Hace un par de días inicié este escrito con la intención de redactar el enfoque jurídico que contradice lo expresado por la Lic. Yeni Berenice Reynoso, en su ya famoso auto de archivo de la querella interpuesta por el Licdo. Guillermo Moreno contra Funglode y el Dr. Leonel Fernández; sin embargo, debido primero a que ya he leído varios muy buenos análisis a este respecto y segundo a que con lo que no estoy de acuerdo es con la valoración de la funcionaria que hace la mayoría, he preferido escribir sobre las razones por las cuales considero que cualquier ataque directo contra el valor ético de la representante del ministerio público, no importa de donde venga, no constituye una falta de respeto a la autoridad de la funcionaria, que por estar percibiendo un ingreso pago con los impuestos de todos, queda sujeta a la opinión de los dominicanos por todas y cada una de sus actuaciones.
Vale resaltar de entrada que la corrupción es un flagelo que preocupa a las estructuras administrativas del mundo moderno, no es un tema privativo de la República Dominicana y que en principio se trata de un fallo en la disciplina personal muy propio de las sociedades de consumo donde predominan la codicia, los prejuicios sociales y la falta de honestidad. En este sentido, entendemos que aquellos funcionarios públicos que sucumben a los encantos del poder, del dinero o de cualquier otro elemento externo, para dejar de realizar las funciones para las cuales fueron designados adolecen de ser corruptos y como la única forma de determinar el valor de un servidor público es a través de sus decisiones públicas, no nos queda otra alternativa que juzgar a la Lic. Yeni Berenice Reynoso a partir de las mismas.
Muchos opinantes en este caso no se encuentran de acuerdo con la decisión y citan expedientes como el de Enron, donde altos ejecutivos de esta firma terminaron sentenciados y cumpliendo condenas no obstante la prestancia social de los mismos; o el de los expedientes que ha llevado frente a la justicia en sus respectivos países a dos directores del Fondo Monetario Internacional, especialmente el de Christine Lagarde, así como el de la investigación que actualmente se ventila contra la Infanta Cristina de España, que no ha escapado el escrutinio público, ni siquiera por ser la hija de un rey; sin embargo, los mismos tratan con manos de ceda a la funcionaria dominicana y luego se preguntan las razones por las cuales en este país los funcionarios hacen lo que les parece y se salen con las suyas sin que les ocurra nada.
La respuesta es sencilla, mientras los dominicanos continuemos haciéndole culto a las posiciones y mirando a los funcionarios como si fueran semidioses y no como servidores públicos, sujetos al escrutinio de todos, seguiremos viendo decisiones como esta.
Ahora voy a ofrecerles algunos ejemplos prácticos de lo que digo a modo de ilustración. Quien suscribe, en la primera mitad del año 2007 realizó una investigación de varias oficinas de abogados de la capital que se dedicaban a robarle los datos a ciudadanos comunes y corrientes para entablar demandas laborales cuyos beneficios se quedaban en las manos de los abogados corruptos y en el momento en que ese asunto fue llevado a la opinión pública solicité personalmente a varios colegas que hablaran con los periodistas encargados de la investigación para que ofrecieran sus opiniones profesionales sobre los hechos. El resultado fue que nadie quiso hablar con los periodistas y algunos llegaron a decirme tranquilamente que no podían hacer eso porque pondrían en juego sus respectivas carreras al hablar sobre colegas.
Posteriormente, en el mes de septiembre del año 2011 fueron descubiertos siete mil abogados portando cédulas falsas y cuando esto fue expuesto a la opinión pública, el primero en indicar que los nombres de esos pseudo-profesionales tenían que permanecer en el anonimato fue el presidente del Colegio Dominicano de Abogados de entonces. Como pienso que fui el único que escribió pidiendo que los abogados en falta fueran sometidos a la acción de la justicia, la consecuencia de los hechos ilegales cometidos por los abogados fue la ya clásica impunidad. Luego seguimos quejándonos de la falta de calidad de los abogados, pero no hacemos nada concreto para resolver el problema cuando tenemos oportunidad.
