El 1 de febrero del año 2001 fue promulgada la Ley 28-01, creando una zona especial de desarrollo fronterizo que abarca las provincias Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco.
Mediante ese texto legal se dispuso la concesión de facilidades y exenciones impositivas a las empresas instaladas o que se establecieran en la zona a partir de su entrada en vigencia, por un período de veinte años.
En principio, para muchas empresas resultaba cuesta arriba llegar hasta una región tan alejada de los grandes conglomerados urbanos y de las zonas de alto consumo. Pero desde que algunos descubrieron que algo podría encontrarse comenzaron los reclamos y hasta forzaron algunos reajustes en las concesiones.
Bien sabido es que los asuntos relacionados con el desarrollo reciben especial impulso cuando cuentan con la denominada cuádruple hélice: gobierno, sector privado, academia y población organizada. Pero también está bien claro lo determinante que resulta contar con una base legal.
Además de la Ley 28-01, tres valiosos textos sirven de gran apoyo para las zonas con condiciones como las que caracterizan a la región fronteriza. La Constitución Dominicana, la Estrategia Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible respaldan planes y programas en ese ámbito.
El Artículo 221 de la Constitución establece que “la Ley podrá conceder tratamientos especiales a las inversiones que se localicen en zonas de menor grado de desarrollo o en actividades de interés nacional, en particular las ubicadas en las provincias fronterizas”. Pero también el Artículo 10 “declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la Zona Fronteriza”.
La Ley 1-12, soporte de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, dedica su objetivo específico 2.4.3 a “promover el desarrollo sostenible de la zona fronteriza”. En ese sentido plantea líneas de acción orientadas a “diseñar e implementar proyectos para el desarrollo integral de la zona fronteriza, tomando en cuenta su especificidad geopolítica, cultural, ambiental y socioeconómica”.
Otras líneas de acción están encaminadas a “fortalecer la capacidad productiva a fin de impulsar la auto-sostenibilidad de las comunidades fronterizas”, y “fomentar el desarrollo del comercio fronterizo, dotándolo de los servicios e infraestructuras logísticas necesarias”, entre otros aspectos.
A nivel internacional, en el 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030, sobre el Desarrollo Sostenible. Ese documento está considerado como una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino orientado a mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás.
La Agenda cuenta con 17 objetivos de desarrollo sostenible, conocidos como los ODS. En el objetivo 10 se propone “reducir la desigualdad en y entre los países”.
Entre las metas para ese objetivo destacan “lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional”, así como “adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad”.
Pero ante todas estas disposiciones y a menos de tres meses para que perima la Ley 28-01, una especie de “cúcara mácara” se percibe en torno a ella. Desde “aprueba por aquí y disimula por allí” hasta “aplícale suero de miel de abeja a eso”, pasando por “dale suave que es bolero”, se siente con respecto al referido texto.
Ya se ha ido haciendo costumbre que “papeleta mate a menudo”. También es muy usual encontrar gente que “donde dijo digo, diga Diego”. Y también se sabe de otras muchas acciones chapuceras conocidas y por conocer.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible pasarán revista en 2030. La Estrategia Nacional de Desarrollo también apunta a ese año. En el 2024 se debe pasar revista a las acciones de quienes conducen la “cosa pública” en nuestro país.
Pero hay dos situaciones que no pueden esperar a tanto: el medio millón de personas que viven en las provincias fronterizas dominicanas, y la estampida que ocurriría en la frontera si se deja de contar con una Ley como la 28-01.
Los congresistas y el gobierno central tienen medio millón de razones para tomar, de manera oportuna, una decisión que garantice dinamismo económico, construcción de capital social y desarrollo sostenible en la región fronteriza.