El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ha revelado que llegó a un acuerdo con la inefable empresa brasileña Odebrecht, a través del cual esta se compromete a realizar la declaración total y absoluta de todo el dinero que por concepto de soborno repartió en una docena de países, así como a pagar una multa de Dos Mil Seiscientos Millones de Dólares de los Estados Unidos de América, suma que no cabe en este articulo, si le ponemos todos los ceros que lleva.
Dentro de estas declaraciones surge como una pieza clave los sobornos pagados en la República Dominicana, los cuales preliminarmente llegan a la nada despreciable suma de Noventa y dos millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$92,000,000.00) suma que en pesos a la tasa oficial llega al extraordinario monto de cuatro mil millones doscientos setenta y ocho mil pesos dominicanos (RD$4,278,000,000.00) suma de espanto si tomamos en consideración que cada día este país se inventa un préstamo nuevo hasta para hacer letrinas.
A Brasil le será entregada aproximadamente el 70% de la suma recuperada por concepto de multa, así como también los empresarios y corruptos presos en dicha nación, han llegado a acuerdos para devolver una gran parte de los montos objeto de dichas “indelicadezas”, lo que constituye un hito en la justicia latinoamericana de todas las épocas.
En nuestra amada Quisqueya, la Procuraduría General de la República emite un comunicado por el cual afirma que no ha sido informada oficialmente por la justicia de los Estados Unidos de todo cuanto se ha publicado y ya es oficial en la página web del Departamento de Justicia de la nación del Norte. Esta declaración además de vergonzosa, da pena y constituye un anuncio claro de lo que va a pasar con esta grave afirmación realizada por el agente activo de la infracción: El Sobornador.
El Procurador General de la República aparentemente no lo sabe, pero el Código procesal penal, le permite con la existencia del “simple rumor publico” iniciar cualquier investigación que dé lugar a la comprobación de la existencia de un crimen, en este caso tan grave como la desviación de una suma tan extraordinaria que implica una cantidad de dinero superior a la asignación presupuestaria anual de cualquier institución del Estado Dominicano, lo que nos debe importar desde el propio Procurador hasta el más humilde de los dominicanos.
Le sugiero humildemente al Ministerio Público, al Pepca, y a quien quiera casarse con la gloria como lo han hecho los fiscales y jueces brasileños, que requiera al Departamento de Justicia estadounidense, y a La Procuraduría General de Brasil, o al funcionario que corresponda, una instancia o demanda de cooperación internacional que establezca con pelos y señales, a quien y a quienes fueron pagados estos sobornos, fechas, montos, cuentas y destino de los fondos, y que a partir de este momento se inicie un juicio serio con todas las garantías para los “honorables imputados” señalados tan injustamente y cuyo listado obra ya en manos de todos quienes han querido tener conocimiento de este tema que ha causado la compra extraordinaria de antidiarreicos, como Prodom entre otros.
Permitir que una situación tan escandalosa pase por debajo de la mesa, sin que se haga una investigación seria, que comprometa la búsqueda absoluta de la verdad seria hacer un flaco servicio a la Nación, y peor todavía, no asumir con responsabilidad un cargo que ha sido ganado con “meritos propios.”
Juan 8-32 establece: “Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres”, sabias palabras repetidas por nuestro libertador Juan Pablo Duarte, palabras que en la República Dominicana, entre líos de faldas y meritos dudosos, lambiscones, picas y picas y correveidiles, estulticias encumbradas y “chapiadoras” profesionales, se han derruido como barra de hierro tirada en un charco inmundo.
La Justicia dominicana le debe al país una respuesta. La esperamos pues.