Reducir la mortalidad materno-infantil, fortalecer la atención primaria, actualizar el catálogo de medicamentos y promover la autogestión hospitalaria
La ministra de Salud Pública, Dra. Altagracia Guzmán Marcelino, ha dado pasos en la dirección correcta de acuerdo a las leyes 42-01 y 87-01. Anunció que su prioridad es reducir la mortalidad materno-infantil. En adición, en el Almuerzo de Grupo de Comunicaciones Corripio, declaró que los médicos de familia y los médicos generales estarán al frente de los Centros de Atención Primaria (CAP) del Ministerio.
Siempre he criticado que los centros primarios estén a cargo de médicos pasantes, lo que ha desnaturalizado su rol, dado el carácter transitorio de estos médicos, su asistencia irregular y su falta de arraigo y compromiso con la comunidad. En adición, los centros no contaron con el instrumental, los insumos y medicamentos mínimos del primer nivel de atención. Tampoco estuvieron articulados funcionalmente a la red del segundo y tercer nivel.
Al parecer, la respuesta gubernamental es la construcción de “50 centros de diagnósticos con alta capacidad resolutiva”. Pero la mayoría de las provincias sólo contarán con uno, lo que requiere de una ubicación estratégica para asegurar comunicación y transporte permanente con los CAP. En resumen, los viejos CAP eran centros para pobres, no tuvieron impacto en la salud, y fueron considerados como una pérdida de tiempo.
La Dra. Guzmán Marcelino y su equipo, señalaron la importancia estratégica de los centros de atención primaria. Reconocieron que “el 80% de los problemas de salud se resuelven en este nivel”, lo que descongestiona los hospitales. Esos son pasos de avance. Sin embargo, no hubo ninguna referencia sobre la aplicación de la misma receta al Régimen Contributivo, como dispone la Ley 87-01 de Seguridad Social, donde existe resistencia de las clínicas privadas.
Otra buena noticia es que el Ministerio actualiza el catálogo de medicamentos del Plan Básico de Salud (PBS); y que “promoverá el uso de fármacos genéricos, de probada calidad”, con lo cual el país “podría ahorrarse 170 millones de pesos al año”. Esta es una de las principales demandas de los afiliados al SDSS.
La ministra reconoció que el modelo de autogestión de los hospitales funciona. “Ellos contratan y cancelan a su personal; eso es separación de funciones”, pero al mismo tiempo señaló que trabajan para asegurar una mayor regulación y supervisión de los mismos. De acuerdo a la Ley 87-01, la separación de funciones de Salud Pública es esencial para mejorar la calidad de los servicios y elevar la satisfacción de la gente.
Por otra parte, se informó la existencia de costosas irregularidades y la necesidad de una mayor transparencia en el manejo de los recursos. Puso de ejemplo, la asignación millonaria de medicamentos de alto costo a un solo paciente, y la permanencia en nómina de decenas de empleados fallecidos, y de otro tanto de residentes en el exterior.
Estas prioridades van en la dirección correcta. Conociendo la austeridad que la caracteriza, no cabe dudas de que la Dra. Guzmán logrará elevar la eficiencia del Ministerio. Aun así, dudamos que pueda avanzar en sus prioridades con la celeridad requerida, dado que este año Salud Pública recibirá menos del 2.0% del PIB, y su nómina consume las tres cuartas partes del presupuesto asignado. No obstante, Seguridad Social para todos espera que estos esfuerzos den sus frutos. Mensaje 071. ADS/29/01/2015