Víctor Castro, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la Provincia Santo Domingo (AEIH) rechazó “la ignominia con carácter de atraco” de las AFP, señalando que su rentabilidad asciende al 167% al cierre de septiembre pasado, lo que calificó como “una verdadera usura”. Reiteró nuestro planteamiento de que “la tardanza del Congreso en reducir las comisiones cobradas por las administradoras ha representado en este año pérdidas para los afiliados de aproximadamente RD$1,131.6 millones”.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, solicitó que el Senado apruebe el Proyecto de Ley que dispone bajar la comisión a un 15%, como aprobaron a unanimidad los diputados, hace ya más de un año. En igual sentido, lo hizo el diputado Ramón Cabrera, autor del proyecto, un abanderado de esta justa causa. Varios medios se han sumado a esta demanda.
Ante la creciente presión, ADAFP trató de minimizar el hecho señalando que “la comisión anual que cobran las AFP solo representa un 1.4% del total de esos fondos”. Se trata de un argumento insostenible ya que la rentabilidad de las AFP no se mide por el volumen de un fondo de pensión que no es suyo, sino por la relación entre la utilidad y el capital invertido.
Una función simple con un costo muy alto
Mientras redactaba la Ley 87-01 en el 1999, durante varios días conocí el funcionamiento de dos importantes AFP en Chile y Argentina. Dada la vigencia real de la libre elección, su crecimiento dependía del logro de los mayores beneficios para sus afiliados. Esta competencia las forzó a invertir en equipos y tecnologías de punta y a contratar a expertos en el análisis económico y el diseño de estrategias para optimizar la cartera de inversión y maximizar la rentabilidad. Además, mantenían una campaña mostrando sus logros a favor de sus clientes, como hace cualquier empresa competitiva.
Este modelo dinámico y competitivo fue el que se plasmó en la Ley 87-01, y el que he defendido antes, durante y ahora. Pero las administradoras de aquí han distorsionado su función al eliminar la competencia y no orientar a los afiliados, faltando a la confianza del legislador, de los afiliados y de quienes diseñamos el sistema.
Aquí, dada la estrechez del mercado, desde hace más de seis años la cartera de inversión se distribuye en tres grandes áreas: el Ministerio de Hacienda, hasta un 20%; el Banco Central, con un límite del 50%, y el restante 30% en la banca comercial. En adición, al constituirse en oligopolio y anular la competencia, la función de las AFP se ha reducido a niveles cuasi elementales cobrando, no obstante, comisiones desproporcionadas.
¿Cuál es el esfuerzo técnico necesario para recibir cada mes las aportaciones, asentarlas en la cuenta individual e invertirlas en títulos del Banco Central, de Hacienda, y de la banca comercial? ¿En qué se benefician los afiliados pagando altas comisiones por una actividad rutinaria que se limita a invertir en las mismas fuentes, a las mismas tasas y con idénticos resultados?
Llama la atención la rapidez y el compromiso de los diputados y la lentitud e indiferencia de los senadores. De igual forma, el silencio del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS). En estos dos casos, a pesar del enorme daño que esta situación le ocasiona a todos los trabajadores que, con muchos sacrificios, realizan aportes junto a sus empleadores, con la esperanza de disfrutar de una pensión digna durante su retiro.
Por el bien del país, es tiempo de que el Senado sancione el Proyecto de Ley aprobado por la Cámara de Diputados que reduce la comisión de las AFP, como un acto de justicia a favor de más de dos millones de trabajadores cotizantes, y en procura del necesario equilibrio del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).