al que aportan todos los ciudadanos, en lugar de construir un sólido sistema público de Educación, que había sido destruido bajo a la tiranía de Pinochet.
Por estos antecedentes resulta llamativo que en el último año se haya ido colando en República Dominicana la idea de que, con recursos del erario, de ese batallado y conquistado “4%”, se transfieran recursos a centros de educación superior privados, a través de la misma vía que propuso Piñera en Chile, la formación de maestros y maestras. El motivo es seductor, el fondo es nefasto.
A quien primero se lo escuché de su propia boca fue al exministro Carlos Amarante Baret en un foro en la Universidad APEC, y el 16 de agosto de 2016 nos tocó escucharlo del propio presidente de la República, Danilo Medina, casi en los mismos términos que al expresidente chileno antes citado:
“Es por eso que nuestra prioridad en términos de educación preuniversitaria será la formación de docentes de excelencia en nuestras aulas universitarias. A quienes estudien magisterio, les daremos becas para el pago de la universidad, pero también un estipendio mensual para que puedan estudiar a tiempo completo. Para este programa seleccionaremos los mejores estudiantes del país, quienes cursarán un programa de estudio con profesores universitarios nacionales e internacionales del más alto nivel. También reforzaremos a nuestros directores: buscaremos los candidatos de todo el país con mayores habilidades de liderazgo, comunicación y pedagogía y les ofreceremos maestrías en dirección en programas nacionales e internacionales”.
La idea de financiar apropiadamente los estudios para la formación de buenos maestros, maestras y directores es aceptable y plausible, siempre que un programa de esa naturaleza no sirva como canal para, en el fondo, privatizar el sistema educativo, transfiriendo a corporaciones y entidades privadas, ajenas al escrutinio y al interés público, fondos recaudados con el esfuerzo de todos los ciudadanos y ciudadanas que pagan los impuestos y financian los más de 100 mil millones de pesos que se supone son para una educación pública digna y de calidad. El dinero público tiene que ser para la Educación Pública.
Sería calamitoso que, en un país pobre, un pueblo sometido a tantas limitaciones, precariedades y despojos -como ya ocurre con la electricidad, la salud y con las pensiones, por sólo dar un ejemplo-, dinero público financie actividades privadas, constituya fuente de apropiación particular de recursos de todos, teniendo como bandera la “revolución educativa”.
Tal como le dije en persona al exministro Amarante Baret en su oportunidad, debo advertir que el gobierno dominicano más que “dar becas para el pago de la universidad”, debe cubrir de forma adecuada, suficiente y cautelosa los dos poderosos brazos públicos que tiene para la formación de maestros y maestras: la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Instituto de Formación Docente Salomé Ureña.
Cuidemos el 4%, conquista social y esfuerzo de los dominicanos y dominicanas, especialmente de esa mayoría pobre que con su trabajo financia y produce recursos para la educación de sus hijos e hijas. Mucho cuidado con la privatización que, aunque pueda ser lícita, va contra el sentido de una Educación pública y democrática.