Por ser un asunto que entendemos que amerita de la atención urgente de toda la sociedad mundial, y especialmente de toda Latinoamérica, siendo un fenómeno que alcanza en la actualidad dimensiones alarmantes, dedicamos estas cuartillas al engorroso tema de la corrupción.
En la sociedad en que vivimos, la corrupción se manifiesta cuando alguien que asume de manera voluntaria la posición de toma de decisiones que repercuten en el conglomerado, defrauda su compromiso adquirido de actuar según las normas establecidas.
En otras ocasiones nos hemos referido en el sentido de que la corrupción se entiende como el abuso autoritario del poder, llegando incluso al ejercicio tiránico del mismo. Esto se refiere específicamente a la corrupción política pero aquí queremos enfocar el tema visto por diversas aristas, por lo tanto, nos disponemos a ver el fenómeno desde el ángulo de lo material. En tal sentido, viéndola de manera general se ha definido la corrupción administrativa como “toda conducta que se desvía de los deberes normales inherentes a la función pública debido a consideraciones privadas tales, las familiares, de clan, de amistad; con el objeto de obtener beneficios personales en dinero o posición social”. O también como “cualquier violación del interés público que persiga ventajas especiales”.
Las infracciones más comúnmente llevadas a cabo por funcionarios y empleados públicos son el desfalco, el soborno y la prevaricación. Esta última, la define Henri Capitant como “un término genérico con el que se designa un conjunto de infracciones calificadas como crímenes cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones”. Y pone como ejemplo: “sustracciones cometidas por los depositarios públicos, concusión, y falsedad en escritura pública”.
En la República Dominicana como en muchas otras latitudes se vienen dando manifestaciones sociales de denuncias, reclamos, y protestas exigiendo el combate al fenómeno, y que las autoridades llamadas a ello, sometan a la acción de la justicia a los corruptos. Pero no percibe el pueblo una verdadera intención que de al traste con el enriquecimiento ilícito de los corruptos que han existido históricamente en los distintos gobiernos que se han venido sucediendo en la República Dominicana.
Y es el cuento de nunca acabar, pues no es un problema nuevo en nuestro país. Tampoco se manifiesta únicamente en la esfera gubernamental, sino que en el sector privado es común, y como manifestaciones de esta podemos echar manos de muchos ejemplos de ejecutivos de bancos y empresas que han defraudado las mismas, y que el pueblo los conoce muy bien, si no por la judicialización de sus casos, por el repudio general de la sociedad. Pero queda claro que el pueblo piensa de inmediato, cuando se habla de corrupción, en el ámbito de la función pública. Y preferimos tratar el tema sin contaminarlo en pro de objetivos políticos.
Los entendidos en la materia se muestran contestes de que mientras más poder y mayor monopolio de la decisión pública tenga un gobierno, así como, mientras menor contrapeso político tenga aquel; menor obligación de dar cuenta tendrán los funcionarios, y mayor arraigo tendrá la corrupción, sea en un régimen democrático o de fuerza. Recordemos la famosa frase de Lord Acton que decía: El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente.
Este primer artículo de una serie de tres aborda este tema motivado porque al parecer, la sociedad dominicana experimenta un cambio. Se percibe que los ciudadanos comienzan a dejar de ver la corrupción como algo habitual, generalizado, y natural. Da la impresión que una vez por todas una gran parte de los dominicanos empiezan a entender que llegar al Estado no es sacarse la lotería, y de la noche a la mañana convertirse de pobre, a rico y todopoderoso; que los funcionarios públicos están sometidos al escrutinio público cuando hay sospechas de actos dolosos de prevaricación, desfalco, y sobornos o cohecho; pues ya existen diversos mecanismos además de los tradicionales, a las manos del ciudadano para elevar su voz de reclamo y denuncia, en los que destacan las redes sociales.
Y seguirán las denuncias, las protestas y manifestaciones del pueblo que se preocupa por su derrotero. Lo que está por verse es si la impunidad seguirá por sus fueros, si seguiremos viendo jueces vendidos al mejor postor, y si, las instancias de procuración y administración de justicia seguirán estando al servicio de los intereses políticos y económicos.
Y seguiremos nosotros con nuestra preocupación, tratando en la siguiente entrega el tema de la impunidad cuando esta se da la mano con la corrupción.