I-El uso, la práctica y la costumbre del crimen electoral

Desde el punto de vista de la Sociología política – que es desde el cual abordaré este artículo -, en el sistema democrático el principal elemento de legitimidad lo constituye las elecciones limpias y confiables.

Y el proceso electoral que conduce a estas elecciones se inicia en nuestro país cuatro años antes de las votaciones.

En procura de lograr que las elecciones resulten lo más transparentes y confiables posibles, se ha venido estableciendo un conjunto de normativas, leyes y procedimientos que han identificado lo que legalmente hoy se llama crímenes electorales, acompañados de sus correspondientes tipificaciones y condenas a sus violadores.

Las disposiciones instituidas y la experiencia, incluidas sus sanciones, no impiden, sin embargo, que se cometan las más diversas actitudes criminales en la lucha por el poder que significan los procesos electorales. Son tantos estos crímenes electorales que hay que valorarlos junto a los intentos por trastocar los sistemas de votación, al medir la legitimidad o ilegitimidad de los métodos electorales y sus controles.

De manera que el problema, como veremos, no es si se hace el conteo de los votos el día de las elecciones por vía electrónica o por medio manual. Para valorar la ilegitimidad o no en que se fundan las autoridades electas y la ilegitimidad o legalidad de las autoridades habría que tomar en cuenta  el conjunto de medios legítimos e ilegítimos que haya usado el presidente y su séquito que losavalen  ante los electores para ejercer su gobernanza.

En este artículo haremos una reflexión que capta los principales problemas que afectan la legitimidad del sistema político dominicano y su proceso electoral:

1-Uno de los tantos ejemplos que corroboran la afirmación de que en este país el proceso electoral empieza una vez terminada las elecciones anteriores, es el hecho demostrado de que los alcaldes o síndicos, los regidores y otros funcionarios, inmediatamente son electos nombran – no para que realicen funciones administrativas, sino partidarias – , a un grupo de sus compañeros, tal como se ha denunciado que hizo el alcalde de La Vega, inmediatamente tomó posesión del cargo, designando a más de 600 compañeritos que residían en una sola calle, con un sueldo de siete mil pesos, conforme fue documentado por un abogadoen el programa que dirige Guido GómezMazara  la semana pasada. Utilizar los fondos del Estado para realizar actividades partidistas es un crimen establecido por nuestra ley electoral No. 276-97

2-Esto es solo un ejemplo de los miles denunciados y demostrados en el país, entre los cuales se incluye la llamada “nominilla”, el pago de interactivos, el sostenimiento de la estructura de funcionamiento partidaria y las más variadas formas de clientelismo; e incluso, HatueyDecamps ha denunciado que cada uno de los votos necesarios para lograr la reelección reformando la Constitución de la Republica que necesitaba el actual presidente-candidato, le costó 15 millones de pesos que le dio a cada congresista y diputado que conquistó finalmente para lograr su empeño.

3-La corrupción, que ha existido en todos los gobiernos, se utiliza para justificar su desmesurada presencia en el actual régimen; pero el hecho es que en este gobierno las encuestas dicen que es igual o ha aumentado mucho más que en cualquier otro gobierno.  Y  la percepción popular estima que nunca antes había habido tanta corrupción como en los últimos gobiernos.

4-Gran parte del fruto de esta corrupción se utiliza para beneficiar a amigos y partidarios, y para realizar actividades políticas y una de las más desproporcionadas campañas electorales a favor del gobierno.

5-Se ha dado a conocer por varios políticos y periodistas, entre ellos Juan Bolívar Díaz, que el gobierno gastó durante los tres primeros meses de este año más de 700 millones de pesos en actividades políticas; y que su campaña electoral consume de 10 a 18 millones de pesos diarios, como lo ha expresado Participación Ciudadana.Nuestro país es de las pocas naciones donde el Estado es el más grande anunciante, despuntando sobre las telefónicas y grandes supermercados.Andrés L. Mateo considera que tal comportamiento es una verdadera locura.

6-El uso de los vehículos del Estado, de la no separación de sus funciones presidenciales para continuar convirtiendo su presencia en actos públicos en parte de su campaña electoral, es una violación a los principios de la ética política; tanto como lo es el presionar a los empleados públicos para que asistan a actividades electorales, reuniones, caravaneos, bandereos y otros actos políticos.

