En términos muy sencillos, la institucionalidad hace referencia a la existencia y observancia de unas  normas que se corresponden con la naturaleza de la entidad a que nos referimos. Estas normas, que se supone que siempre deben ser observadas por las autoridades de esas instituciones, permiten una cierta previsilidad del comportamiento de instituciones y autoridades por parte de los actores externos a las mismas.

Por ejemplo. Sabemos por la naturaleza de la institución "universidad" las funciones que debe desempeñar, sus actores fundamentales, los valores que deben estar presentes en todas sus actuaciones, así como en sus autoridades y demás miembros. Cuando las cosas no suceden como deben suceder, decimos entonces que se está violando la institucionalidad. Se está procediendo contrario a lo que las normas indican. Por eso algunos definen la institucionalidad como "la rutinización de las normas".

En lo que respecta al Estado y sus órganos, en la Constitución y las leyes están las normas que definen su naturaleza, competencias y procedimientos para su desempeño. Representan el marco de su institucionalidad. Pero una parte fundamental de ésta descansa en el comportamiento de las autoridades, electas o designadas. La institucionalidad no descansa, solamente, en el marco jurídico y reglamentario, sino que tiene que ver, y mucho, con el proceder de quienes dirigen los órganos del Estado.

Otro factor importante en tema de la institucionalidad es la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las instituciones y de sus autoridades. Quizás por eso fue que el Presidente de la República designo al 2011 como el "Año de la Transparencia y la Consolidación Institucional".

¿Qué estamos presenciando?

Con sus silencios e insinuaciones, el Presidente Fernández da lugar a pensar que busca o propicia la violación de la nueva Constitución respecto al tema de la reelección. Frente a los allegados que la promueven en ningún momento ha señalado que está prohibida por la Constitución.

Los legisladores, muchos de ellos participantes en la Asamblea Revisora que aprobó la nueva Constitución, con interpretaciones violatorias al texto, hacen de la Constitución "un pedazo de papel". Eso ocurrió en la Cámara de Diputados cuando se aprobaron las observaciones del Presidente de la República a la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura sin el voto favorable de las dos terceras partes de los presentes, como manda la propia Constitución cuando se trata de una ley orgánica.

Vemos también a  miembros de las fuerzas armadas, policías y pertenecientes a fuerzas de seguridad e inteligencia del Estado y del organismo antidroga, cometiendo los delitos que deben prevenir y perseguir, convirtiéndose en delincuentes.

Recibimos, con cierto estupor, la confesión desde la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa que es muy poco lo que se puede hacer contra la corrupción por falta de recursos y porque la política anticorrupción está diseñada para que no llegue a los actores políticos.

Presenciamos que las instituciones no funcionan para lo que fueron diseñadas. Gran parte de los funcionarios  utilizan el poder para beneficio propio o de allegados. Quienes juran al asumir el cargo "cumplir y hacer cumplir las leyes" son los primeros en violarlas, incluyendo la Constitución misma.

Esta situación de deterioro o prostitución institucional me hizo recordar a un viejo profesor que al inicio de la carrera de Ciencia Política nos advirtió en la cátedra de Teoría del Estado, que el funcionamiento de las instituciones, conforme a su naturaleza y la previsibilidad de sus actuaciones, es decir, la institucionalidad, descansa en un simple supuesto: "no hay que vigilar a los vigilantes". Cuando hay que vigilar a los vigilantes todo está perdido.