Una de las decisiones que debe tomar un profesional de la psicología clínica y/o de la salud es el monto a fijar por los servicios que presta. Siempre les recomiendo a mis exalumnos explorar las tarifas que existen en el mercado y que opten como principiantes por una de promedio bajo o “asequible”. Y que luego, revisen en función de su formación y la experiencia acumulada, las que no solo agregan valor a la calidad del servicio que se entrega, también deben reflejarse en ese retorno el tiempo y los recursos invertidos en estudios.

La formación de grado, cursos especializados, maestrías, doctorados; la participación en congresos, la investigación y las publicaciones, implican disponer de recursos propios, pues no todos tienen la dicha de ser elegidos para becas parciales o totales, y es bien sabido que los proyectos de investigación en ciencias sociales y humanidades, así como las publicaciones no están contemplados en los fondos dedicados a esa actividades académicas.

En nuestro mercado, el tarifario de la consulta clínica de la psicología es muy variado. El rango inicia alrededor de los 1,500 pesos y puede sobrepasar los 200 dólares por sesión. La evaluación psicológica es más costosa, tanto por las destrezas necesarias en el evaluador -que igualmente requieren tiempo y dinero para desarrollarlas-, como por los tipos de pruebas a incluir en la batería para evaluar lo que se necesita con fines diagnósticos y de tratamiento. Las pruebas psicológicas tienen también propiedad intelectual y la ética del ejercicio profesional nos manda a utilizar las originales para respetar dicha propiedad. Así, se puede evaluar a una persona con pruebas estructuradas (inventarios, escalas, cuestionarios) o proyectivas (de papel y lápiz, láminas u otros materiales); y explorar personalidad, inteligencia, estados de ánimo, manejo emocional, entre otras. Los costos varían entre 10 mil y 40 mil pesos, siempre dependiendo del tipo de exploración que se haga.

Sabemos que el área de salud mental ha estado excluida de la cobertura de los planes de las ARS (aseguradoras de riesgos de salud), lo que vulnera un derecho tan importante para las personas y para la sociedad en general.  No contar con servicios de psiquiatría, psicología ni psicofármacos en la canasta básica de los servicios no solo afecta la calidad de vida de quien sufre, también de sus familiares y relacionados, y del sector laboral, que necesita de ciudadanos con un mínimo de  bienestar en salud para ser más productivos y reducir el ausentismo ocasionado por el malestar psíquico.

Conviene llegar a un acuerdo razonable con las ARS para incluir entre sus prestaciones los servicios de psicología clínica y de la salud, que tanto necesita la población, y establecer una escala de precios de acuerdo a la formación y experiencia de los profesionales acreditados para entregarlos, cuyo requisito mínimo es un nivel de maestría en el área. Esa formación sumada a los años de experiencia y a la acreditación periódica que corresponde formular al Colegio de Psicólogos, deben garantizar la idoneidad de los expertos. Y éstos, tienen el deber de brindar servicios de calidad, éticos, responsables y humanizados; con apego a los principios del modelo que se sigue y con plena conciencia del uso de las técnicas y herramientas que ofrece. Los gerentes de la salud y las ARS deben reconocer que la consulta psicológica dura aproximadamente una hora, a diferencia de la consulta médica que en ese mismo período de tiempo puede atender varios pacientes. Asimismo, la evaluación psicológica requiere de un mínimo de dos horas y hasta tres encuentros.

Vale destacar que hay malestar psicológico que puede subsanarse con unas cuantas sesiones de psicoterapia; otros necesitan un plan de intervención más largo; y un grupo menor también necesitará atención psiquiátrica y farmacológica. En todos los casos se requiere garantizar la debida atención desde el Servicio Nacional de Salud, las ARS, y los programas del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Todo ciudadano que necesite de esos servicios de salud mental debería poder recibirlos más allá de su condición económica.