La Policía Nacional tiene que ser objeto de una profunda reforma. Una reforma que no permita la continuidad de lo que tenemos hoy, sino que implique la práctica refundación de ese órgano. Sus acciones superan ya el tópico de lo macondiano y lo kafkiano. Han dejado de ser evidencia de la incompetencia de la Policía para cumplir su función y se han convertido en algo verdaderamente pavoroso: un claro desafío a la Constitución, las leyes y las autoridades civiles de la República.
El capítulo escrito la semana pasada tiene que ser tomado muy seriamente por aquellos dominicanos que aspiran a una sociedad democrática y segura para los ciudadanos. Los hechos, como los conocemos, apuntan a que Ángelo Jean Carlo de León, alias Cacón, fue víctima de una muerte anunciada ni más ni menos que por el propio jefe de la Policía.
En los últimos días de diciembre fue asesinado de un disparo en la cabeza el teniente coronel Pedro de la Cruz de la Cruz por dos hombres que se transportaban en una motocicleta. Poco después la Policía Nacional afirmó que el asesino fue Ángelo de León con la intención de robarle. El móvil del robo levantó suspicacia porque el teniente coronel no fue objeto del mismo, se le asesinó sin más.
Claramente, a lo que nos enfrentamos es a una cultura policial que se resiste a aceptar su papel de sumisión ante las autoridades civiles y las leyes
El día 2 de enero el jefe de la Policía ofreció unas declaraciones en las que desafió a de León a no entregarse, señalándole que la Policía lo estaba buscando y lo encontraría como fuera. Para buena parte de la opinión pública esto constituyó una clara amenaza de muerte, lo que la Policía se apresuró a desmentir. Pero, para quien lee las declaraciones textuales del Jefe de la Policía, queda clara la amenaza del uso de la violencia: "Lo digo con toda la responsabilidad, me gustaría que no se entregue para nosotros buscarlo, él anda desafiando a la sociedad, ha mandado mensajes diciendo que hay que agarrarlo peleando, pues que no se entregue”.
Al día siguiente de hacerse estas declaraciones, de León fue muerto en uno de los archiconocidos y desacreditados “intercambios de disparos”.
Por si esto no fuera suficiente, pronto se hizo conocido el hecho de que, horas antes de morir, de León había acordado entregarse a las autoridades por vía de la Comisión Dominicana de Derechos Humanos.
No sabemos si de León asesinó a de la Cruz ni por qué. Lo que sí está claro es que ahora nunca lo sabremos con certeza. Y todo porque la Policía Nacional decidió y anunció públicamente que nunca viviría para contarlo. También es claro que lo único que hasta ahora lo atan a ese crimen son las afirmaciones de un cuerpo de seguridad ciudadana que anunció su ejecución y se hizo su verdugo.
Todo lo demás son conjeturas. Sólo las declaraciones de sus presuntos cómplices podrían probar hoy que de León cometió el crimen por el que se le perseguía. Y no podemos olvidar que esos supuestos cómplices están hoy en manos de los verdugos. Lo que digan o dejen de decir ya está indeleblemente manchado con la duda.
No hay dudas de que la Policía decidió que ese caso no sería investigado por el Ministerio Público ni juzgado por los tribunales. Decidió también que de León no podría jamás defenderse de las acusaciones que pesaban en su contra. Pero lo que agrava todo esto, lo que convierte este acto en una profundización de la actitud de desacato de la Policía frente a las autoridades civiles que está llamada a obedecer, es que se sintió en el derecho de anunciar previamente y a los cuatro vientos el desenlace de esta trama.
Que nadie se lleve a engaño, esto no es un hecho aislado. No olvidemos que hace sólo pocos meses un grupo de policías, inconformes con una decisión judicial que afectaba a uno de los suyos, tomó por asalto las calles de San Francisco de Macorís y el Palacio de Justicia de esta localidad. Tampoco debe olvidarse que su general superior defendió estos hechos y que, como sanción inicial, sólo fue trasladado. Hoy goza de una pensión completa después de haber sido puesto en retiro como si nada hubiera pasado.
Tampoco es la primera vez que el jefe de la Policía hace declaraciones de este tipo. En septiembre afirmó que “A los delincuentes les queda el camino de la cárcel, el hospital o el cementerio”.
Claramente, a lo que nos enfrentamos es a una cultura policial que se resiste a aceptar su papel de sumisión ante las autoridades civiles y las leyes. El camino de nuestra historia se ha tornado amargo cada vez que estas actitudes por parte de un cuerpo armado han sido aceptadas como buenas y válidas. Recordemos para no repetir.