El presidente de los Estados Unidos Donald Trump, continua su agenda de intentar acabar con la delincuencia que azota a varios estados de la unión americana y de tratar de contener el rebrote de la pandemia Covid-19, enfrentando una nueva demanda judicial colectiva de 21 fiscales generales por intentar excluir a millones de inmigrantes indocumentados del censo obligatorio que se realiza en los EE.UU.
Para enfrentar la criminalidad y la violencia que se ha disparado sin control en varios estados de la unión americana, Donald Trump ha amenazado con desplegar agentes federales y hasta la guardia nacional si es posible, bajo un plan de contingencia llamado “Ley y Orden”.
La nueva demanda en defensa de los inmigrantes indocumentados por parte de los 21 fiscales generales, casi todos procedentes del Estado de Nueva York dominado por los demócratas, podría entorpecer las agendas anticrímenes y del Covid-19 que afectan a la nación, y nada favorables para su proyecto reeleccionista con miras a las elecciones del 3 de noviembre próximo.
Donald Trump tiene en su poder los datos estadísticos policiales que revelan el incremento de la criminalidad en varios Estados, especialmente en Nueva York, a partir de los disturbios y acontecimientos ocurridos tras la muerte del afroamericano George Floyd en Minneapolis, Minnesota el pasado 25 de mayo.
Más que colaborar con el presidente Trump en su lucha anticrimen, sus adversarios políticos demócratas han preferido la estrategia de entorpecer las iniciativas del mandatario para lograr que los votantes norteamericanos pierdan el interés de premiarlo con un segundo mandato presidencial.
Donald Trump está convencido de que varios gobernadores estatales especialmente los de Nueva York, Chicago y Alburquerque, Nuevo México, entre otros, pretenden desmantelar los cuerpos policiales de sus demarcaciones creyendo que con eso eliminarían la delincuencia y el crimen.
Los demócratas se han aliado, por razones electorales, a los reclamos de grupos afroamericanos e hispanos buscando de ellos sus votos para recuperar la presidencia que perdieron frente a Trump en 1996.
Y han tomado decisiones administrativas en sus demarcaciones para favorecer estos grupos incluyendo a los inmigrantes indocumentados, cosa que no hicieron cuando estuvieron dirigiendo la Casa Blanca en el gobierno del expresidente Barak Obama.
Específicamente en el Estado de Nueva York, bajo la administración del gobernador Andrew Cuomo, y del alcalde Bill de Blasio, la situación del incremento de la criminalidad más el rebrote del Covid-19, ha provocado que muchos empresarios hayan cerrado sus negocios prefiriendo abandonar la ciudad al igual que otros residentes neoyorkinos.
Según los últimos reportes, en los EEUU han fallecidos por Coronavirus cerca de 150,000 personas en lo que va de año, hay más de cuatro millones de contagiados y un poco más dos millones de recuperados.
Mientras la violencia y el Covid-19 avanzan indetenibles, Cuomo y De Blasio están concentrados con una política anticrimen basada en el desmantelamiento de algunos departamentos de policías en este Estado con reformas policiales y medidas que afectan a los uniformados y no a los delincuentes.
Cientos de oficiales de policía han renunciado de sus cargos especialmente los de la Unidad Anticrimen a partir de la muerte del afroamericano George Floyd, por falta de apoyo de las autoridades locales.
Sus políticas electoreras contrarias a las ejecutorias del presidente Donald Trump, más que favorecerlos para que su Partido Demócrata recupere la presidencia, les tiene que perjudicar porque la nación no puede estar en manos de líderes demócratas que toman decisiones que envalentonan a delincuentes y no en favor de los oficiales policiales entrenados para mantener la seguridad, el respeto a la Ley y el orden público.