El informe anual sobre el Social Security de los Estados Unidos presenta un panorama bastante sombrío sobre la sostenibilidad de su financiamiento. Su tesorero general entregó proyecciones que evidencian “un déficit de los ingresos a largo plazo en virtud de los beneficios y la financiación actual”.
El informe estima que el desequilibrio previsional comenzará a pasar factura tan pronto como el próximo año, cuando sus costes superarán los ingresos por primera vez desde 1982, dos años más tarde de lo previsto en el informe anterior. Se espera que los llamados baby boom aceleren la demanda de nuevas pensiones y jubilaciones.
Durante los 84 años de historia, la Seguridad Social estadounidense ha recaudado cerca de 21,9 billones de dólares y desembolsado alrededor de 19 billones, dejando sus reservas a finales de 2018 en sólo 2,9 billones de dólares. A partir de 2020, no quedará más remedio que comenzar a consumir la hucha, que es como se les llama a las reservas acumuladas.
Las proyecciones apuntan que, si no se realizan cambios, a partir de 2035 estas reservas se agotarán y ya no se podrán pagar completas las pensiones y jubilaciones. El fondo Old-Age and Survivors Insurance (OASI) desembolsará a tiempo todos sus compromisos hasta 2034, con gran incertidumbre a partir de ese año.
Los estudios indican que el coste anual de la Seguridad Social en EEUU crecerá del 4,9% del PIB en 2019, al 5,9% en 2039. A esta situación deficitaria se le agrega el incremento sostenido del gasto del Medicare (seguro de salud de los envejecientes), el cual subirá del 3,7% al 5,7% al 2035, por lo que el coste combinado es el 8,7%, elevándose hasta el 11,6% en 2035.
En Australia, creciente dificultad para financiar las pensiones
En Australia se registra un proceso similar. Desde hace años, el gasto en pensiones supera, con creces, los ingresos que generan las cotizaciones. Esta disparidad está provocando un déficit anual que prácticamente ha vaciado la “hucha de las pensiones”.
Hace unas décadas, el sistema disponía de más de 60,000 millones de euros, pero estas reservas se han consumido con el envejecimiento y el crecimiento de los beneficiarios, obligando a la Administración Central a endeudarse periódicamente para hacer frente a los pagos, sobre todo de las pensiones extras de agosto y diciembre.
Luego de años estudiando como paliar esta situación, los expertos han identificado dos grandes causales: 1) la entrada más tardía al mercado laboral, debido a la necesidad de extender el nivel de educación para conseguir un empleo de calidad; y 2) el incremento de la esperanza de vida, encareciendo el costo del envejecimiento.
Como siempre, la solución sale del análisis y resulta obvia, pero el problema es el costo político que pocos quieren enfrentar. Finalmente, se propuso alargar la edad de jubilación hasta los 67 años, para extender el periodo de cotización y, a la vez, reducir los años de entrega de las pensiones.
Una solución provisional complementaria es la llamada “mochila austríaca”, la cual consiste en un fondo acumulado a favor de sus trabajadores con aportes de la empresa. En la práctica, se trata de una reserva para cesantía con garantía y gestión estatal, liberando al empleador de cualquier responsabilidad laboral.
En los casos de despidos improcedentes o de movilidad geográfica, el gobierno permite que los trabajadores abonen el dinero acumulado para aumentar las futuras pensiones. Desde luego, esta solución sólo es aplicable a una parte de los trabajadores asalariados, por lo que el resto continúa expuesto a la incertidumbre general de una pensión insuficiente.
No nos cansaremos de llamar la atención sobre la incapacidad de los actuales modelos de pensión, tanto de reparto como de capitalización individual, de garantizar pensiones dignas y sostenibles a todos los envejecientes. Y sobre la necesidad de enfrentar con decisión y valentía los retos de la inevitable longevidad demográfica.