La semana pasada revisé los antecedentes relacionados con la Dirección de Informática que han desembocado en una crisis de confianza hacia la Junta Central Electoral, y en esta segunda y última parte ofreceré mi opinión sobre la propuesta del presidente de la JCE, ya convertida en propuesta del pleno, con respecto a este tema.
Esta propuesta tiene un primer aspecto positivo pues se toma la iniciativa para plantear potenciales soluciones en el interés de concluir esta bola de nieves en la que se ha convertido la renuncia del Lic. Miguel Ángel García. Lo que se desea es que las autoridades de la JCE y los principales actores de las elecciones, que son los partidos políticos y sus candidatos, puedan llegar a un acuerdo que ponga fin a esta crisis de confianza.
Hubiese preferido que la propuesta se llevara primero al Pleno de la JCE, que es lo institucional, y luego se entregara a los partidos, pero tal vez se temía que se filtrara el documento y prefirió primero entregarlo al PRD, pero en manos de su presidente Miguel Vargas, en un movimiento que sólo podía traer más descrédito al PRD, como efectivamente ha sido, pues expuso su división claramente. La JCE haría bien en no tomar medidas que puedan interpretarse como un interés en propiciar la referida división.
La propuesta de Rosario plantea dejar a Franklin Frías en la Dirección de Informática y designarle dos sub directores en consenso con los partidos políticos. Los tres, director y subdirectores, conformarán otro "órgano" a lo interno de la Dirección de Informática, que se denominará "Gerencia de Informática Electoral", que funcionará hasta que concluyan las elecciones, y que tendrá por función "participar, dar seguimiento directo a las actividades relacionadas con el desarrollo del cronograma electoral, las actividades organizativas del sistema del cómputo electoral…".
Existe un error en el documento, pues señala que tan pronto se designen los dos subdirectores, se integrarán "de tal manera que opere en las mismas circunstancias en que se manejó la Dirección de Informática en el período del mes de diciembre del año 2003 hasta el mes de septiembre del año 2011." Ocurre que García era el superior jerárquico de Frías, con todas sus consecuencias, y que si hubiese habido una diferencia de criterio entre García y Frías, se hubiese impuesto el superior jerárquico. Creo que eso no es lo que se quiere que pase ahora, que se imponga Frías como superior jerárquico de los dos subdirectores.
La propuesta también tiene una frase que debería revisarse, cuando señala que los subdirectores podrán conocer todo tipo de información excepto aquellas "que por su naturaleza podrían poner en peligro la seguridad del proceso de transmisión y cómputo electoral". Habrá que solicitar a algunos expertos que opinen sobre esta redacción, pues me parece que es una frase muy abierta, que permitiría bloquear las informaciones más relevantes a los subdirectores.
También señala que todas las decisiones en la Dirección de Informática deberán ser tomadas por consenso entre los tres miembros de la Gerencia de Informática Electoral. En caso de que no exista consenso, se llevaría al presidente de la JCE y al Director de Comunicaciones, que por mandato expreso de la propuesta está incluido en la mesa de diálogo. Si tampoco se logra una solución, se lleva a otra mesa en que participarán los delegados de los partidos políticos. Si finalmente no se llega a un acuerdo, decide el pleno de la JCE, en donde el presidente Rosario posee una cómoda mayoría, como la tuvo el PRD en las juntas de Morel Cerda y Luis Arias.
Un aspecto peligroso de la propuesta será vencer el deseo de hacer lo que siempre se ha hecho: repartir las posiciones. Imaginen que se repartan los subdirectores entre los dos partidos mayoritarios, uno para cada uno. La repartición ha sido muy utilizada cuando se trata de miembros de la JCE, pero nunca ha ocurrido, que recuerde, con posiciones puramente técnicas y sería un gran error hacerlo. La solución del 2003 no fue igual, pues no fueron los partidos que propusieron a García, sino la Comisión de Seguimiento. Ahora se trata no de una persona, que obliga al consenso entre todos los partidos, incluyendo los emergentes, sino de dos, lo que podría abrir los apetitos de los dos grandes partidos para repartirse uno para cada uno.
