No conforme con su continuo golpeo a todo el cuerpo social dominicano, la violencia se ha ensañado ahora también contra muchos de nuestros niños a través de sus padres.
Cada vez es más frecuente ver a padres maltratar a sus hijos mediante castigos corporales tan crueles y humillantes como quemarles las manos, ponerlos de rodillas o de pies con objetos pesados sobre la cabeza, arrojarles agua caliente, lanzarles aceite caliente, entre otros.
El más reciente castigo cruel conocido fue el de un padre a su hija, el cual fue grabado por una indignada y valiente vecina, la cual le mostró a la sociedad, impactada por el video, a una niña de apenas siete años de edad con un enorme block de cemento sobre su pequeña cabeza.
Ante la indignación colectiva el ministerio público arrestó al padre cruel y le hizo el correspondiente sometimiento, el cual conllevó que un juez de la Oficina de Atención Permanente de Moca le impusiera una medida de coerción consistente en una garantía económica de 200 mil pesos.
En el año 2018 la Coalición de ONG por la Infancia denunció que más del sesenta y dos por ciento de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país eran víctimas de métodos de disciplina basados en la violencia.
La elevada cifra de hijos menores que pretendían entonces ser disciplinados por sus padres mediante la violencia corporal, es un reflejo del sufrimiento a que son sometidos muchos de nuestros niños en la impenetrable privacidad de sus familias.
Todo esto ocurre a pesar de que somos signatarios de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que le ordena a los Estados parte tomar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, sus tutores o sus familiares.
De igual manera, no obstante el hecho de que nuestra Constitución Política en su artículo 56.1 establece que los niños, niñas y adolescentes deben ser protegidos por el Estado contra toda forma de abandono, secuestro, estado de vulnerabilidad, abuso o violencia física, sicológica, moral o sexual, así como de la explotación comercial, laboral, económica y de trabajos riesgosos.
Como una muestra indiscutible de que la República Dominicana cuenta con los instrumentos legales necesarios para evitar este ancestral comportamiento violento, está el hecho de que a las altas normas a que hemos hecho referencia se les agrega la Ley No. 136-03 de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la cual tipifica y sanciona el abuso físico, entendido como la conducta ejercida contra el niño que provoca daños físicos.
Sin embargo, más allá de las normas, cabe preguntarse: ¿está haciendo el Estado lo suficiente para resolver este grave mal que daña a nuestros niños? No. El Estado debe educar a los padres, igual que a los propios hijos, sobre el daño que este comportamiento violento puede causar.
Finalmente, como un paso importante para la eliminación, con una regulación adecuada, de la utilización de la violencia corporal en la crianza de los niños, es conveniente impulsar la aprobación, como han hecho otras naciones, de una Ley sobre Crianza Positiva.