La realidad dominicana es que no tenemos resultado alguno por el pago de nuestros impuestos. La mayoría del pueblo trabajador, los contribuyentes, somos abusados y explotados con ausencia de nuestros derechos.
Ninguno gobierno a resuelto las necesidades básicas: salud, medioambiente sano, educación, ciencia y tecnología con Internet gratuito; justicia, seguridad, empleos y oportunidades para desarrollar talentos; producción agrícola, avícola y ganadera; agua, viviendas, transporte, seguridad social, calidad de vida, equidad, derechos, patriotismo y libertades protegidos; con justicia social y orden para todos. En 171 años de vida republicana el pueblo dominicano ha sido traicionado por los políticos y autoridades gubernamentales y los que podrían ser excepción fueron efímeros.
¿Entonces, para qué pagamos nuestros impuestos?
¿Hasta cuando toleraremos ser violados?
Debemos exigir política con propósitos de bienestar colectivo con calidad vida para todos y una administración pública éticamente saludable.
Cuando elegimos practicar la honestidad y la ética en nuestra trayectoria de vida, basada en principios y valores, debemos tener claro que obtener nuestras necesidades es tan difícil como sobrevivir en una guerra convencional. En República Dominicana el mérito es un riesgo.
Desde el inicio de las primeras sociedades organizadas conocidas en la historia humana los grupos de poder y autoridades designadas, elegidas o heredadas han trabajado para el lucho y acumulación de riquezas sin importar costo o daño a las poblaciones, recursos naturales y diferentes ecosistemas que garantizan la supervivencia en el planeta.
Cada proyecto cada gasto cada plan cada ley cada constitución modificada solo tiene un objetivo usar a su beneficio los cuartos públicos y los recursos naturales, así como, la ignorancia, la pobreza y cada acción de los grupos de poder y de las autoridades estales formales en sus tres poderes sirven o se suman a este objetivo.
Me encantaría ver reducidas las causas de mis criticas y reclamo, pero cada día se aumentan las razones de indignación y criticas por la ausencia de respuestas y soluciones a las demandas de las necesidades básicas que se convierten en múltiples problemas sociales que permanecen desde siempre y están cada vez peor.
El pueblo debe entender que vivimos en una guerra asimétrica o irregular constante, en donde los principales enemigos del pueblo soberano, con esa soberanía usurpada, son los actores de los grupos de poder y los funcionarios del Estado, los cuales violan todo, traicionan todo, engañan a todos, mienten a todos, roban a todos, contaminan todo, empeñan todo, enferman todo, destruyen todo, como los más siniestros o perversos monstruos depredadores.
El estado ha debilitado sus estructuras de poder institucional, y se ha subordinado a las mafias los funcionarios son socios y miembros del crimen organizado. De igual manera los grupos de poder fáctico se integran a este entramado criminal. Ya no tenemos actores representantes confiables que cumplan los lineamientos institucionales del Estado, como lo mandan la Constitución artículo 7 y 8 y cada ley orgánica o institucional en que se fundamentan sus roles y funciones esenciales para el bien colectivo.
Cada funcionario elegido o designado violenta sus principios de juramento y las leyes a las que se deben, subordinándose a las mafias que controlan todo en lo publico y lo privado. A costo del futuro y bienestar del pueblo usurpando su soberanía y traicionando su confianza y lealtad debida. Como el Estado no cumple su rol cada quien decide buscar o suplir de manera individual sus necesidades básicas y se en riesgo poder colectivo.
No puede existir un desarrollo humano sano y exitoso con calidad para todos, si no hay garantía de derechos y libertades basados en el cumplimiento de la ley.
Desde nuestros orígenes como sociedad dominicana hemos sufrido la injusticia de la justicia. Defendamos el derecho que tenemos todos y todas de tener una sociedad menos injusta.
Tal como lo define Wenceslao Vega en su libro Historia del Derecho Dominicano: “El derecho, como superestructura impuesta por la clase que detenta el poder, sirve solo a los intereses de esa clase, por más democrática y humanitaria que parezca la legislación. Cuando la Ley claramente tiende asegurar esos intereses, su letra es obedecida por los encargados de aplicarla, pero cuando ella perjudica el dominio de esa clase, sus jueces y gobernantes se encargan de tergiversarla o tomarla en letra muerta”
Dios les bendiga hoy y siempre Pueblo Dominicana.