“Una recesión es cuando tu vecino pierde el empleo. Una depresión es cuando tu pierdes el tuyo.”

Ronald Reagan, Ex Presidente EEUU.

Desde la explosión de la crisis financiera a finales de 2007 en Estados Unidos, uno de los primeros países contagiados en el viejo continente fue España; país que por décadas había disfrutado de un sector construcción que había impulsado un crecimiento económico envidiado por sus vecinos europeos gracias a altísimos precios en las viviendas que no correspondían a la realidad económica española, lo que logró aunar la mayor burbuja inmobiliaria que se ha gestado en la madre patria.

Luego del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, España no ha logrado salir del espiral del fracaso económico. Los principales indicadores están por el suelo y las políticas gubernamentales no han hecho otra cosa que acrecentar el problema.

La destrucción de empleos ha sido uno de los protagonistas en esta hecatombe financiera. A inicios de la crisis la tasa de desempleo se encontraba en 7.9% de la población económicamente activa, luego de cinco años el dato se dispara a un alarmante 27.16%, equivalentes a más de seis millones de personas que buscan ansiosamente trabajo pero que dado la cruda realidad no han podido conseguir el anhelado sustento monetario.

Pero si nos vamos a la juventud el dato es aún más espantoso, colocándose en el 57%, esto significa que más de la mitad de los jóvenes españoles no logran conseguir una plaza laboral, lo que ha provocado que miles de nuevos profesionales busquen una mejor suerte fuera de las fronteras ibéricas, desplazándose a países como Francia y Alemania, los cuales han podido brindar un mejor manejo de la crisis.

La crisis no es el único culpable de los despidos masivos, el gobierno ha jugado también su rol. Durante este periodo se han efectuado tres reformas al mercado laboral, que han conseguido facilitar el despido de parte de las empresas por causas económicas; así como la aprobación unilateral de recortes salariales, cambios de horarios y rotación de posición. Todas las medidas han sido claramente para afectar a los trabajadores.

El gobierno ha intentado palear sin éxito esta difícil situación. Nos hemos dado cuenta que las medidas de austeridad por si solas no dan resultado, y un claro ejemplo fue el deseo del gobierno de reducir la amplísima nomina estatal a través de la eliminación de organismos públicos. Luego de haber eliminado 460 empresas del estado, la nomina publica subió paradójicamente un 7.8%, representando un incremento de 11.600 nuevos empleados públicos en claro detrimento de la medida inicial tomada por el gobierno.

Hasta que España no logre revertir el creciente desempleo no es posible hablar de recuperación económica y mucho menos hablar de volver a la senda del crecimiento. España se encuentra en un momento político crítico, donde los hacedores de políticas públicas tendrán que anteponer el bienestar de la población sobre los posibles efectos negativos en el electorado.