Roberto Rosario está tan consciente de este punto débil, que la propuesta está llenas de declaraciones de independencia: "Este personal no puede haber sido parte de las estructuras operacionales de las estructuras de los partidos o comandos de éstos, como parte o como asesor de los partidos o candidatos participantes en esta contienda….."
Pero ocurre que no basta con esta declaración. Ni Morel Cerda ni Luis Arias, hubiesen podido ser descalificados con este filtro que contiene la propuesta. Más aún, ni el propio Franklin Frías, por las informaciones que poseo. De lo que se trata es que la persona tenga un intangible que se llama confiabilidad, sin la cual volvemos como círculo vicioso al conflicto.
Por otro lado la propuesta presenta un procedimiento de solución de conflicto que podría demorar un largo tiempo: consenso en la gerencia de informática, dos mesas de diálogo sucesivas y finalmente el pleno de la JCE, que es lo mismo que decir Roberto Rosario, que controla la mayoría del pleno de la JCE. Los problemas en informática, en medio de la organización de un proceso electoral, deben tomarse a través de procedimientos más agiles, pues las dilaciones pueden ser altamente peligrosas. Para lograr acortar el procedimiento, en mi opinión, lo único que se requiere es rodear de confianza todo el entorno de informática de la JCE, pero para eso se requiere de personas que cuenten con esa confianza por parte de los actores principales del proceso electoral.
Se debe recordar que en algunos países los primeros ministros deben renunciar cuando han perdido la confianza del parlamento, sin necesidad de nuevas elecciones, como acaba de ocurrir con Berlusconi en Italia.
Hemos avanzado mucho en materia electoral desde el 1996, gracias a la voluntad política que pudo designar entonces a una JCE que desbrozó el camino, por lo que la democracia dominicana siempre estará en deuda con César Estrella Sadhalá (q.e.p.d), Juan Sully Bonelly, Luis Mora Guzmán, Rafael Vallejo Santelices y Aura Celeste Fernández.
Posteriormente se abandonó el consenso y el partido en mayoría en el Senado designaba a los miembros, repartiendo posiciones a los dos otros partidos, pero siempre sin afectar su mayoría. De aquí surge la desconfianza que tanto se ha luchado por desterrar. Este es el pecado original. "El poder es para ejercerlo", se alega, sí, pero para ejercerlo bien, a favor de las mayorías y no de un partido específico.
Cuando el PLD y el PRSC estaban batallando contra la desconfianza que le generaba una JCE con mayoría del PRD, desde el año 1998 hasta el año 2006, desde la sociedad civil se aportó el contrapeso necesario para evitar que los que ejercían el poder aplastaran a los que estaban en la oposición. En la página web de Participación Ciudadana se pueden encontrar los informes de observación electoral correspondientes a las elecciones de 2004, en las que había que trabajar contra el fuerte viento de la reelección. Esa es la tarea de las organizaciones de la sociedad civil, servir de contrapeso a los que ejercen el poder, y varios miembros del equipo técnico que hoy sirven a la JCE, como Vianela Díaz, Marina Hilario, Nurys Paulino y el miembro de la JCE José Ángel Aquino son los principales testigos de lo que digo, pues trabajaron para Participación Ciudadana y fueron testigos de primera línea de lo señalado, nutriéndose estos informes de observación electoral del excelente trabajo realizado por todos ellos, y de manera principal por Aquino.
Es normal que a la JCE no le guste que una organización como Participación Ciudadana, o sus miembros en forma individual, critiquen la propuesta aportada por su presidente. Pero esa es la misión de un observador electoral y el trabajo de nada serviría si se limita a aplaudir todo lo que se hace desde el poder. Para eso, ya hay mucha gente por todas partes.