7-La compra o extorsión de la intención de voto de un ciudadano, condenada por los artículos 171 y 172 de la Ley Electoral 275-97, es un crimen que se ha realizado en casi todos los gobiernos, y que tampoco ahora se percibe ningún interés por erradicarla, lo que sin duda gravitará en estas elecciones, pues no se han establecido mecanismos eficientes de controles.

8-En estas elecciones, como en ningún otro momento político del país, ha aparecido con una desproporcionada dimensión el transfuguismo, lo que ha aumentado el gasto monetario de la campaña electoral, al tener que sumar la inversión en la compra no de zarrapastrosos, sino de políticos de saco y corbata.

9-Los ofrecimientos de campaña no tienen límites en ambos bandos, con ribetes, en muchos casos, de burlas y engañifas. No creo que tenga que seguir haciendo referencia al resto de los cientos de crímenes electorales que caracterizan a la democracia política dominicana, haciéndola rea de la incredulidad generalizada que la aqueja. Por tanto, me detengo en este pequeño prontuario, que a modo ilustrativo he querido compilar como sustento concreto y verificable de lo que la ley electoral tipifica como crímenes políticos.

Este es, justamente, el derecho consuetudinario que invalida la legitimidad y la legalidad de gobernabilidad de los presidentes y sus cohortes que los aúpan y se benefician.

II-La ilegitimidad enraizada en la violación a las leyes que regulan el proceso electoral y las elecciones

A medida que se acerca el día de las elecciones, crece no solo en la oposición organizada en partidos políticos, sino en amplios sectores conscientes e informados de la sociedad, la preocupación porque el sufragio y el conteo de los votos se realicen de la manera más transparente y creíble posible.

Esta preocupación tiene varias vertientes, que van desde las violaciones a la ley electoral que implicaría la aplicación de un sistema de conteo electrónico pura y simple, sin incluir el conteo manual.

Esta incongruencia se acompaña de  las dificultades que hasta ahora tiene la Junta Central Electoral para que a trece días de las votaciones sólo disponga de un 60 por ciento de las máquinas requeridas, algunos fallos en la identificación de las hojas de votantes, problemas de conexiones con las compañías telefónicas, y otros problemas identificados en los resultados de la prueba que se efectuaron el día 30 de abril.

Pero lo más grave es que no se ha permitido conocer los softwares utilizados y  se han presentado algunas incongruencias en las pruebas técnicas efectuadas hasta ahora.

Otro asunto vinculado a todo lo  anterior es que, al ser un sistema técnico de  nueva implementación en el país, éste no ha sido verificado en los términos científicos que expresaremos más adelante. También están las interrogantes que se derivan del hecho de porqué tan sólo en siete países del mundo funciona el conteo electrónico del voto. Estos son: Bélgica, Brasil, Estados Unidos, Estonia, Filipinas, India y Venezuela.

En el mapa, sombreado en negro, se representan los únicos países que cuentan con el voto electrónico: Estados Unidos, Venezuela, Brasil, Bélgica, Estonia, India y Filipinas. En Holanda, Reino Unido y España este sistema de conteo fue totalmente desestimado.

Incluso está el hecho de que un país con alto desarrollo tecnológico como Holanda, que empezó a implementar el conteo electrónico de votos en 1965, cuarenta y un año después, en el 2006, un grupo de técnicos que realizó una investigación para verificar la eficacia del sistema “desveló graves fallos de seguridad en los sistemas de votación, conllevando a que en 2008 el gobierno oficialmente volviera al voto en papel” (Carlos Villalonga, La Vanguardia, Barcelona, diciembre 2015).

Hungría, que empezó utilizándolo, también se retiró. Y todos conocen el caso ocurrido en Estados Unidos, un país de larga tradición en el uso del conteo electrónico, y en el cual se han reportado “manipulaciones, generando sonoras polémicas, sospechas y errores graves de funcionamiento”, como los que fueron denunciados en la pugna electoral George W. Bush y Al Gore, y en las elecciones del año 2012.

En España se desestimó su implementación luego de realizar varias pruebas que no tuvieron éxitos. En Inglaterra le cerraron las puertas al voto electrónico, ya que entre los años 2002 y 2007 se hicieron casi 30 pruebas piloto, pero la Comisión Electoral expresó que no existían garantías suficientes para implantar esta tecnología, quedando la idea desechada completamente.

Estas son razones más que suficientes para la desconfianza, la suspicacia y la falta de credibilidad que los distintos sectores de la vida nacional tienen ante el hecho de que las elecciones se realicen mediante el único procedimiento del conteo electrónico de los votos.

