México acaba de enterrar sus muertos por dos terremotos. En el Caribe están enterrando sus muertos como consecuencia de un ciclo de huracanes y de tormentas tropicales. La realidad es que, tanto el ámbito urbano como rural están expuestos a desastres naturales provocados por huracanes o ciclones, terremotos, tsunamis, tifones, tornados, tormentas tropicales, los fenómenos del niño y la niña. Todas estas manifestaciones de la naturaleza impactan muy negativamente al ser humano. Miles de personas en el mundo mueren y sufren por los efectos fenómenos naturales. Hay catástrofe. Miles de millones de dólares invertidos en recuperación, cuya capacidad de respuesta depende del desarrollo económico de cada país, de la voluntad política y de la responsabilidad social. Los países con mayor PIB y los más responsables con visión proactiva, los de más bajos ingresos e institucionalmente desorganizados, como República Dominicana y similares en el mundo, con visión reactiva; la cual es la plataforma que soporta el fracaso en la política de gestión de riesgos.
En 1946, con una sociedad rural, la República Dominicana sufrió un terremoto de magnitud 8.0, dejando más de 20 mil personas sin hogares. Hemos tenido huracanes (Hilda, Flora, Inés, David, George, Etc.) y tormentas tropicales demoledoras para la agricultura, la infraestructura residencial y vial. Muchas muertes y pérdidas materiales no impactan por igual a pobres, clases medias y ricos. La desigualdad e inequidad social se profundiza. El sufrimiento adquiere un ribete que bordea la exclusividad para los más pobres. La amenaza de los factores naturales del riesgo sísmico y de las inundaciones es recibida de modo muy desigualdad. El déficit en cantidad y calidad de las viviendas es causa de las muertes, angustias y sufrimientos de aquellos que viven en entorno de ríos y cañadas, y en la misma centralidad urbana. Hay muchas lecciones aprendidas que han servido muy poco para ejecutar decisiones públicas por parte de ayuntamientos y Gobierno central en la asignatura del ordenamiento territorial.
El ordenamiento territorial, es cómo la organización de los bienes físicos, naturales y de las personas determinada por estudio, qué más luego se diseñan y aplican como normativa. Es decir, que el gobierno oriente y ejerza autoridad sobre las personas para que construyan en el territorio dónde se debe y no donde se quiera de modo unilateral. Que dejen de utilizar el territorio según su decisión personal. Este, es un déficit que acompaña la visión reactiva.
La política de ordenamiento territorial es muy frágil, por no decir nula. El uso de suelo se maneja de modo discrecional e irresponsable. No siempre es el río que ocupa la ciudad, son los asentamientos humanos que ocupan el espacio del río, y con tolerancia de la autoridad pública local y nacional.
La expansión territorial irracional y sin control público deviene en oportunidad para asentar o localizar poblaciones en lugares caracterizados por muchos riesgos. Las frecuentes inundaciones de poblados, barrios, comunidades responden a la inexistencia de ejercicio de autoridad en el control del uso de suelo urbano y rural. Los ayuntamientos, como responsables de la gestión del uso de suelo y de autorizar dónde se construye tienen una alta responsabilidad en los desastre y catástrofes humanas. Compartida esta responsabilidad con el Ministerio de Obras Públicas, entidad que certifica planos de construcciones públicas y privadas. La irresponsabilidad pública toca fondo cuando las propias autoridades reasientan las poblaciones en lugares o territorios atacados por los huracanes y bajo muchos riesgos sísmicos. Reasientan en la ribera de ríos y cañadas, a zonas en peligro de derrumbamiento. También, se construyen escuelas con localización en puntos geográficos con altos riesgos.
Por su lado, en República Dominicana no existe un ayuntamiento que tenga ordenado el territorio bajo la lógica de gestión de riesgos y cambio climático. Y de los 6 ayuntamientos de 158 a nivel nacional, según levantamiento realizado en el 2014, que disponen de instrumentos de ordenamiento territorial, unos los tienen archivados, otros lo aplican a media y otros lo utilizan a conveniencia.
La perspectiva deberá ser actuar bajo un enfoque sistémico y holístico, en el cual se combinan políticas de prevención y fortalecimiento de la capacidad de respuesta. La prevención incorpora diseño, ejecución y supervisión de planes regionales y municipales de ordenamiento territorial; la formación en gestión de riesgos y cambio climático en escuelas y universidades, para gradualmente construir cultura cívica ciudadana sobre comportamiento ante desastres naturales; tomar decisiones de proteger poblaciones vulnerables, el desarrollo de proyecto de relocalización de asentamientos al estilo Barquita Nueva. La prevención siempre requiere costo, como en salud, pero mucho más económica que la cura del cáncer de la desprotección ciudadana. La capacidad de respuesta es clave para superar la visión reactiva y avanzar a modelo proactivo. La construcción de capacidad de respuestas siempre debe incorporar salida de la pobreza en que se encuentra el sector de gestión de riesgos. Las entidades de protección civil disponen de planes sin presupuestos; las comunidades carecen de tecnologías acordes con la demanda del riesgo; sus recursos humanos viven en las mismas condiciones de pobreza de las personas que deben proteger ante los desastres; la Administración Central tiene propuestas sobre la reducción del impacto del cambio climático, pero las instituciones del sector carecen de medios y soportes financieros para estudios e investigaciones.
Combinar prevención y capacidad de respuesta es clave para el éxito. En contrario, seguirán los organismos de protección civil anunciando huracanes y tormentas; pero cuando llegue el terremoto será tarde, y recogeremos nuestros muertos y se harán análisis de la necesidad de ordenar el territorio, reglamentar para la construcción sismo resistente y proteger los puntos geográficos más vulnerables.