Este esquema no es privativo de los abogados, lo mismo ocurre en el país con los médicos, donde se han presentado casos evidentes de mala práctica con pérdidas de vida, sin que intervenga una sentencia condenatoria contra un profesional de la medicina, principalmente debido a que en nuestro país, a diferencia del resto del mundo organizado, no aparece un solo médico que declare contra las operaciones realizadas por otro colega, bajo el entendido de que entre “bomberos no se pueden pisar la manguera.” Parece que eso es más importante que nuestras obligaciones ético-profesionales con un estado que nos ha dotado de un “exequatur” para ejercer una profesión.
En respuesta a la pregunta que inicia este artículo, voy a decir con toda responsabilidad que el melao’ que tiene la Licda. Yeni Berenice Reynoso es el poder de un ministerio público que va a estar ahí por muchos años y que en consecuencia, nadie se atreve a decirle lo que realmente merece, como si los funcionarios públicos no fueran responsables por sus actos públicos.
En este expediente la Licda. Reynoso se cuida de realizar una investigación a profundidad sobre hechos que ella misma reconoce son ilegales y que prefiere llamarles “indelicadezas;” indicando que se trata de hechos que la legislación dominicana no tífica ni sanciona; sin embargo, se trata de la misma funcionaria que en marzo del 2011, mientras era fiscal de Santiago decidió, en franca violación de la ley, desacatar una sentencia emitida por una jueza de esa jurisdicción e indicó a la opinión pública que ella responsablemente realizaba el desacato en beneficio de la víctima, mientras sometía a la jueza a acciones disciplinarias.
La Licda. Reynoso es la misma funcionaria que en los días en que se posesionaba como ministerio público del Distrito Nacional decidió iniciar una investigación contra aquellos que ultrajaron el honor de la hoy vicepresidente de la República, Margarita Cedeño de Fernández, mientras refrendaba unas acciones completamente reñidas con la normativa procesal penal, contra unas personas que aunque no nos parezcan muy agradables, se encuentran igualmente protegidos por la Constitución y las leyes. La pregunta sería ¿cuál es la diferencia entre esos casos citados y algunos otros que por razón de espacio no voy a traer a cuento y las razones de su actual delicadeza procesal para con la Funglode?
En mi calidad de ciudadano común estoy en todo el derecho de juzgar el carácter de la funcionaria que pago con mis impuestos y sobre todo de exigirle respuestas por sus acciones. Sí es cierto que no se pueden perseguir los actos de corrupción perpetrados por funcionarios públicos en el país, entonces tendríamos como dice mi hermano Pedro Cabrera, que agradecer a Leonel Fernández y sus funcionarios el habernos dejado algunos recursos y no llevárselo todo a través de Funglode; además de que entonces debemos terminar por mandar para sus respectivas casas a todos los funcionarios que se encuentran en las nóminas del ministerio público para perseguir la corrupción, puesto que se trata de funciones estériles, como lo demuestra la práctica, que no nos presenta ni un solo caso de corrupción importante que haya sido llevado ante los tribunales del país.
El Código Penal de la República Dominicana ciertamente es viejo y en muchos aspectos obsoleto; sin embargo, el mismo prevé sanciones para actos ilegales cometidos por funcionarios públicos en sus artículos 175 y 177; además de que somos signatarios de diversos compromisos internacionales de persecución de la corrupción, los cuales en su momento fueron citados como un verdadero logro por el hoy perseguido expresidente Leonel Fernández, tales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, la cual ratificamos el 6 de febrero de 1999 y donde designamos como expertos titulares en el año 2004 al Dr. Octavio Lister y a los Licdos. Hotoniel Bonilla, José René García Díaz y Carlos E. Pimentel F.
Le recomendamos a la actual fiscal del Distrito Nacional, Licda. Yeni Berenice Reynoso que disfrute de su melao’ mientras las circunstancias se lo permitan, pero que ponga sus barbas en remojo, puesto que la historia es implacable con aquellos que cometen faltas y los dominicanos con la misma facilidad con que aúpan al que se encuentra en el poder, suelen olvidar al que ya no lo tiene.
A los que hoy disfrutan los triunfos obtenidos ante la venal justicia de la República Dominicana, les recomiendo no dormir con los dos ojos cerrados, porque los acuerdos internacionales que hemos citado en este escrito prevén la posibilidad de la extradición para los delitos de corrupción y para llevar estos temas a los foros internacionales solo se requiere tiempo para agotar procedimientos y perseverancia de aquellos ansiosos de justicia.