El cine dominicano se debe al trabajo informal de bajísimo salario de trabajadores (técnicos, extras, elenco, etc.), cuyo común denominador es la inseguridad social, que es consecuencia de la informalidad.
Las empresas establecidas que pagan impuestos se sostienen con el sector informal. Tienen una oficina y los trabajadores son ‘contratados’ por jornal.
La ley de cine dominicano, y sus reglamentos, carecen de regímenes que puedan regularizar esta situación que, sin esa formalidad laboral e impositiva, así como de seguridad social, nunca será equitativamente productiva.
Y no es tan difícil. Basta con algunas acciones para implantar mayor dinamismo y estabilidad empresarial y laboral.
Entre esas acciones está la de la responsabilidad social de la ley de cine y de todo lo que se beneficie de ella. De suerte que no exista “tiempo muerto” como se conoce en la industria agrícola, pero donde existen algunas experiencias positivas de inclusión laboral permanente y, por tanto, seguridad social.
Lo que seguiría, o lo que mantendría una industria del cine es el incentivo y la creación de oportunidades para individuos dedicados a la industria como trabajadores y disociar lo que no lo es, es decir excluir a quien está en la industria por simples patrañas político-partidistas y/o amiguismo plebeyo.
Y en las actuales circunstancias ese es un proceso con “asignatura pendiente”.