El coronavirus tiene al mundo de rodillas, revelando las precariedades de los sistemas de salud de los países en los que se ha expandido, ha frenado las economías, obligando a los gobiernos a implementar medidas para proteger tanto a los trabajadores y a las empresas, que han tenido que suspender operaciones para guardar la mandatoria distancia, medida de prevención efectiva del virus.
Los recursos son limitados, aquí y en todo el mundo. La ventaja de muchos países es que cuentan con más recursos y con sistemas mejor preparados para asistir a los trabajadores y empresas ante una crisis sanitaria, económica y humanitaria como la que nos afecta, pero ningún país del mundo está exento de las terribles secuelas que dejará esta enfermedad para todos los sectores de la población.
La República Dominicana no está ajena a esa realidad. La llegada y expansión de la covid19 ha puesto en evidencia nuestras precariedades estructurales, financieras y presupuestarias para enfrentar situaciones como esta. Aun cuando el gobierno implementa medidas para proteger a trabajadores y empresas, estas son insuficientes para combatir los efectos de la suspensión de las actividades económicas de un alto porcentaje de las empresas.
Algunos solicitan al gobierno tomar una proporción de los fondos acumulados en las AFPs, olvidando que tenemos un régimen de seguridad social establecido constitucionalmente para proteger el derecho fundamental a la dignidad y a la seguridad social, así como por las limitaciones que establecen las leyes sectoriales sobre seguridad social y salud. Me parece que esta no es la solución, ya que resuelve un problema a corto plazo creando uno mayor a largo plazo.
En lo inmediato, el gobierno deberá continuar priorizando las medidas para enfrentar la crisis sanitaria, humanitaria y económica con las partidas presupuestarias que permitan hacer frente a esta situación, mientras evalúa los medios que podría agenciarse para combatir a largo plazo las secuelas de esta pandemia.
Aun cuando el gobierno logre la meta de reducir el impacto de la pandemia, ha quedado claro que esta crisis desborda las posibilidades del gobierno, develando la necesidad de implementar las reformas postergadas tanto en el ámbito de la salud, como en las relaciones laborales que motorizan la economía nacional.