Hay, sin embargo, dos elementos adicionales que se les podrían añadir a las informaciones anteriores:

1-. Que ese sistema no ha sido suficientemente sometido a prueba de eficiencia, y faltando quince días es imposible que se realice una labor que a los países desarrollados donde está en vigencia les tomó, como hemos visto mas arriba,  un intenso y minucioso proceso de estudio e investigación  antes de aprobar o desaprobar los sistemas que fueron evaluados.

2-. El otro punto a considerar es que sabemos que el mundo está plagado de hackers, personas capacitadas técnicamente para influir sin permiso en sistemas computacionales como los del Pentágono, el Vaticano, el FBI y grandes empresas multinacionales. Es decir, que no es necesario que sea desde dentro del país que se establezca una estructura para dislocar, manipular o influir, en cualquier sentido, en un  sistema electrónico.

¿Qué prisa tiene la JCE de imponerse para que, por encima de la prudencia y la transparencia imponer  el simple conteo electrónico sin que se acompañe  del  conteo manual?

Creo que ninguna. El conteo manual garantiza la credibilidad en los resultados, si se hace acompañar del conteo electrónico, en cambio, tenemos muchas ventajas: en primer lugar, se garantiza la confianza y la credibilidad en los resultados. En segundo lugar, lo que está contemplado en la ley electoral, como ya se ha expuesto hasta la saciedad, es que los conteos sean manuales y llevados a cabo no en la Junta Central Electoral, sino en las Juntas Electorales Municipales, conforme lo establecen los artículos 27, 35 y 39 de la Ley Electoral 275-97. De hacer el conteo manual se cumpliría con la ley legitimando con el derecho escrito el proceso de votación.

En tercer lugar, cualquier impugnación podría ventilarse tal y como lo establece la ley en el mismo Colegio Electoral, el cual actuaría como un tribunal de primera instancia.

Trasladar el conteo a la Junta Central Electoral haría casi impracticable el que eso pueda ocurrir ordenadamente. Retardaría el proceso, pues el tiempo que tarden en llegar unos delegados y sus votos físicos desde Higüey, Monte Cristi o Pedernales, no son pocas horas.

Estas son, pues, otras razones, en este caso de tipos legales e institucionales, que deben llevar a los jueces de la Junta Central Electoral a no desechar una petición que con tanto fundamento, en este momento, se ha convertido no sólo en un reclamo político, sino en una petición de serenidad y prudencia que le realiza la ciudadanía, para que el proceso culmine en una aceptación de los perdedores y en la tranquilidad de los ganadores.

III. La legitimidad del Estado Social de Derecho en diálogo con la verificación empírica de Carl Popper

El filósofo Carl Popper y la Escuela de Viena establecieron que el principio de la verificabilidad para establecer la veracidad de un planteamiento tenía que pasar por lo que él denominó un proceso de falseación. Este principio es,  en muchos aspectos, común a las ciencias naturales y a las ciencias sociales. Desde el punto de vista de la cientificidad, esto significa que sólo a través de una experiencia controlada se puede verificar o falsear si un postulado es verdadero o falso.

Una de las grandes ventajas que le veo a la situación de contar todos los votos físicamente y, al mismo tiempo, realizar un conteo electrónico de los mismos, es que precisamente contaríamos con la mayor evidencia de si el sistema electrónico funciona o no. Además, sería un mecanismo probo, confiable, barato, que no requeriría de hacer grandes investigaciones de tipo tecnológico para comprobar que si o no existe correlación entre  el sistema electrónicoy el manual para el conteo de los votos en las elecciones.

A quien más le conviene implementar ambos sistemas de conteo de los votos es, pues, a la propia Junta Central Electoral, ya que tendría el mecanismo de verificación más universal, abarcador, transparente y creíble, con el que podría contarse para lograr una aprobación o no en un futuro  del sistema electrónico único.

Voy a concluir este artículo  esperando que señores miembros de la Junta Central Electoral  les presten la debida atención, no a mi escrito sino a lo que éste refleja, en pos de que  prevalezca la racionalidad y la percepción de la complejidad de crisis de legitimidad y política por la que atraviesa nuestro país en este momento, el cual de ofuscarse los tomadores de decisiones  podría  desembocar en un trastorno de la estabilidad política y social de tal magnitud que trastrueque el normal funcionamiento y  la estabilidad del país y dificulte la gobernabilidad antes o después del proceso electoral.