A sabiendas de que el tema sobre la funcionalidad de un Régimen de Consecuencias provoca toda una retinué de opiniones, mi intención en esta entrega es solo tocar, muy superficialmente, algunos de los elementos fundamentales que inciden en dicha funcionalidad.
La jurisprudencia de una Suprema Corte de Justicia o de un Tribunal Constitucional, debe establecer la necesidad de respetar el principio de seguridad jurídica, amparado con actos extremos y concretos de los que pueda desprenderse una manifestación de voluntad y equidad que refleje una actitud proclive a establecer las consecuencias o penalidades e inducir al ciudadano común, a su cumplimiento cabal y a realizar una determinada conducta o acción social.
A mi humilde entender, este precepto comprende una doble garantía:
– la primera, de orden moral y ético con un alcance absoluto y universal, que refleja la especial trascendencia del principio de seguridad jurídica y supone la imperiosa necesidad de la predeterminación normativa de las conductas infractoras y de sus sanciones correspondientes.
-la segunda, el accionar existencial de preceptos jurídicos que permitan predecir, con suficiente grado de certeza, las inconductas y desaguisados morales y económicos, y a la eventual sanción, relativa a la existencia de rango adecuado, en las normas tipificadoras de las infracciones y reguladores de las sanciones.
Cuando se juzga a una persona como responsable civil, subsidiario de delitos fiscales, tiene en su haber un perfil delictivo cuyo último objetivo es constituirse en un conglomerado con fines de enriquecimiento ilícito, de forma sistemática, con cargo a los fondos públicos. Casi siempre estos “beneficios” se obtienen mediante la obtención de contratos públicos, a través de empresas particulares, (empresas a nombre de terceros) o de empresas ‘de carpeta”, previo pagos correspondientes de comisiones o coimas
De lo anterior, se desprende el hecho d que el “negocio” adquiere características de “redondo” debido a las sobreestimaciones en los costes y precios de los bienes y servicios a ser suministrados por dichas compañías.
Esto constituye una malversación de recursos públicos amparada en el cohecho pasivo, la prevaricación continuada y el fraude fiscal.
Con este Introito, pretendo inquirir en lo siguiente:
Nuestra sociedad ha sido testigo ocular y auditivo de múltiples vejámenes procedentes de actores que actúan de forma impune y arrogante. No solamente han sido funcionarios públicos, si no también personeros de los más obscuros intereses, amparados todos, en la ausencia de un Régimen de Consecuencias funcional.
Inmensas fortunas se exhiben con desparpajo, en ámbitos sociales de toda monta, incitando al consumismo desenfrenado, a la desvalorización de las buenas costumbres, al desprecio de las morfologías corporales, a la desfachatez en la conducta del dialogo y finalmente, a exhortación de que “todo está bien” y el que actúe diferente es un “anti-cool” o peor aún, un pendejo.
¿Cuál es la raíz de estas inconductas y desaguisados?:
LA FALTA DE UN REGIMEN DE CONSECUENCIAS FUNCIONAL.
Los responsables de la administración judicial, se han empeñado mas en expandir las bases jurídicas que en su mejoramiento funcional. Tenemos marcos de referencia jurídicos preñados de disposiciones incumplibles y estructuradas para que los procesos sean “complejos” y perpetuables en el tiempo. Todo dirigido a sustentar un Ordenamiento Jurídico que solo beneficia a los actores que están entronizados en el aparato político de la nación, mancuernado con el estamento delictivo del lavado de activos.
Este proceso de “la reingeniería judicial” que se inició en el 1982, tuvo sus raíces en un macabro precepto de que “ahora nos toca a nosotros”. Primero fue la entronización de la claque política y económica del “Benefactor de la Patria”. Luego, vinieron aquellos que se creyeron los “herederos legítimos” de la libertad y de las ideas “progresistas” empresariales. Le siguen los que, en 1966, iniciaron tradición del “boroneo” dándole oportunidad a una incipiente clase media profesional e industrial.
Existe un pequeño “hiatos cronos” que se dio durante el periodo del 1978/1982, donde no se registró eventos significativos de corrupción que avalara el surgimiento de nuevas claques económicas. Algo similar ocurrió en el periodo del 2000/2004.
Los” herederos de Balaguer” llegaron a la fuente de la “saciedad infinita” en el 1996-2000 y luego del 2004 al 2016. Es aquí, con un propósito MUY bien estudiado (La Dictadura con Apoyo Popular) que los miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, se entronizaron en el accionar absoluto del Estado Dominicano. Con este omnímodo accionar, han logrado integrar una dictadura de partido con una sustentación jurídica y económica leviatanica.
Construyeron un andamiaje jurídico que le ha garantizado niveles de impunidad nunca vistos en nuestra historia republicana, Estos, están más apuntalados que aquellos forjados bajo el régimen de Rafael Leonidas Trujillo Molina.
Este andamiaje controla el marco jurídico electoral, así como todas las instancias judiciales que tienen en su haber la estructuración del estado de derecho que pudiese garantizar un Régimen de Consecuencias funcional. Esta conchupancia jurídica es la traba principal para que nuestro país pueda desarrollarse, dentro de un esquema jurídico verdaderamente republicano y representativo. En nuestro país la separación de poderes es una ficción.
Ante esta impunidad, el ciudadano común está en total indefensión y a merced de los vaivenes de ese Comité Político y sus adláteres. Además, es reo de los caprichos operacionales de aquellos que aúpan este estado de situación, ya sea por conveniencia o adhesión. El secuestro jurídico es el problema más grave que hoy enfrentamos todos los dominicanos.
Se necesita un verdadero cambio estructural para entronizar un verdadero Régimen de Consecuencias que nos garantice, a todos los dominicanos, una esperanza de vida social, económica y política que nos permita desarrollarnos como un país pluralista donde los ciudadanos estén verdaderamente representados y empoderados. De lo contario, seguiremos navegando en el mar de la incertidumbre sin avezar, en el horizonte republicano, un puerto seguro donde echar las amarras del progreso y la justicia social.