Pareciera que la confirmación de que el Presidente de la República Dominicana está sentado en un mar de ilegalidades ha dejado en situación de perplejidad a los actores sociales y políticos, los que no se atreven si quiera a pensar en las implicaciones del hecho de que la manera en que se financió a las candidaturas a la Presidencia y vice Presidencia del Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones del 2012 y 2016 es ilegal.
La Constitución del actual Presidente establece en el artículo 146 titulado proscripción de la corrupción, en su numeral 1 que: “Será sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga fondos públicos o que prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico”.
Mientras la actual ley electoral en su artículo 55 plantea: “Sólo se considerarán lícitos los ingresos provenientes del Estado canalizado a través de la Junta Central Electoral y las contribuciones de personas físicas, quedando terminantemente prohibido la aceptación de ayudas materiales de grupos económicos, de gobiernos e instituciones extranjeras y personas físicas vinculadas a actividades ilícitas”.
Por tanto, en vista de que el actual Presidente se valió de sus funciones para la asignación de obras sobrevaluadas a Odebrecht, como pago de la financiación de su campaña, a pesar de que esta es una empresa y por demás extranjera lo que procede es un juicio político.
El camino que ofrece la actual Constitución es que la Cámara de Diputados acuse al Presidente ante el Senado, como lo señala el artículo 83, pero como es sabido, los partidos políticos de oposición no cuentan con la cantidad mínima de diputados para esto (las dos terceras partes de la matrícula); que la hermana de Danilo Medina es la que preside la Cámara de Diputados y el PLD es mayoría en el Senado, por tanto, se tiene la misma situación que sufrieron los partidos políticos de oposición con el Tribunal Electoral, el que favoreció con sus sentencias de manera sistemática al partido oficial en las pasadas elecciones del 2016.
Sin embargo, los partidos políticos de oposición insisten en priorizar la aprobación de nuevas leyes para que este gobierno ilegal las siga incumpliendo, a la vez que le ofrecen un bajadero a la corporación peledeista, que ya está buscando el relevo de Danilo Medina, contando con la actual estructura de corrupción, desde la que han podido reproducirse en el poder.
Enfrentar la estructura corrupta del gobierno, pasa por escenarios y estrategias que no son controlados por el PLD, e implican romper la cotidianidad de la sociedad… se requiere incomodar, de modo que la negociación de leyes más idóneas, también cuenten con nuevos miembros en las altas cortes y ministerio público que rompan con el actual sistema de impunidad. Es necesario actuar… ¿Cuál es el miedo?