Una de las reformas más exitosas que han acometido los dominicanos ha sido la del sistema de seguridad social. Fruto de un consenso forjado durante varios años de diálogo entre los sectores empresarial y laboral, la sociedad civil y todos los partidos, tras 30 años de intentos fallidos por modernizar el viejo seguro social, esta reforma culminó en la aprobación de la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y que fue promulgada el 9 de mayo del 2001, en conmemoración del tercer aniversario del fallecimiento del Dr. José Francisco Peña Gómez, su principal inspirador. Esta ley, que mezcla lo mejor del viejo sistema estatal de reparto con lo mejor del modelo liberal chileno de la capitalización individual de los ahorros del trabajador, constituye, con todas sus imperfecciones, propias de toda obra humana nacida del compromiso entre diversas fuerzas políticas y sociales, un verdadero modelo exportable a la región, si no fuera por ese mal ancestral nuestro y que el Dr. Antonio Zaglul, profundo y genial auscultador del alma dominicana, bautizara como el “complejo de la subestimación de lo nuestro”.
Pese al éxito de esta reforma -evidenciado en el simple hecho de que casi 2 millones de trabajadores cotizan regularmente en sus cuentas de capitalización individual para un total de casi 600 mil millones de pesos acumulados a la fecha e invertidos en títulos valores que generan rentabilidad suficiente para que casi 4 millones de personas afiliadas puedan acceder ahora a las diversas prestaciones (de salud, laborales, etc.) del sistema y los cotizantes puedan retirarse-, hoy, tras años de sostenida difamación contra el sistema por parte de los populistas de siempre, reanimados en tiempos de Covid-19 con la recurrente resurrección del estatismo eterno, pretenden algunos que se ordene el retiro anticipado del 30% de los fondos acumulados por los trabajadores y gestionados por las administradoras de fondos de pensiones (AFP) “para dinamizar la economía familiar en estado de emergencia”.
Ya destacados economistas han señalado las nocivas consecuencias de esta estrambótica propuesta. Aparte de que los trabajadores perderían más de la mitad de lo que recibirían ahora, y que ganarían en rentabilidad promedio gracias a la inversión de sus ahorros que realizan las AFP, este anticipo implicaría la liquidación de fondos invertidos en certificados de inversión del Banco Central que se inyectarían a una masa monetaria que crecería cerca de un 66%, perdiéndose la preciosa estabilidad macroeconómica, base del desarrollo sostenido del país, y erosionándose el valor de nuestra moneda y de lo que recibirán ahora los trabajadores, desatándose un proceso inflacionario mayor que el propiciado por la socialización de las pérdidas de los banqueros a raíz de la crisis bancaria de 2003, que sepultaría el gran legado de estabilidad y crecimiento económico del presidente Danilo Medina.
Es cierto que los fondos invertidos por las AFP son propiedad de los trabajadores. Pero no se trata de un ahorro voluntario, sino de uno obligatorio, derivado de la Ley 87-01 y concreción del deber fundamental de los ciudadanos de “cooperar con el Estado en cuanto a la asistencia y seguridad social, de acuerdo con sus posibilidades” (artículo 75 de la Constitución). Se trata de fondos consignados para garantizar pensiones dignas a los trabajadores. Una devolución anticipada constituiría una perversa malversación y distracción de los ahorros de los trabajadores, que atenta contra el carácter progresivo de la seguridad social (artículo 60 de la Constitución) y pone sobre los hombros de los trabajadores el costo de una crisis económica que debe ser asumida por el Estado y las empresas.
El éxito del actual sistema se mide en los ahorros acumulados y las prestaciones sociales servidas, contrario al viejo sistema de reparto que solo dejó, tras su defunción en 2001, una herencia de grandes deudas económicas y terribles frustraciones sociales. Lógicamente el sistema de seguridad social es perfectible y debe ser mejorado. Hay que orientarse a un modelo económico que conduzca a la formalidad y a empleos dignos, lo que aumentará el número de cotizantes y la sostenibilidad de sistema. Hay que diversificar los riesgos de las inversiones de los fondos y conectar el ahorro de los trabajadores con el desarrollo de la productividad de las empresas, propiciando la inversión en el capital de las grandes empresas dominicanas, lo que, al tiempo que disminuye el costo del financiamiento corporativo y contribuye a la democratización del capital y al capitalismo popular, hará todavía más rentables las inversiones de los fondos de pensiones.